El Gobierno español apoyará la inmunidad para las FARC-EP
El Gobierno español apoyará la inmunidad para la guerrilla colombiana de las FARC-EP, según afirmó el ministro de Exteriores con motivo del encuentro que mantuvieron los presidentes Juan Manuel Santos y Mariano Rajoy. José Manuel García-Margallo dijo que Madrid respaldará que el Consejo de Seguridad de la ONU pida a la CPI que no inicie o que suspenda investigaciones y enjuiciamientos ya abiertos.
El Gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a apoyar la inmunidad para los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Así lo adelantó ayer el ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien precisó que, si llega el caso, el Estado español apoyaría la aplicación del artículo 16 del Estatuto de Roma, que permite al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que no inicie o que suspenda por un plazo de doce meses renovables la investigación o el enjuiciamiento que haya puesto ya en marcha.
Colombia es el primer país que está desarrollando un proceso de paz bajo el paraguas del Estatuto de Roma y, en consecuencia, de la CPI, como ha recordado el presidente del país, Juan Manuel Santos, quien ha pedido, en ese sentido, la comprensión internacional, pues el modo en que Colombia resuelva el tema de la justicia transicional sentará un precedente.
Uno de los temas más complicados del proceso tiene que ver con la justicia transicional, es decir, qué crímenes se persiguen y castigan y cuáles quedan impunes con el fin de alcanzar la paz. Santos ha reivindicado varias veces la necesidad de alcanzar «un punto de equilibrio» que consiste en «aplicar el máximo de justicia que permita la paz».
«La paz requiere administrar odio, sanar heridas y buscar la reconciliación», señaló en la rueda de prensa con Rajoy, a quien se le preguntó si defiende que los guerrilleros de las FARC vayan a la cárcel o aceptaría fórmulas alternativas. «Estoy de acuerdo con la decisión que adopte el presidente Santos y el Gobierno colombiano», respondió Rajoy.
Santos insistió en que Colombia tendrá que pedir a EEUU que renuncie a las extradiciones de guerrilleros de las FARC para permitir que concluya el proceso de paz. «No creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para ir a morir a una cárcel norteamericana», afirmó.
Seis millones de euros
Además, tras el encuentro entre Santos y Rajoy, ayer en Madrid, y su comparecencia posterior, el ministro español desveló que el Ejecutivo español está dispuesto a aportar hasta seis millones de euros al fondo fiduciario que la Unión Europea (UE) estudia poner en marcha para ayudar a financiar la etapa de posconflicto en Colombia, una vez que concluyan las negociaciones entre el Gobierno de Bogotá y las FARC-EP.
A pesar de que la paz no es todavía un hecho, el Ejecutivo de Santos ha empezado a preparar la etapa posconflicto, para evitar dejar pasar un tiempo entre la firma de la paz y la aplicación de los acuerdos a los que se haya llegado.
Según las estimaciones del senador colombiano Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz, el país deberá invertir unos 35.000 millones de euros para consolidar los acuerdos de paz.
EEUU ya se ha mostrado dispuesto a colaborar con Colombia en la financiación del posconflicto, al igual que la UE, que estudia la creación de un fondo fiduciario abierto a la participación de países extracomunitarios y de entidades privadas.
De hecho, García-Margallo expresó su deseo de que este fondo esté listo para abril de este año, cuando los ministros europeos de Exteriores celebrarán en Bruselas una reunión monográfica dedicada al proceso de paz en Colombia y al que invitarán a su canciller, María Angela Holguín, con la que trabajarán en un listado de proyectos susceptibles de recibir financiación de este fondo.
La guerrilla no firmará un acuerdo que implique un solo día de cárcel
Las FARC afirmaron ayer que no aceptarán un acuerdo de paz que «contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero» e insistieron en buscar alternativas jurídicas que reconozcan la «particularidad» del conflicto colombiano. «No es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero por haber ejercido el derecho a la rebelión, alto valor de humanidad, para acabar con las injusticias que ha padecido nuestro pueblo», sostuvo la delegación de paz de la guerrilla en un comunicado leído ayer en La Habana por Rodrigo Granda, alias de Ricardo Téllez, en el que las FARC aseguran que no eluden sus responsabilidades y que las enfrentan «ética y políticamente desde siempre».
«No son los miembros de las FARC quienes han gozado de impunidad a lo largo del conflicto colombiano, sino la oligarquía, la clase política gobernante y las fuerzas militares. Afirmar lo contrario es un mero ejercicio de propaganda política, además de un insulto a la inteligencia de todo el pueblo colombiano», sostienen.
Las FARC reiteran que el «punto de partida» para definir la justicia aplicable a la guerrilla, en un escenario de fin del conflicto, debe reconocer su «carácter político-militar», sin tratamientos «reduccionistas» del accionar insurgente, y conllevará a una «redefinición amplia» del delito político y a «rediseños constitucionales».
Para diseñar una «solución satisfactoria a la cuestión de la justicia», llaman a buscar ejemplos de «resolución política y jurídica de conflictos armados» con «especial atención» a las «numerosas experiencias de acuerdos políticos de amnistías e indultos».
Consideran que esa justicia deberá fundamentarse en la doctrina de «margen de apreciación nacional», y piden dar prioridad a «alternativas» que ayuden «creativamente» a la paz y reconciliación nacional «a partir del reconocimiento de las particularidades del conflicto» mientras abogan por «rediseños que superen el marco constitucional actual». GARA
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