El Tribunal de Cuentas del Estado que investiga el alquiler por parte del Ayuntamiento de Gasteiz de un local del empresario Gonzalo Antón a un precio más elevado que el de mercado, pidió que para la vista de mañana el Consistorio estuviera representado por quien «la Corporación Municipal acuerde designar a los efectos de este pro- cedimiento, habida cuenta del eventual conflicto de intereses que pudiera concurrir en la persona del actual alcalde». La Corporación, como pedía el Tribunal, decidió ayer en pleno y por amplia mayoría (18 votos contra 9) que le representara en la vista la secretaria municipal, pero el alcalde ya advirtió de que no respetará esa decisión y que designará a una procuradora de Madrid para representar los intereses del municipio.

Javier Maroto era concejal de Hacienda en 2007 cuando el entonces alcalde y hoy ministro, Alfonso Alonso, decidió alquilar a precio más caro que el de mercado y en condiciones muy beneficiosas para el arrendador unos locales ubicados en la calle San Antonio, lo que llevó a que la lonja que el empresario Gonzalo Antón compró por 2,72 millones de euros vaya a acabar costando 6,16 millones a los gasteiztarras, y todo ello por un alquiler de veinte años, no por su compra.

El Ayuntamiento de Gasteiz creó en su día una Comisión Especial de Investigación que determinó que no había razones de necesidad ni de urgencia para realizar ese alquiler de forma apresurada, con un claro beneficio del empresario arrendador y una carga por cinco legislaturas para el municipio y para las arcas públicas. El pleno decidió ayer que la postura a defender por el municipio ante el Tribunal de Cuentas debía atender a las conclusiones de esa comisión de investigación.

Prescrito

Sin embargo, tanto el abogado que va a defender los intereses de Alfonso Alonso y Javier Maroto junto al resto de miembros del gobierno municipal de 2007, como la procuradora que hablará en nombre del Ayuntamiento, apelarán ante el Tribunal de Cuentas que los hechos descritos han prescrito ya a efectos punitivos, aunque la ciudadanía gasteiztarra seguirá pagándolo por mucho años.

A raíz de la documentación remitida en su día por el Ayuntamiento de Gasteiz al Tribunal de Cuentas, este órgano fiscalizador inició un procedimiento por el que ahora reclama cerca de 440.000 euros al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, al alcalde, Javier Maroto, y a otros cinco concejales del PP de la legislatura de 2007, por el daño realizado a las arcas municipales. Todos ellos están citados mañana para «la práctica de la liquidación provisional», aunque serán representados por un abogado.

Por su parte, la asociación contra la corrupción Adi! ha convocado una concentración mañana a las 7 de la tarde frente a los locales alquilados en la Calle San Antonio.