El alcalde de Gasteiz y parlamentario del PP, Javier Maroto, ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento para que se inicie «la implantación de la huella digital en Lanbide como sistema de reconocimiento de los usuarios de la RGI, en aquellos casos en los que técnica y jurídicamente se considere necesario». Según su explicación, de esta forma se evitarían «algunas dificultades» habídas en el seguimiento de identidades, en referencia a las falsificaciones de documentos.

Técnicos del servicio consultados por este diario consideran inútil, discriminatoria, carísima y de momento inviable técnicamente la propuesta de Maroto.

En primer lugar, se preguntan por qué habría de solicitarse esta identificación por huella solo a los demandantes de RGI y no a los de otros servicios de Lanbide. Después, con qué base de datos se cotejaría. ¿Habría que llamar a los 65.687 perceptores de la RGI para que registraran su huella? ¿Y a todos los beneficiarios dependientes de ellos?

Se preguntan también con qué documentación se cotejaría esa huella cuando alguien accede por primera vez a los servicios de Lanbide. Si de lo que habla el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, es que hay extranjeros que presentan documentación falsa para identificarse, con el nuevo sistema volvería a ocurrir lo mismo.

¿Dónde se instalarían los lectores de huella? ¿En las 42 oficinas de Lanbide, en todos los ayuntamientos conveniados para recabar datos y documentación, en todas las oficinas de Correos donde también pueden hacerse trámites?

Carísimo

Los empleados consultados consideran que en este momento la identificación por huella es técnicamente inviable. Pero en caso de que se pudiera, resultaría altamente ineficaz para detectar fraudes y carísimo en relación a lo que se pretende controlar.

Si Lanbide contara con la huella de sus 65.687 perceptores podría evitar tener dados de alta a dos de ellos con la misma huella. Pero este tipo de fraude en el cobro de la RGI es mínimo y, por lo tanto, la inversión necesaria para poner en marcha el servicio acabaría siendo un enorme derroche de fondos públicos, muy por encima no solo del fraude mínimo evitable, sino de todo el dinero que puede estar escapándose por las costuras del sistema.