La continuidad en el Tribunal de Cuentas del procedimiento que permita a la ciudad de Gasteiz recuperar los 516.514,36 euros pagados de más al empresario Gonzalo Antón por el alquiler del número 10 de la calle San Antonio, pende ahora de que alguna de las partes decida la formulación de una demanda.

El Tribunal de Cuentas ya ha constatado en su acta de liquidación provisional que ha existido un perjuicio a la ciudadanía por valor de ese medio millón de euros. Pero para continuar con el procedimiento a través de un juicio contable, es preciso ese nuevo paso.

En el acto de liquidación provisional del jueves las partes asistentes fueron el abogado del conjunto del equipo de Gobierno de Alfonso Alonso y Javier Maroto, la concejala del PSE Marian Gutiérrez, la procuradora que representaba al Ayuntamiento designada por Alcaldía y el Ministerio Fiscal.

La mayoría del Ayuntamiento de Gasteiz, 18 de los 27 concejales, desean que el juicio contable se lleve adelante, para evitar un perjuicio económico a la ciudadanía. Resulta difícil que, aunque los encausados hayan insistido en que desean que se esclarezca lo ocurrido, opten por presentar la demanda. Así que solo quedan la Fiscalía y la representación de la Corporación municipal.

PNV, PSE y EH Bildu temen que siendo Alfonso Alonso ministro en la actualidad, la Fiscalía opte por mirar a otro lado. Por eso están buscando fórmulas que permitan que la voluntad de la mayoría de la Corporación prevalezca sobre las maniobras que pueda realizar el alcalde en su defensa. Antes de la vista en el Tribunal de Cuentas, el pleno aprobó que su representación recayera en la secretaria municipal y que defen- diera las conclusiones de la comisión de investigación, muy similares a los de la instructora. Pero, sin embargo, Maroto desoyó este acuerdo y el Ayuntamiento estuvo representado por una procuradora de Madrid que no consta que llegara siquiera a abrir la boca.

Por eso, PNV, PSE y EH Bildu están buscando fórmulas para evitar que la opinión mayoritaria de la Corporación se vea secuestrada por los intereses del PP. Se habla de la posibilidad de forzar la convocatoria de un pleno. Los jeltzales apuntan que también podría personarse cualquiera que se haya visto perjudicado por este sobrecoste.

«Ya está costando dinero»

Los representantes de la mayoría municipal reaccionaron ayer de forma casi unánime a la rueda de prensa que Maroto dio la víspera asegurando que «esto no le iba a costar ni un euro a la ciudadanía» de Gasteiz.

Recordaron que hasta la fecha ya le ha costado medio millón de sobreprecio y denunciaron que solo faltaba que el alcalde pretendiera que la fianza también saliera de las arcas municipales esquilmadas. Exigieron que los implicados asuman las responsabilidades políticas, además de las económicas.

Miren Larrion, cabeza de lista de EH Bildu para las próximas elecciones municipales, señaló que «lo del local de San Antonio no es más que uno de los ejemplos de los 65 millones de euros que ha despilfarrado la ruinosa gestión del PP. Las chapuzas de Alonso, Maroto y compañía nos van a costar 270 euros a cada gasteiztarra».