Las FARC sitúan el perdón como base para la justicia, la democracia y la paz
Las FARC abogan por el «perdón colectivo político y social» como herramienta para construir la justicia, la democracia y la paz en Colombia y reiteran, en su décima propuesta sobre derechos de las víctimas, que la impunidad es más que «la ausencia de condena judicial, pues la mayor impunidad es la prolongación de dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales que promue- ven la violencia, la discriminación y la injusticia».
La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el proceso de diálogo con el Gobierno de Juan Manuel Santos presentó su décimo paquete de iniciativas sobre los derechos integrales de las víctimas del conflicto armado, que se prolonga ya más de cincuenta años, en el que incide sobre el «perdón colectivo político y social» como fundamento del proceso de reconciliación nacional y herramienta para garantizar la justicia, la democracia y la paz en el país.
En su propuesta, la guerrilla colombiana abogó por un acuerdo político destinado a diseñar e implementar políticas locales, territoriales y nacionales para el perdón político y social, que defendió como condición ineludible de la memoria, la verdad y la emancipación de los pueblos.
Al respecto, las FARC-EP plantearon «la necesidad de diseñar e implementar políticas a nivel local, territorial y nacional, de carácter permanente, para el perdón político y social, la verdad y la memoria», políticas que deben contribuir a «permitir vivir juntos en democracia con justicia social y a generar condiciones para la reconciliación nacional».
Asimismo, las FARC exhortaron al Estado colombiano, «como supremo responsable», y demás responsables colectivos, como partidos políticos, grupos económicos y al gobierno estadounidense, entre otros, a solicitar perdón político y social «por sus políticas y prácticas generadoras de violencia y de victimización sobre la población, y vulneradoras de sus derechos», a lo largo del conflicto.
En su caso, la guerrilla consideró que el punto de partida para la definición del perdón político y social, en el contexto del conflicto y los impactos no deseados de su accionar político y militar en ejercicio del derecho a la rebelión, se encuentra en el reconocimiento del carácter político de la insurgencia armada. «Ello implica -explica en su comunicado- un respeto irrestricto del delito político y la convicción ética y política de que el perdón no es por la rebelión y la subversión armada», sino por el impacto que la actividad armada ha tenido sobre la población, que «no fue intencionado, ni deseado y mucho menos producto de una política sistemática».
Igualmente, las FARC apostaron por implementar iniciativas para la creación de espacios públicos y colectivos para el perdón político y social, a nivel local, territorial y nacional. Entre esas iniciativas, propusieron instaurar «un día conmemorativo para las acciones y ceremonias del Perdón y la Reconciliación» y organizar espacios y exposiciones permanentes, muestras itinerantes, museos y centros de la memoria del conflicto social y armado.
Asimismo, instaron a configurar una Comisión Especial, acordada por las partes, para investigar, analizar y dar recomenda- ciones sobre la excarcelación de los presos políticos y de conciencia de las cárceles, para «garantizar su dignidad humana y acompañar a sus familiares en todos sus procesos».
Profundizar en la verdad
Junto con la presentación de este paquete de iniciativas a la delegación gubernamental y a los garantes del proceso de paz en La Habana, las FARC expusieron también sus propuestas completas sobre la Comisión de Esclarecimiento y no Repetición (Cenre), cuya duración sería de tres años, para profundizar en la verdad sobre los orígenes, causas y responsables del conflicto y poder ofrecer recomendaciones en el marco de políticas y diseños institucionales para «proveer las condiciones de no repetición».
Además, las FARC piden un compromiso de cumplimiento con el informe resultante de esa comisión y otras medidas para la «preservación de la memoria histórica de los movimientos guerrilleros» y el «esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo».
Los diálogos de paz reciben a las últimas expertas en género
Dirigentes de varias organizaciones de mujeres de Colombia, el último grupo de expertos en género, mantuvieron ayer un encuentro con los negociadores del Gobierno y de las FARC en La Habana, mientras generales y rebeldes preparaban en otra reunión paralela los primeros pasos para el fin de las hostilidades.
Las propuestas de las activistas deben ayudar a la subcomisión de género a avanzar en acuerdos, según una fuente del equipo oficial. En la reunión participaron las directoras de cinco organizaciones de mujeres y el líder de una agrupación que promueve los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales).
Las delegaciones del Gobierno y de las FARC, que discuten actualmente sobre reparación de las víctimas, pusieron a trabajar el 15 de diciembre la subcomisión sobre género, en un reconocimiento de que la violencia sexual ha sido un arma de guerra en el conflicto armado.
La sesión, al término de la cual estaba prevista una comparecencia, se desarrolló un día después de que altor mandos militares y guerrilleros comenzaron a trabajar en una subcomisión conjunta para concordar pasos para el cese definitivo de hostilidades tras medio siglo de conflicto armado.
Los militares, al mando del mayor general Javier Flórez, continuaban ayer trabajando a puerta cerrada con su contraparte de la guerrilla, encabezada por los comandantes Joaquín Gómez y Carlos Lozada, sin que hubiera trascendido lo tratado.
GARA
