Detrás de esta transformación está la dinámica de subcontratación masiva que se da en el sector. Además de posibilitar accidentes y de crear precariedad, algunas empresas están despidiendo a su plantilla para subcontratar el trabajo que tienen y, así, aumentar el beneficio a costa de generar paro en el sector. La subcontratación masiva en la construcción crea precariedad, paro y muerte. De esto último hemos sufrido demasiados casos, muertes en las obras del TAV, en la universidad, etc.

En esta situación, el arma de la que disponemos los sindicatos es la denuncia a las empresas ante la Inspección de Trabajo, pero no es suficiente para acabar con el problema. La actuación de Inspección suele ser lenta y tardía. Alegan falta de medios para responder a todas las denuncias y es verdad, porque no hay voluntad política para ponerlos. Aunque sí la ha habido para gastarse 32 millones de euros en la seguridad de las obras del TAV durante los últimos años. Esto demuestra que donde hay voluntad política hay dinero y medios.

Hace unos días, Larraitz Ugarte, Diputada de Infraestructuras de Gipuzkoa, dio a conocer la sanción impuesta a la UTE Lapatza por la muerte ocurrida el 18 de septiembre en el accidente de Deskarga, ya que, en aplicación de la Norma Foral, la responsabilidad de que el convenio provincial y las medidas de seguridad se apliquen no solo recae en la empresa subcontratada, sino también en la UTE contratante. La cuantía de la sanción podrá ser discutida por excesiva o por escasa, pero quien haga ese debate interpreta equivocadamente la finalidad de la Norma Foral.

La finalidad de la Norma Foral no es la sancionadora, aunque ahora sea esa la noticia, sino lograr que en la obra pública contratada por la Diputación de Gipuzkoa se trabaje aplicando las condiciones laborales que marca el convenio provincial, sin rebajas salariales, sin aumento de jornada, respetando descansos, sin intrusismos ni competencias desleales. La Norma Foral apuesta por un modelo de contratación basado en la aplicación del convenio provincial.

LAB ha tomado la iniciativa para que en las obras de Zorrotzaurre –Canal de Deusto— se apliquen medidas para el cumplimiento del convenio, ya que el Ayuntamiento no ha incluido ninguna cláusula en este sentido en los pliegos de licitación. Nos hemos encontrado con una postura contraria del PNV y del PP, que valida la subcontratación barata, el ahorro para el Ayuntamiento en la adjudicación y que recaiga sobre los trabajadores la siniestralidad, la precariedad y la pérdida de condiciones de trabajo.

El culpable de este tipo de actuaciones tiene nombre y apellidos: la impunidad con la que la clase empresarial incumple la ley y la connivencia política desde algunas instituciones públicas con los empresarios. Cuando la sociedad ha asumido que la problemática del sector tiene una de sus causas en el incumplimiento de los convenios provinciales por parte de los empresarios y una de sus más graves consecuencias es la subcontratación como herramienta para su incumplimiento, cuando hay instituciones públicas que ya abogan y ayudan al cumplimiento del convenio provincial en sus obras públicas, es totalmente inaceptable que todavía existan instituciones públicas en nuestro país que amparen y pongan bandeja de plata a los empresarios para que se enriquezcan a consta del expolio que realizan a las condiciones de trabajo de sus trabajadores.

Hay partidos políticos que se hacen los ciegos ante los problemas del sector cuando gestionan obras públicas. Por eso, la solución ha de empezar a gestarse por un cambio de actitud del ámbito político asumiendo sus responsabilidades hacia la ciudadanía y dejando de favorecer el enriquecimiento empresarial. Ejemplos como el del Ayuntamiento de Donostia, subvencionando las reformas de fachadas de viviendas privadas solo si se demuestra que la empresa cumple el convenio, ayudan.

La oferta que el sistema hace a las trabajadoras y trabajadores es de precariedad laboral y muerte. Por ello, para darle la vuelta deben existir garantías de cumplimiento en el ámbito político e institucional que persigan y sancionen contundentemente este modelo de empleo tanto en obra pública como en obra privada.

En septiembre LAB llevará a cabo una campaña con nuevas denuncias que evidencien esta realidad y con iniciativas que den una alternativa de derechos a los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Porque es posible y porque es una necesidad urgente.

¡Ánimo, es el momento de empezar a darle la vuelta!