Una ley que posibilita enviar a la cárcel por más de diez años a un grupo de personas no por lo que han hecho, sino porque el Estado interpreta que eso que  han hecho manifiesta una actitud de desprecio, de falta de amor, a ese Estado que se supone merece todo el cariño de los ciudadanos… Autoritarismo puro y duro.

El autoritarismo es exclusión y arbitrariedad. En esta calificación entra la Audiencia Nacional a la hora de asumir determinadas competencias. No solo, en el caso de Altsasu, por aplicar literalmente una ley antidemocrática, entre otras razones porque son partidarios de la aplicación literal y más todavía, cuanto la literalidad sea más represiva. Sino también porque la misma existencia de una Audiencia Nacional en la asunción de determinadas competencias, supone el establecimiento de un sistema basado en la desigualdad. En nuestro caso, por causas que nada tienen que ver con los hechos, sino por las razones estrictamente políticas que otorgan la competencia a la Audiencia Nacional, se excluye a los jóvenes de Altsasu de este  derecho al juez propio, establecido para todos los demás. La Audiencia Nacional asume así el papel de brazo judicial de un Estado autoritario que establece que la actitud de disidencia merece un tratamiento desigual y restrictivo

Arbitrariedad, exclusión y  por tanto autoritarismo en la misma ley, en la ejecución judicial, en la aplicación. Todo un alarde de prácticas antidemocráticas Veamos algunos ejemplos:
 No se entiende que al asesino de Nagore Laffage le impusieran una condena de 12 años (y a los 4 ya pudiera pasearse por la calle); ni que cinco tipejos (por cierto, alguno de ellos guardia civil, alguno militar), violen a una chica de 18 años entre los cinco, después de drogarla, graben un video, lo cuelguen en la red, se sepa que no es la primera violación, y solo se den sus iniciales, por la «presunción de inocencia»; ni que un sargento de la Legión dispare a un joven ceutí, y la policía lo achaque al «mal beber» del pobre hombre; ni el que en dependencias policiales muera una persona detenida, «sin más», y no se investigue, y a la Delegada del Gobierno no le dé la gana de comparecer y no pase nada…

Sin embargo ahora nos encontramos en la siguiente situación. En un bar de Altsasu surge una pelea nocturna entre unos jóvenes del pueblo y unos guardiaciviles y el resultado un tobillo roto y magulladuras de diversa consideración. La respuesta es inmediata: se moviliza un impresionante dispositivo policial y dos vecinos detenidos y una difusión mediática del tema totalmente fuera de lugar, haciendo caso omiso incluso del propio informe policial; criminalización, difamación y humillación del pueblo en su totalidad, asociándolo con un sitio donde la convivencia es totalmente imposible; se le quita la potestad de juzgar el caso a los tribunales de Navarra, que es a quien corresponde, y se tachan los hechos de terrorismo, llevándolo a la Audiencia Nacional (da lo mismo que actualmente no haya grupos terroristas relacionados con los hechos en activo), con lo que la pena puede ser de 15 a 20 años. Además, se filtran sus nombres y apellidos, incluso de los menores de edad que han sido identificados, se los detiene de madrugada con otro despliegue policial de esos que tanto visten, aunque ellos habían mostrado su voluntad de comparecer a declarar, algunas de las detenciones se realizan delante de la puerta de un centro escolar, a la hora en que los niños y niñas están entrando a clase…

Conclusión: 6 jóvenes que van a ver su vida truncada si es que las condenas finalmente son las que se están pidiendo (ya veremos si esto acaba aquí), un pueblo que solo quiere que le dejen en paz, desolado por la injusticia de ver que se llevan a sus vecinos por algo que, en cualquier otro lugar del estado, hubieran sido «disturbios callejeros».

Los que sus escribimos este articulo además de estar muy  indignados por este –uno más– atropello de un Estado autoritario, estamos preocupados por nuestro incierto futuro. A pesar de ser ciudadanos de paz y orden, deseamos que la Guardia Civil abandone nuestro País Vasco. No somos partidarios de que sigan aquí. Por otro lado, entra dentro de lo posible que en alguna desafortunada y nocturna ocasión, tengamos un encuentro más o menos airado con la  Guardia Civil, donde al margen de las lesiones (dada nuestra edad siempre cobraríamos nosotros) podrían verterse comentarios sobre la conveniencia de que esos guardias civiles fuesen a trabajar a otro países. Preguntamos inquietos ¿nos pueden caer más de 10 años?