A día de hoy,  todavía pendientes de que el Gobierno Vasco, a través de su Consejería del Departamento de Sanidad y Consumo, acabe solucionando el gran problema en el que sigue atrapado una gran parte sector de ambulancias en Bizkaia, es difícil de entender, por qué se sigue sin dar una solución definitiva al concurso de la concesión de ambulancias y el retraso que supone para la estabilidad laboral y asistencial en las  22 bases,  que salieron a licitación allá por finales del 2014, debido a pequeños errores en los pliegos de condiciones y a recursos que no se acaban de solucionar definitivamente. Son 63 millones de euros los que cuesta el proceso de adjudicación de las bases. Nunca llueve a gusto de todos, y es de derecho que cada empresa no conforme con la adjudicación provisional, realizara las alegaciones pertinentes en aras de defender sus derechos y pretensiones

Llegada la fecha de finalización del contrato con las entidades y/o empresas que gestionaban un número importante de ambulancias de SVB (soporte vital básico) en Bizkaia, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco decidió “parchear” el tema sacando a subasta las bases que debieran haber salido a concurso nuevamente, a fin (según se dijo “off the record”) de ganar tiempo para una redacción adecuada de los pliegos que rigen este tipo de concursos, más si cabe, después de todas las irregularidades producidas en el anterior en lo que al cumplimiento de las condiciones de los pliegos técnicos se refería.

En esta subasta, el único factor a baremar fue el precio ofertado por cada una de las empresas/entidades participantes, siendo por un período de 3 meses que ya han pasado de largo, y mucho. En este caso, no fue anunciado como concurso público, sino que el propio Departamento que dirige el señor Darpón, invitó mediante carta a diferentes empresas y entidades sin ánimo de lucro a participar en dicha subasta. Está fuera de nuestro alcance entender por qué optó por esta opción, quizá por un sentido de contraprestación por el daño causado a las ONGs que quedaron fuera de la RTSU en julio de 2013 tras más de 25 años de servicio a través de contratos menores, eso es algo que nos queda grande. Cabe destacar que una de estas ONGs,  que actualmente presta servicio en algunas de las bases de la Red de Transporte sanitario Urgente de Bizkaia, no está cumpliendo con el Convenio Colectivo que rige el sector desde su firma y aprobación el pasado mes de Abril de 2014, aplicando a sus trabajadores y trabajadoras un convenio propio y totalmente ajeno al servicio que prestan, algo que abarata considerablemente sus costes en personal en detrimento de los derechos de los y las trabajadores/as que forman parte de sus plantillas. Y por tanto, algo a todas luces cuanto menos, inmoral, pero en definitiva, injusto e inaceptable para el colectivo y para el resto de empresas participantes.
    
Desde la parte sindical, vamos a exigir el mantenimiento y respeto de todas las condiciones laborales de cara a la subrogación a la nueva empresa, sea ésta la que sea. Porque somos conscientes que el resto de “actores” en toda esta historia no tiene interés alguno en defender al colectivo de trabajadores y trabajadoras, unas 170 personas o más, como prueba el nulo interés demostrado por acabar de una vez con esta historia y que el personal deje de vivir y trabajar con la incertidumbre que genera no saber qué va a pasar mañana. Hay que tener en cuenta, o debieran tener en cuenta, que en menos de dos años, hemos tenido que pasar ya por tres subrogaciones (con ésta), con todos los problemas de organización y de adaptación que ello supone.
    
Por todo ello, creemos que ya es hora de que la junta de asesores de contratación administrativa o a quien competa dentro de una burocracia que nos absorbe y nos fulmina con su lentitud, decida de una vez sobre el concurso y su adjudicación definitiva, dejando a un lado favores, dilaciones, favoritismos y siendo transparentes y diligentes a la hora de su publicación, valorando en su justa medida las ofertas, no sólo económicas, sino a nivel técnico, para que podamos de una vez tener la seguridad y la tranquilidad que todos y cada uno de los componentes de las plantillas de todas las empresas subrogables nos merecemos y en aras a seguir prestando un servicio con la calidad que la ciudadanía merece.

Así mismo, cabe decir que consideramos exigible que el ejecutivo vele por el cumplimiento escrupuloso no sólo los pliegos de condiciones, sino por el mantenimiento de las condiciones de trabajo y los derechos laborales de todos y cada uno de nosotros y nosotras, vigilando que esto se cumpla e interviniendo en caso de que se produzca cualquier merma tanto en la calidad asistencial  como en nuestras condiciones de trabajo, ganadas con el esfuerzo de todos y todas.