El pasado 22 de septiembre, una protesta en el puerto de Bilbao denunció una vez más la exportación de armas fabricadas en España con destino a Arabia Saudí. Una acción que pretendió llamar la atención sobre las consecuencias del comercio armamentístico, armas que son utilizadas contra la población civil en conflictos armados. Siendo el Gobierno de Mariano Rajoy cómplice necesario de este negocio criminal e inaceptable.



Es muy simbólico que el primer viaje oficial del rey Felipe VI junto a miembros del Gobierno de Mariano Rajoy iba a tener como destino Arabia Saudí. El viaje fue cancelado ante la creciente indignación pública, pero al final, Felipe VI visitó Arabia Saudí en enero de 2017 junto a 24 empresas (cuatro de ellas del Ibex: Acciona, ACS, Indra y Técnicas Reunidas), dos asociaciones empresariales, Sener (empresa vasca de sobra conocida por participar en la industria armamentística) y el Consejo de Seguridad Nuclear. Las monarquías española y saudí mantienen desde hace años una estrecha relación, calificada por el propio Abdalá de «profunda y duradera amistad». Como ejemplo de esta «profunda amistad» España multiplicó un 30% la venta de armas a Arabia Saudí en los últimos cuatro años: Entre 2013 y 2016 España exportó armas a Arabia Saudí por un valor total de 1.361,42 millones de euros que ingresaron empresas españolas. Las ONGs cifran en más de 650 millones de euros las armas exportadas por España a Arabia Saudí desde el inicio del conflicto en Yemen en marzo de 2015.



El negocio de la muerte crece y crece


Tristemente, el caso de Arabia Saudí no es una excepción El informe "Exportaciones españolas de armamento 2006-2015", elaborado por el Centre Delàs el año pasado concluye que las ventas de armas españolas se han multiplicado un 391% en la última década, hasta suponer un 4,4% de las exportaciones y el 1,5% del total de la balanza comercial española. En 2016, las exportaciones de armas autorizadas por el Gobierno de España ascendieron a 6.565 millones de euros y las realizadas superó los 4.362 millones de euros.

Amnistía Internacional ha acusado a la coalición liderada por Arabia Saudí de haber «lanzado numerosos ataques aéreos ilegales, algunos de los cuales podrían ser considerados crímenes de guerra, de los que España corre el riesgo de ser cómplice». El régimen saudí con el que cerramos esta colaboración comercial ha lanzado una guerra contra Yemen, en la que al menos 8.530 civiles han perdido la vida, 48.848 han sido heridos y casi 19 millones de personas han sido desplazadas, según la ONU. Son estas armas las que provocan el horror del que huyen las personas refugiadas, incluso muchas de estas empresas armamentísticas también son las responsables del lucrativo negocio del control de fronteras para asegurar que los refugiados que sus armas generan no puedan entrar en Europa, como denuncia el informe "Guerras de Fronteras" del Transnational Institute. 


Desde Podemos defendemos el principio del derecho internacional de «No autorizar armas para cometer atrocidades» y apoyamos la demanda de las ONGs al Gobierno español para que cese las exportaciones de armas a Arabia Saudí que puedan usarse en guerras como la de Yemen. También, frente a la amenaza del terrorismo yihadista, siempre hemos puesto por delante la necesidad de un mayor control del comercio de armas.


Este 14 de septiembre, el Parlamento Europeo volvía a aprobar un nuevo informe sobre el comercio de armas. En él, se pedía nuevamente a los estados a cumplir la Posición Común y el Tratado Internacional de Comercio de Armas. Lamentablemente vimos otra vez al Partido Popular oponerse, por ejemplo, a imponer sanciones a aquellos estados miembros que las incumplen, vendiendo armas a países susceptibles de armas a grupos terroristas como el ISIS. Poco después, el 19 de septiembre, la Comisión de Defensa del Congreso rechazaba vetar la venta de armas españolas a Arabia Saudí por su implicación en la guerra de Yemen, tal como habíamos reclamado desde el propio Parlamento europeo y tal y como demandan las organizaciones de la sociedad civil. La propuesta incluía la suspensión de los contratos en vigor y la prohibición de nuevos contratos. Por suerte, en la votación si se consiguió terminar con la opacidad y secretismo de las reuniones de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) y las actas dejarán de ser clasificadas. Un pequeño paso.



Recortes sociales por prestar dinero a la industria armamentística


Queremos también recordar que la industria militar en España genera una deuda al Estado de cerca de 15.000 millones de euros. Según el informe "La burbuja de las armas y la industria militar en España", entre 1998 y 2016 el Gobierno español ha aprobado Programas Especiales de Armamento (PEA) por más de 36.500 millones de euros. Para el desarrollo de estos programas militares, las empresas recibieron créditos en concepto de I+D por un importe de 17.487 millones de euros que debían ser reintegrados al Tesoro Público a medida que entregaran las armas comprendidas en los programas asignados, pero que no lo han hecho todavía. 



Es deplorable que el Estado preste dinero público para que la industria privada perfeccione armas para matar a más civiles. Por ello es urgente y necesaria una auditoría de los Programas Especiales de Armamento, carentes de transparencia, y la revisión de la utilidad del armamento en la defensa del Estado.



Se trata también de una cuestión de qué modelo productivo impulsamos a través de la inversión pública. Ya sea inversión directa, crédito o colaboración con universidades, la realidad es que desde las instituciones públicas tenemos la responsabilidad (y oportunidad) de impulsar sectores estratégicos alejados del negocio de la guerra. La Universidad Pública del País Vasco tiene convenios con empresas conocidas por participar en proyectos de defensa, poco a poco esa colaboración debería orientarse a otras necesidades. El ejemplo del astillero de Navantia en Cádiz o en Ferrol es muy recurrente. Se insiste en culpar a las autoridades locales, cuando la competencia de los astilleros estatales es estatal. Desde el Ayuntamiento de Cádiz se trabaja desde el primer día por impulsar una industria alternativa a través, por ejemplo, de la promoción de las energías renovables. Es una cuestión de prioridades y valores humanos sobre el que debemos de tomar partido.