Tortura, en letras mayores, atravesada por una línea roja. Y aztnugaL, «laguntza» al revés, la ayuda que solicitaba al juez Patxi Arratibel con su firma después de ser detenido por la Guardia Civil en Etxarri, en enero de 2011. Denunció malos tratos pero ninguna instancia le hizo caso. Su querella llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por ese silencio y por no haber atendido su denuncia.

Unas horas después, al otro lado del Atlántico, las redes sociales se hacían eco de las torturas a una joven, en Ajuchitlán del Progreso, una pequeña población mexicana de 38.000 habitantes, el doble que Burlada, cerca del Pacífico. En el video que circula por las redes, de cuatro minutos y colgado en Youtube, se puede apreciar cómo dos militares y un policía federal interpelan a la joven por una compañera y le aplican «la bolsa» hasta que se desvanece.

La difusión del video de torturas ha provocado una auténtica convulsión en México. Los torturadores han sido detenidos e ingresados en una prisión militar, mientras los medios de comunicación, de todo signo, han llevado a sus informativos y portadas el tema, comparándolo con las imágenes de tortura en Abu Ghraib, en 2003. Las críticas a la actuación policial han sido unánimes.

Me ha llamado la atención el impacto de ese video en la vida social y política de México. Un país atravesado por mafias de narcos, venganzas ocultas, feminicidios, corrupción sistémica y hechos atroces como la matanza de 43 jóvenes estudiantes en Iguala. Que un hecho localizado como la tortura a una joven adquiera semejante relevancia, indica el grado de sensibilidad del tema. Una reflexión, también sobre el papel de las redes sociales.

Entre las reflexiones la de Pilar Calveiro y Rita Laura, que analizan el fenómeno de la tortura en México como una «informalidad de la guerra», donde se rompen todos los códigos éticos en nombre de la seguridad nacional y se flexibiliza el «derecho». Una consideración que nos serviría en la cercanía.
Con el añadido de cauterizar a la sociedad para que asista a la tortura como un fenómeno normal. Lo dijo recientemente José Antonio Pastor (PSOE) en el Parlamento de Gasteiz «más casos de tortura de los deseables», como si hubiera numerus clausus. Lo dijo el entonces presidente Zapatero en 2008 cuando el mismo Parlamento acusó al Gobierno español de amparar la tortura: «una iniciativa (la del Parlamento de Gasteiz) fuera de contexto e infundada».

En declaraciones ofrecidas en noviembre de 2013, el que fuera delegado del Gobierno español en Nafarroa, director de la Guardia Civil después y condenado por corrupción, Luis Roldán, declaraba que durante la detención de militantes de ETA «ha habido golpes» y «presiones físicas que no dejan huella». «¿Alguien se cree que declaran lo que declaran sin coacciones?».
Las historias de Burlada y Ajuchitlán se complementan con una conclusión. En este año de 2016, el relator especial de la ONU para Torturas tenía previsto visitar México. Su Gobierno ya ha dicho que no está preparado. La relatora europea visitará España, también en 2016. Su Gobierno, al contrario que el mexicano, sí está preparado. O mejor, se está preparando, en la línea que lo hizo cuando otros relatores lo visitaron.

En España, lo han dicho todos sus gobiernos, la tortura no existe. En 1981, el Parlamento español creó una comisión para investigar varias decenas de casos de tortura. Lo hizo porque el Gobierno de Gasteiz tenía intención de adelantarse. Más de 30 años después, en octubre de 2014, el diputado Jon Iñarritu pidió a la Mesa del Parlamento de Madrid los resultados de aquella comisión. Le fueron denegados por dos veces. Si no hay pruebas documentales, no hay tema.

Este contraataque, asimismo, procede de la dimensión estratosférica que irá adquiriendo el tema de la tortura, digamos desde un apartado «científico». Recientemente, la fundación Euskal Memoria presentó su última aportación: 5.022 testimonios de torturados en los últimos cincuenta años. Con una tendencia, sin asentar. Pero un número válido, como muestra, de los detenidos, un 16% no sufría torturas. Es decir, que de 5.822 detenidos entrevistados, 5.022 relatan malos tratos.

Imaginen cifras del escándalo. En 2013, el Gobierno de Gasteiz encargó a cuatro expertos, entre ellos la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, un trabajo que tituló “Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)”. En las conclusiones del mismo se afirmaba que según datos del Ministerio del Interior español, 40.000 vascos y vascas había sido detenidos entre esos años, de los que menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA. Hagan números y aunque extrapolen por lo bajo, muy por lo bajo, las cifras de torturas serían tremendas.

En junio de este año de 2016, el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) concluirá otro trabajo, esta vez específico sobre la tortura en la Comunidad Autónoma Vasca, encargado por el Gobierno de Urkullu. Centenares de entrevistas, testimonios, recuperación de las hechas en años anteriores. Un millar grabados directamente y varios miles recabados indirectamente. Los datos recientes de la Fundación Euskal Memoria se quedan cortos con el añadido que el trabajo del IVAC deja fuera a los testimonios de la Comunidad Foral Navarra.

La llamada Comisión Valech de Chile, oficialmente “Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura”, reconoce en aquel país 40.018 víctimas del Estado, de las que 3.065 fueron muertos y desaparecidos. En resto, detenidos políticos, ilegalmente la mayoría, y torturados.
En el Estado español, por contra, el Estado jamás ha reconocido su actividad ilegal, ni siquiera los 800 atentados parapoliciales contra personas en Euskal Herria con el saldo de un 10% de esos objetivos con causa de muerte, los más de 1.600 contra intereses particulares, en general relacionados con la izquierda abertzale.

En el caso de la tortura, hay una especial impunidad. Centenares de imputados, menos de un centenar condenados y la mitad de ellos indultados. Con reincidencia. El guardia civil José Domínguez Tuda, fue condenado en 1990 por torturas a los hermanos Olarra y a Iñaki Olaetxea, e indultado a primeros de 1991. Al año siguiente, el 22 de septiembre de 1992, el mismo José Domínguez Tuda, era condenado nuevamente, en esta ocasión por torturar a Jokin Olano en 1983. En marzo de 1995, el ministro Juan Alberto Belloch volvía a indultarlo por este delito. El masivo se produjo en diciembre de 2000, cuando fueron indultados nada menos que un total de 15 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado condenados por torturas.

Henri Alleg escribió un escalofriante relato, “La question”, sobre la tortura colonial en Argelia. Una editorial francesa lo publicó, pero el Gobierno francés secuestró de inmediato la edición. Aún así, se vendieron clandestinamente 150.000 ejemplares. Era 1958. En 2013, Alleg falleció y fue enterrado en París, con la asistencia de numerosas personalidades políticas e institucionales. 55 años para reconocer su valor, su trabajo.

Han pasado también más de 50 años desde que se destaparon aquellos nombres de torturadores, Melitón Manzanas, Billy el Niño, el capitán Muñecas. La justicia internacional los reclama. España les ampara. Al parecer no ha existido jamás la tortura en España, ni siquiera durante el franquismo. Y ese será precisamente el mensaje de Madrid ante la próxima visita del relator de Naciones Unidas. Nunca pasó, nunca ocurrió. Y quien lo denuncie será criminalizado. Para que luego digan que estamos en el siglo XXI.