Nicolás Xamardo
Prof. Honorífico de la UPV/EHU

Catalunya, de la confianza a la decepción

Los consellers que están en prisión, al aceptar el art. 155 de la Constitución, por más que traten de disimular su claudicación tras la fórmula «por imperativo legal», siguen la vía de la renuncia marcada por la Presidenta de la Mesa del Parlament. Este no es más que el comienzo de una cadena de cesiones sin límite y los efectos sobre la subjetividad del movimiento popular serán demoledores.

Desde Euskal Herria, hemos seguido el proceso catalán de modo solidario y con admiración como si de algo propio se tratara. Sorprendidos de que fuese Catalunya y no Euskal Herria quien se adelantase en la lucha por la autodeterminación y la independencia.

Así, nos hemos identificado con la capacidad movilizadora, creativa y resistente de pueblo catalán, antes del 1 de octubre y especialmente el día de la consulta. Ese pueblo, activado, que había impulsado a los partidos nacionalistas a convocar el referéndum de autodeterminación. Ese pueblo, subjetivado y determinado, que fue capaz de burlar, el día 1 de octubre, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, (escondiendo las urnas, introduciéndolas en las centros de votación y defendiéndolas pacífica y valientemente con sus cuerpos de la brutal represión de los referidas fuerzas policiales). Ese pueblo, en toda su diversidad, capaz de desnudar ante el mundo el franquismo reformado, que sigue dominando en el Estado español, a través de las impactantes imágenes de las cargas policiales contra una nación que pretendía pacífica y democráticamente decidir su futuro. Nuestro respeto, por tanto, a ese pueblo catalán que ha sabido estar a la altura que el momento histórico exigía.

Tras la defensa de la Conselleria de Trabajo y del referéndum del 1 de octubre, el Estado español, a través de la Audiencia Nacional, encarcela a los líderes de los movimientos populares a favor de la independencia, Asamblea Nacional Catalana y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados de sedición. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Estado español interviene Catalunya y la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, manda a prisión los ocho miembros del Govern que se quedaron en España.

En un cambio de estrategia, el Gobierno pasa de la lógica del palo (Audiencia Nacional-jueza Lamela) a la de la zanahoria (Tribunal Supremo-juez Llarena). Así, cuando el Tribunal Supremo llama a declarar a Carme Forcadell, Presidenta del Parlament de Catalunya y a los miembros de la Mesa del Parlament, el Juez Llanera comienza la sesión con estas palabras: «Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional». Estos, tras acatar el 155 y restar valor jurídico a la DUI, quedan en libertad. Carme Forcadell, pasa una noche el prisión y, tras abonar la fianza, queda también libre; dejándonos la triste imagen de una Presidenta del Parlament, abandonando la cárcel en un coche de la Guardia Civil.

Qué decepción nos producen este tipo de comportamientos. Parecen no ser conscientes de que al ceder desaparecen como sujetos, como catalanes independentistas. Y que esa renuncia los convierte en obedientes y sumisos súbditos de España.

Los consellers que están en prisión, al aceptar el art. 155 de la Constitución, por más que traten de disimular su claudicación tras la fórmula «por imperativo legal», siguen la vía de la renuncia marcada por la Presidenta de la Mesa del Parlament. Este no es más que el comienzo de una cadena de cesiones sin límite y los efectos sobre la subjetividad del movimiento popular serán demoledores. Esto lo sabe bien el Estado y por eso actúa como actúa: combinando palo y zanahoria. ¿Es que no se dan cuenta que, como acabamos de ver, una vez conseguida la renuncia, el Estado juega con ellos, humillándolos y dividiéndolos: unos dentro (Junquera, Forn y los Jordis) y otros fuera (Turull, Rull, Bassa, Borrás, Romeva y Mundó)?

Conseguido su objetivo, el Estado, a través del Juez Llarena, hasta se permite el lujo de retirar las órdenes europeas de detención contra los miembros del Govern que están en Bélgica, buscando hacer ver al mundo la existencia, en España, de un poder judicial independiente, homologable al europeo.

¡Muy barato le ha salido al Estado español la aplicación del art. 155!

Qué diferente hubiera sido el proceso si, tras la Declaración Unilateral de Independencia, proclamada desde la balconada del Parlament, los políticos hubieran permanecido encerrados en esta institución, confiando en la protección popular, tal y como aconteció cuando detuvieron a la cúpula de la Consellería de Economía.

Nos duele también comprobar que los partidos llamados independentistas no hayan sido capaces de ver la excepcionalidad del momento político y, en vez de apostar por una lista única, concurran por separado, rompiendo con el sentir popular. Sorprende que partidos izquierdistas (ERC y CUP), incapaces de sentir y seguir la voluntad popular, dividan al pueblo en vez de unirlo. Parece mentira que sea Puigdemont (y no vale que digan que lo hace sólo para evitar el descalabro del PdeCat) al plantear una lista electoral llena de independientes, Junts per Catalunya, quien esté más próximo a esa voluntad popular de la que hablaba Rousseau. Sus palabras, «Ahora hace falta ser militantes de Catalunya», lo confirman.

En fin, si a nosotros nos produce decepción ver ciertos comportamientos de algunos líderes políticos, ¿qué sentirá ese pueblo catalán que resiste y no cede?

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