El proceso catalán –empeñado, comprometido y absolutamente resuelto a realizar un referéndum, el próximo 1 de octubre–, está teniendo un efecto completamente clarificador, desmitificador y desenmascarador, desde el punto de vista sociopolítico, judicial e histórico, de una de las mayores patrañas, mentiras y abominables construcciones de ingeniería política, que supuso la llamada «modélica transición española»; y por consiguiente sobre el deplorable y paupérrimo nivel legal y legitimo de la Constitución española de 1978, que de manera compulsiva, obsesiva, y despiadadamente opresora se intenta imponer a todo un pueblo, que ha tomado la libre y democrática determinación de comenzar a vivir de pie, no como súbditos de una monarquía que hunde sus raíces en una brutal y fascista dictadura, sino como ciudadanas y ciudadanos libres de una república catalana.

Esa situación y efervescencia de un pueblo construyendo su futuro de manera ejemplar, encomiable, admirable, pacífica y completamente democrática, en las estructuras dirigentes del PNV no provocó ni la más mínima empatía. Se supone que esos cuadros, de la citada formación jeltzale, deberían saber sobradamente la brutal, desmedida y desproporcionada respuesta que iba a dar un estado que deliberadamente había llevado a su población al olvido más cruel, a la abulía absoluta a nivel sociopolítico y a hacerle creer, como si fuese una ley universal y una verdad axiomática la subsodicha «transición española» y todo lo que de ella emanaba.

La cúspide del partido jeltzale y sus portavoces, desde hace tiempo, han expresado de manera diáfana su creencia mesiánica en la bilateralidad y su oposición total a la unilateralidad. A mediados de este mes de septiembre, el lehendakari de la CAPV, en una entrevista radiofónica exponía meridianamente su pensamiento y el de sus correligionarios –las personas que ocupan cargos de transcendencia en esa formación– «Hay que ser honestos» y «saber que el 1 de octubre, tenga lugar lo que tenga lugar, no tiene las garantías debidas» Urkullu pedía «reconocer que en esa falta de garantías hay una parte importante, que es que representantes institucionales de la sociedad catalana no van a compartir la facilitación de la colocación de urnas o de colegios electorales».

Se hace evidente que para los jeltzales no existen garantías suficientes; por lo tanto «Eso refleja ya un poco el valor que pueda tener el 1 de octubre en sí mismo en cuanto a resultado»., añadía el mencionado lehendakari.

Comprobada la importancia transcendental, insoslayable e inexcusable de las «garantías» se le podría preguntar al Sr. Urkullu y a su formación, si la ley que aplica el Gobierno del Estado español, como una espada de Damocles, contra el pueblo catalán, la ya mencionada Constitución de 1978, en su gestación, elaboración, creación y redacción, ¿se dieron realmente garantías suficientes para hacer de ella una ley básica, rectora, fundamental, constitucional y, lo más importante, democrática?

La historia reciente de ese estado demuestra, expone y desgrana con una claridad absoluta que no existieron, no se dieron y no se posibilitaron ni las más mínimas garantías democráticas para que el subsodicho texto, se exhiba obsesivamente, se enarbole y se emplee como un ariete medieval contra los legítimos y loables deseos del pueblo catalán.

Tras el óbito del cruel y brutal dictador, Francisco Franco, acaecido el día 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I de Borbón, es nombrado, a los dos días, el sucesor de aquel golpista, fascista y asesino, accediendo a la jefatura del Estado. En la toma de posesión del cargo juró defender los «Principios Fundamentales del Movimiento» e hizo un elogioso panegírico, ensalzando la odiosa figura del fascista golpista.

En las memorias de ese monarca, recuerda como: «El día antes de morir, Franco me cogió la mano y me dijo: 'Alteza, la única cosa que le pido es que preserve la unidad de España'. Y eso quiere decir muchas cosas…». Evidentemente los deseos del moribundo se transformaron en ley de leyes y se materializaron en el artículo 2. «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».

El 03 de julio de 1976, Adolfo Suarez –que había jurado, exactamente igual que el mencionado monarca, los «Principios Fundamentales del Movimiento» y había desarrollado en el franquismo puestos de gran relevancia: Vicesecretario General del Movimiento, Procurador en las Cortes franquistas, Ministro-Secretario General del Movimiento…– es nombrado nuevo presidente del Gobierno.

La aborrecible ingeniería política se había puesto en marcha para lograr un cambio, una reforma, la «transición».

Se trataba simple y llanamente de «cambiar todo para que nada cambie», aparente paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Con Adolfo Suarez se fragua la Ley para La Reforma Política. Las Cortes Franquistas aprobaron la mencionada ley el 18 de noviembre de 1976. La maquinaría del olvido, la auto amnistía, y la brutal represión en las calles, centros de trabajo, universidades… estaba a pleno rendimiento.

Durante la «modélica transición», «se produjeron 591 muertes por violencia política (terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha, guerra sucia y represión). De ellos, nada menos que 188 de los asesinados, los menos investigados, entran dentro de lo que se denomina violencia política de origen institucional. Es decir, los asesinatos desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado».
El 15 de junio de 1977, se llevan a cabo las primeras elecciones en el Estado español desde la II República. El gobierno de Adolfo Suarez controlaba completamente todos los medios de comunicación estatales. Su partido se alzó con la mayoría de los votos emitidos y junto con AP obtenía la hegemonía en la Cámara Baja.

El 13 de julio de 1977, daba comienzo la Legislatura Constituyente que habría de fraguar la Constitución de 1978.

El 22 de agosto de 1977, los llamados padres de la constitución, siete, comienzan a trabajar en su redacción; de ellos, cinco, eran de derechas: tres de UCD y uno de AP, el mismísimo Manuel Fraga Iribarne y Miguel Roca de Convergencia Democrática de Cataluña; los otros dos fueron Gregorio Peces-Barba del PSOE y Jordi Solé Tura del PCE. Dos formaciones políticas que a esas alturas ya habían claudicado completamente de sus principios revolucionarios y transformadores de un estado fascista y dictatorial a un sistema democrático. Jamás hubo una ruptura democrática, tal y como demandaba mayoritariamente, a lo largo y ancho del Estado español, el pueblo. Fue aprobada, ratificada y sancionada el 27 de diciembre de 1978.

Durante aquellos años de brutal y constante represión contra el más mínimo atisbo de descontento por parte de la población, de la clase trabajadora o de los y las estudiantes de institutos o universidades… la implacable y cruel respuesta siempre fue la represión.

La efervescencia y ebullición de las clases populares, trabajadoras y obreras era una auténtica olla a presión, que los partidos mayoritarios y sus sindicatos lograron desmovilizar, silenciar e inducir hacia la sumisión ante la reforma impuesta por el franquismo y sus adláteres.

Lo que podría haber sido un movimiento popular que hubiese llegado a abarcar todos los ámbitos sociales, logrando una ruptura democrática, implosionó, desactivando toda la lucha popular, solidaria y encomiable.

¿Considera el Sr. Urkullu que en esos años se dieron «las garantías debidas» para establecer un sistema democrático, partiendo de un brutal golpe de estado y cuarenta años de una gélida y fascista dictadura?

¿Piensa el Sr Urkullu que en la elaboración y redacción de la Constitución de 1978, teniendo en cuenta el clima sociopolítico en el que se llevó a cabo y quiénes la realizaron y materializaron, se dieron «las garantías debidas»?

¿Cree el Sr. Urkullu, por alguna circunstancia ignota, en relatos fantásticos?