La incineración de residuos, como tecnología de tratamiento de los mismos, lejos de eliminarlos los transforma en escorias, cenizas y sobre todo gases de combustión. A través de éstos se emite a la atmósfera alrededor del 73% de la masa incinerada en forma de dióxido de carbono, vapor de agua además de diversos contaminantes. Los sistemas de depuración de gases han mejorado mucho en las últimas décadas, lo cual no evita la emisión de cantidades significativas de contaminantes. Es el efecto de éstos el que puede explicar el aumento de variadas patologías objetivado alrededor de diferentes incineradoras -partos prematuros, abortos, malformaciones fetales, enfermedades cardiacas, respiratorias, renales, diversos cánceres así como un aumento de la mortalidad- puesto de relieve por diferentes estudios epidemiológicos publicados los últimos 10 años.
    
Un aspecto menos conocido es la cuantificación económica del impacto en la salud de la población que tiene la emisión de estos contaminantes. Se han publicado a lo largo  de este año por Vicent Nedellec y Ari Rabl en la revista “Risk Analysis” estudios de investigación en los que se estima el coste en euros por kilogramo de contaminante emitido por las incineradoras en base a diversos cálculos que, explicado de forma muy resumida, tienen en cuenta la emisión y dispersión de contaminantes, el cálculo del impacto en la salud producido por el incremento de la exposición a los mismos y su valoración monetaria. Precisan estos cálculos de un laborioso trabajo y disponemos de estas estimaciones de coste sólo para algunos contaminantes: dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado menor de 10 micras (PM 10), cadmio, arsénico, mercurio, plomo y dióxido de carbono. Este último, si bien no es propiamente un contaminante, es contemplado por su severo impacto en la salud de la población por su acción en el clima y el medio ambiente.
    
Extrapolando los datos aportados por estos estudios y teniendo en cuenta los datos sobre contaminantes emitidos por la incineradora de Zabalgarbi, resulta factible realizar una estimación del coste sanitario de las emisiones de la planta vizcaina en el año 2015, siempre en relación a los contaminantes antes citados. Pues bien, ese coste se estima en unos 11,5 millones de euros, es decir, más de 49 € por tonelada de residuo incinerado.
    
Resulta llamativo apreciar que en un estudio publicado por Ari Rabl, Joseph V. Spadaro y Assaad Zoughaib en la revista “Waste Management & Research” el año 2008, el coste estimado por tonelada incinerada en base a los mismos contaminantes era de 20 €, dado que los costes estimados por kilogramo de contaminante emitido eran muy inferiores a los actuales. En este sentido, destaca la estimación del coste sanitario de las emisiones de cadmio, que pasa en este lapso de tiempo de 39 € a 138.969 € por kg emitido, y el plomo, que pasa de 600 € a 29.343 €. El lector se preguntará a qué se debe este alza en la estimación de coste en tan corto lapso de tiempo. La razón es la aparición en este periodo de numerosos estudios de investigación que relacionan los contaminantes analizados, sobre todo metales pesados, con más patologías. En efecto, el coste sanitario de las emisiones de metales pesados de las incineradoras es mucho más alto que el previamente estimado debido a la constatación de más patologías graves producidas por estos contaminantes que las inicialmente estimadas y puestas de relieve por multitud de estudios epidemiológicos publicados los últimos años.

Podemos asumir que el conocimiento sobre la toxicidad de los contaminantes emitidos por las incineradoras era todavía más limitado hace 20-30 años, época en que se construyeron numerosas incineradoras a lo largo de Europa. La de Viena (Spittelau) se construyó hace unos 45 años. ¿Las hubiesen construido de haber tenido el conocimiento sobre su toxicidad que tenemos en la actualidad? ¿Y nuestros gestores? ¿Van a implantar una incineradora en Zubieta obviando los graves problemas de salud asociados a estos contaminantes que emitiría la planta y cuyo conocimiento hemos adquirido en años recientes?

La protección de la salud de la población debería ser una prioridad para cualquier institución, idea recogida, entre otros textos jurídicos, en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, que en su artículo 7 indica textualmente que las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente…

Por tanto, hagamos un análisis sensato de las diferentes alternativas existentes en cuanto a la gestión de los residuos y elijamos aquella con menor impacto en la salud de la población. No sólo va a repercutir en una mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos, objetivo primordial, sino también en un menor gasto sanitario, a la luz de los estudios aludidos.

La mancomunidad de Debagoiena (62.720 habitantes) nos enseña el camino: consiguen más de un 80% de recogida selectiva utilizando diferentes sistemas de recogida. El que escribe se pregunta cuál puede ser la justificación de nuestros responsables forales para no extender su modelo al resto del territorio.