En la CAE se dirigía específicamente a EHBildu, Podemos y Ezker Anitza, entendiendo que si se articulara electoralmente ese espacio sociopolítico podría llegar a ser la fuerza mayoritaria. Es común a esas fuerzas su compromiso con las luchas sociales.

Se proponía un programa de mínimos articulado desde tres ideas fuertes de respuesta al periodo: un cambio social profundo en políticas públicas, un proceso constituyente vasco desde el eje del derecho de decisión y, desde el rechazo a todas las violencias, el impulso del proceso de paz y la normalización política.

El balance de las gestiones con las tres corrientes es agridulce. Por un lado no hay mimbres para dicha candidatura unitaria para las próximas elecciones pero, en opinión de las tres, queda abierta la posibilidad para el futuro. Es un avance. La cercanía electoral hacía muy difícil hacer girar los enfoques preelectorales de Podemos y Ezker Anitza y se constatan las distantes relaciones entre aparatos. En cambio, tanto las bases como la estructura de EHBildu –la fuerza mayoritaria consultada– sí ha dado respaldo a la iniciativa, lo que no es poca cosa. Por otra parte se ha podido constatar que es posible un programa así, que ha sido útil una mediación desde la sociedad civil y que ha contado, además, con el apoyo de una parte de las bases de Podemos y Ezker Anitza.

Con todo se han suscitado algunos dilemas en unos encuentros que han mostrado visiones esquemáticas y cortoplacistas en algunos temas.

En unas elecciones, y no solo por la regla d’Hondt, es más efectiva una alianza ex ante como polo de atracción de siglas que se complementan, que ex post por la suma resultante de escaños de varias siglas en competencia. La presencia de EHBildu en una tal alianza electoral le habría dado espesor de alternativa y un colchón de partida. No olvidemos que es la segunda fuerza en la CAE. Es difícil pensar en un cambio sin la participación de la izquierda abertzale.

Los procesos de alianza electoral pueden verse favorecidos por trayectorias compartidas por la base, pero ese es un requisito más para fusiones de partidos –que no es el caso– que para una alianza electoral cuyos fundamentos se deberían guiar solo por el programa tasado, el compromiso de lealtad y los requerimientos del cambio.

En este terreno el proceso vasco es distinto del catalán que se ha polarizado alrededor de independencia sí o no. Aquí se tenía la oportunidad de un polo de izquierda con un punto intermedio, que defienda el derecho a decidir como paso estratégico para un proceso constituyente vasco que vaya más allá de la mera reforma constitucional en España y de la reforma estatutaria en la CAE.

La defensa del derecho a decidir no consiste, en todo caso, en enunciarlo y luego no promoverlo, sino en centrarlo como horizonte de democratización y que mediante referendos por mayorías –a la escocesa, quebequesa o catalana– tenga la virtud de pacificar los espíritus y la convivencia porque las urnas –las mayorías– han decidido y todos aceptan el resultado, sea cual sea. A estas alturas pensar que un referéndum divide a una sociedad que ya es plural es lo mismo que evitar elecciones para contabilizar los apoyos ciudadanos. Un referéndum al respecto no es para elucidar la identidad nacional de los electores (queda en su fuero personal) sino para solventar un dilema colectivo sobre el modelo relacional con el Estado por la vía más democrática y transparente.

De todos modos hay un debate a hacer sobre la cuestión nacional. La cuestión de la articulación política de las naciones sin Estados no es una pretensión de las «burguesías nacionales» locales sino de la comunidad como un todo, incluidas clases trabajadoras y capas populares. Además del sujeto individuo, clase, género,... existe el sujeto comunidad con sus derivadas de construcción cultural y social. No es así un tema ajeno a las clases trabajadoras sino un tema político propio pudiendo éstas disputar incluso la conducción del modelo de construcción nacional desde una perspectiva social. No es así solo una «reivindicación democrática», sino que por su centralidad, sería también una parte del proyecto emancipador  que puede, además, ampliar cualitativamente el espacio de la izquierda con alianzas sociales por abajo. En sentido inverso, la postura contraria legitima la adscripción nacional forzosa al estado anfitrión y sus valores, así como su negativa a reconocer los hechos nacionales.

No nos corresponde juzgar las coherencias de unos u otros con sus estrategias del pasado. Sin duda todas las fuerzas deben saldar sus cuentas tanto por una aproximación ética como por salud política para el nuevo tiempo en el que ya vivimos. Los diagnósticos críticos de luces y sombras del pasado nos hacen más libres. Pero queda al libre albedrío de cada corriente gestionar su mirada conforme a sus propios procesos internos, siendo poco sensato que ninguna fuerza exija condiciones al respecto a otros, más allá de los compromisos del presente. Lo que había que preguntarse ahora era cual era el tipo de alianza que correspondía en el marco de una regresión económico-social de las clases populares, de taponamiento del derecho soberano a decidir y de la normalización política en Euskal Herria. Esa era y es la cuestión!