El PP utiliza ahora la palabra «diálogo» para todo y más. Sin embargo, ¿hay algo más unilateral que afirmar el carácter «indisoluble e indivisible» de España? ¿Más unilateral que imponer leyes de todo tipo –reforma laboral, LOMCE, Ley Mordaza, Ley de Estabilidad presupuestaria, Reforma de las pensiones, etc.– pasando por encima de las grandes mayorías de los Parlamentos vasco, navarro o catalán? ¿Más que suspender por decenas cuantas leyes –asistencia sanitaria, fracking, desahucios, función pública, etc.– aprueban estos Parlamentos y no son de su agrado? ¿Más que contar con árbitros de parte –Tribunal Constitucional– para poder zanjar a su gusto los conflictos que surjan?

El nacionalismo español, de derechas o izquierdas, consciente o no de ello, juega con ventaja. Habrá a quienes no les guste tanto su marco institucional, pero al menos tienen marco, que no es poco a la hora de disponer de herramientas para cambiar las cosas. Cuentan así con su Constitución –nosotros tan solo con un Estatuto– sus Tribunales Constitucional y Supremo –nosotros con togas de segunda mano– sus leyes orgánicas y básicas –nosotros con normas supeditadas a aquellas– y, finalmente, por si las cosas se tuercen, con la Audiencia Nacional, la Policía, la Guardia Civil y el Ejército. Por eso, hablar de la necesidad de tener que llegar a acuerdos bilaterales en esta situación de radical desigualdad es poco menos que un escarnio. Querer ir siempre de mano y con derecho a un descarte de más, es de tramposos.
En días pasados, el Parlamento de Gasteiz ha aprobado constituir una ponencia para abordar la reforma del Estatuto de Gernika, eso sí, «respetando el ordenamiento jurídico». Votaron a favor PNV, PSE y Podemos, mientras que EH Bildu se abstuvo y PP votó en contra. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que algo parecido se aprueba, pero luego todo se embarra y atasca, porque al final mezclar agua y aceite resulta imposible. Sin embargo, mientras tanto, el invento sirve para sacar fotos, ganar tiempo, aburrir al personal y desactivar conflictos, que tampoco está nada mal.

En otros ámbitos no suelen ocurrir estas cosas. Me explico: ¿cuáles son los movimientos sociales –desahucios, feminismo, ecologismo etc.– que al plasmar sus reivindicaciones y estrategias hacen referencia expresa a que todo lo que plantean debe enmarcarse en el más absoluto respeto al marco legal vigente? ¿Dónde ha visto alguien que la PAH plantee para la satisfacción de sus justas exigencias la estrategia de la bilateralidad y el acuerdo con la banca usurera, o que el movimiento feminista hiciera algo parecido cuando se puso sobre la mesa el proyecto de ley del aborto de Gallardón?. Es decir, ¿a santo de qué viene esta invocación legal-constitucional rayana en el exorcismo tan solo cuando se plantean reivindicaciones y exigencias relativas al derecho a decidir y la cuestión nacional? Lo dicho, se quiere jugar con ventaja.

Hay gentes que parecen tener memoria de pez y a las que conviene recordar algunas cosas. Así, por ejemplo, que en 2005, cuando una de estas Ponencias, similar a la ahora puesta en marcha, fue aprobada por el Parlamento Vasco (reforma del Estatuto de Gernika en tiempos del lehendakari Ibarretxe y el Gobierno de Zapatero), en el Congreso español ni siquiera permitieron su tramitación, votando en contra de la misma 313 diputados y diputadas (PSOE, PP, IU, Chunta y Coalición Canaria), frente a los 29 votos de PNV, ERC, EA, Na Bai y BNG. Algo parecido sucedió en Catalunya un año después, en 2006, cuando el Estatuto aprobado en el Parlamento catalán fue «cepillado» convenientemente en Madrid (también con el Gobierno de Zapatero) y, no contentos con esto, fue después desbastado a conciencia por el Tribunal Constitucional, dejándolo al final irreconocible y hecho unos zorros.

Para cubrirse las espaldas, y que no se diga, en la Ponencia recién aprobada en Gasteiz para la reforma del Estatuto se hace referencia también a la necesidad de respetar la «voluntad política democráticamente expresada por la ciudadanía vasca». Lo dicho, memoria –consciente– de pez. Cuando en 2008 el Parlamento Vasco aprobó su Ley de Consultas, el Tribunal Constitucional la declaró ilegal, lo mismo que hizo en 2015 con una ley catalana similar. Y es que las cosas están muy claras en Madrid a este respecto: ni autodeterminación, ni derecho a decidir, ni referéndum, ni consulta, ni proceso participativo, ni nada que siquiera pueda rozar la unidad indisoluble e indivisible de la patria y la soberanía única española. Y al que se desmande, como ahora en Catalunya, procesamiento y Audiencia Nacional, sin importar que caigan presidentes de la Generalitat, el Parlament, consellers, etc.

En el marco constitucional español plantear vías «bilaterales» y legales como camino para el reconocimiento de la realidad nacional de Catalunya, Euskal Herria, Galiza y su derecho a decidir, es un completo oxímoron; es decir, son términos contradictorios entre sí. Afirmar uno supone excluir el otro. Si España es indisoluble e indivisible, la opción independentista nunca podrá ser admitida. Si la soberanía española es única, la libre expresión de la voluntad vasca o catalana nunca podrá ser aceptada. Mucho más aún con las españolísimas mayorías (PP, PSOE, C’s) existentes hoy en el Congreso.

La Transición legó pilares esenciales del franquismo (Monarquía borbónica, España indisoluble, Ejército garante institucional, etc.) cuya superación solo puede abordarse desde planteamientos de ruptura democrática. Lo demás son cánticos celestiales. En su día, allá por mediados de los setenta, todo comenzó a torcerse cuando la oposición mayoritaria de izquierdas comenzó a transitar de la ruptura democrática a la ruptura pactada (o sea, lo que hoy se llama «bilateralidad»). Consiguió legalizaciones y algún que otro oropel democrático, pero dejó por el camino convicciones republicanas, el derecho de autodeterminación, la continuidad en sus cargos de todos los criminales franquistas, uniformados o togados, etc. Y de aquellos barros estos lodos. Bilateralidad y legalidad, dicen. Esta película ya la he visto.