La falta de sensibilidad social ante tales situaciones de especial vulnerabilidad muestra una lacra social frente a la que todavía queda mucho por trabajar para que la mayoría ciudadana tome conciencia de su responsabilidad ética. La condena a la pena de privación de libertad no significa ni debe implicar la exclusión de la red social. Todo lo contrario. Son un sector fundamental en nuestra sociedad y su reclusión en cárceles por el delito cometido, según la ley y juicio correspondientes, no debe llevar al olvido ciudadano y a la marginación, como si fueran un reducto de la sociedad ante el que, para acallar la conciencia y desentenderse de su situación, se recurre al «por algo estarán ahí...».

La oscura realidad de las cárceles oculta dramáticas situaciones: años interminables de prisión, empeorada en determinados casos por la dispersión, la represión y castigos añadidos como el aislamiento, con graves consecuencias psicológicas. Numerosos presos son inmigrantes, bastantes jóvenes en lamentables situaciones humanas de soledad y víctimas de una situación carcelaria que les anula como personas, sin previsión y ni medios para una reinserción social que garantice su futuro en condiciones humanas dignas.

Las condiciones carcelarias conllevan, en determinados casos, agresiones a la dignidad de las personas privadas de libertad, incumplimiento de la legalidad en lo que se refiere a la libertad de quienes han cumplido ya las tres cuartas partes de su condena, están alejados y padecen graves enfermedades. Esta conculcación de los derechos de las personas presas nos afecta a ciudadanas y ciudadanos, porque sus derechos son nuestros derechos, ya que forman parte de la sociedad.
Para las personas presas de motivación política su situación se ve agravada desde hace años por la prolongación de penas, la dispersión en cárceles de los Estado español y francés con el sufrimiento consecuente para ellas y para sus familiares y allegados. La pena por el delito cometido consiste en la privación temporal de libertad. Impedir otros derechos –acercamiento a su tierra de origen, libertad para presos gravemente enfermos, prolongación de penas, incomunicación– es un delito ético incompatible con un estado de derecho.

El colectivo de Herria 2000 Eliza, desde sus convicciones creyentes y éticas, ha venido denunciando de forma permanente esta grave y urgente problemática social y política, considerando que de su solución depende el ir logrando la normalización y pacificación integrales sociales y políticas. Ante estas situaciones que encuentran permanentes obstáculos para ser  resueltas, especialmente en los casos de presas y presos políticos vascos, este colectivo invita estos días a unas Jornadas sobre "Derechos Humanos y cárcel" (lunes 29 y martes 30 de mayo, a las 19:30, en el Aula de cultura, paseo La Florida de Gasteiz). Partiendo del análisis de la situación carcelaria y de sus causas, desean contribuir a sensibilizar a la ciudadanía sobre esta dura realidad, plantear reivindicaciones justas y ofrecer respuestas humanitarias, proponer soluciones para lograr que se cumplan todos los derechos de todas las personas presas sin excepción.

En dos mesas redondas, con la participación de grupos implicados en esta problemática y personas pertenecientes a instituciones del ámbito municipal, jurídico y eclesiástico se presentarán puntos de vista, vías de solución y alternativas que contribuyan, en última instancia, a la normalización y la paz desde la justicia y respeto de todos los derechos humanos.