A su correspondiente amortización tenemos que sumar cada año el pago de los intereses que genera y el coste de los peajes en la sombra. Estos últimos constituyen la forma de financiación ideada por UPN para la construcción del canal de Navarra y de las autovías del Camino y del Pirineo, fórmula que asegura el enriquecimiento de empresas constructoras privadas a costa de empeñar el futuro socioeconómico de Navarra para varios lustros. La suma de amortizaciones, intereses y peajes en la sombra (484 millones en 2015, de los que 108,5 son de intereses) supone una carga muy pesada que detrae recursos presupuestarios que deberían estar destinados a servicios y necesidades sociales.

La mayor parte de esta millonada de deuda pública fue generada en la primera década de este siglo, cuando los gobiernos de UPN se dedicaron a despilfarrar el dinero público con proyectos megalómanos de escasa rentabilidad social, pero de grandes beneficios para las empresas privadas beneficiadas.

Ante el enorme problema que supone la carga de esta deuda tenemos dos opciones: resignarnos sin rechistar a asumirla y a que cada habitante de Navarra paguemos los más de 5.000 euros que nos corresponde de promedio, o bien analizar el origen de la misma, su justificación social, las posibles responsabilidades en que se haya podido incurrir en su generación y las posibilidades de actuación a la vista de los resultados de todo lo anterior.

En el Parlamento Social consideramos que se debía adoptar la segunda opción, y por este motivo nos propusimos colaborar con el Parlamento de Navarra en la llamada “Ponencia para analizar la cuantía de la deuda de las instituciones de Navarra, su justificación y las posibilidades de actuación frente a la misma”. Para ello, formulamos una serie de propuestas y peticiones de información con el fin de poder realizar el mencionado análisis y abrir así la posibilidad de una auditoría ciudadana de esta deuda. En lo que se refiere a la solicitud de información, dividimos nuestras peticiones en dos partes.

Por un lado, pedimos a la Ponencia que solicitase a los Departamentos del actual Gobierno de Navarra información sobre las características, financiación y resultados de los proyectos en los que se generó la deuda. Y por otro, que solicitase también a la CPEN (Corporación Pública Empresarial de Navarra), como matriz de todo el conglomerado de empresas públicas de Navarra, información sobre el grado de participación de las distintas empresas que integran dicho conglomerado en esos mismos proyectos.

Agradecemos a los distintos departamentos del Gobierno de Navarra su colaboración en el traslado de la información solicitada, pero no podemos decir lo mismo de la CPEN, la cual, con excusas de “mal pagador” se está intentando escaquear de facilitar gran parte de la información requerida.

Y no solo a nosotras, sino también al Parlamento de Navarra, que es precisamente la institución de la que depende orgánicamente.

Para que se comprenda mejor, expondremos muy brevemente qué es la CPEN y la contribución que las empresas públicas integradas en ella han podido tener en la generación de la actual deuda pública de Navarra.

En Navarra, las empresas públicas fueron un invento de la denominada transición democrática. En un principio se constituyeron con el objetivo de prestar servicios a los diferentes departamentos de la administración foral sin necesidad de contratar funcionarios. Pero, a medida que fueron pasando los años, y principalmente con la llegada de UPN al poder en 1991, se produjo un boom espectacular de estas empresas de capital mayoritario del Gobierno de Navarra, llegando en el año 2007 a la cuarentena. Muchas de ellas, que apenas tenían más personal que sus directivos, se dedicaban a financiar, avalar o participar en proyectos empresariales privados, cuyos resultados no tenían en muchas ocasiones el éxito que supuestamente pretendían.

Así, empresas públicas como Sodena (Sociedad para el Desarrollo de Navarra), Nafinco (Navarra de Financiación y Control), NGA (Navarra de Gestión para la Administración), FJN (Fondo Jóvenes Empresarios de Navarra), Star up Capital Navarra, e incluso también la Fundación Moderna, avalaban préstamos que diferentes bancos concedían a proyectos empresariales privados. Si el proyecto devenía en fracaso, era la empresa pública la que devolvía el préstamo avalado a la entidad financiera, lo cual suponía que el Gobierno de Navarra se hacía cargo de la deuda contraída con cargo a los Presupuestos de Navarra. Mención especial merece la denominada empresa pública SPRIN (Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra), a la que en sus tres años de funcionamiento (2007-2010) el Gobierno de UPN inyectó más de 300 millones de euros para la realización de proyectos tristemente famosos, como el circuito de Los Arcos, Pabellón Reyno de Navarra Arena, La Ciudad Agroalimentaria de Tudela o el PSIS y proyecto de urbanización del campus empresarial de Lekaroz.

En el año 2009, la entonces oposición parlamentaria a UPN sacó adelante una ley por la que se creaba la CPEN, con el fin de ordenar y racionalizar todo este conglomerado de empresas públicas. Una ley que UPN siempre se negó a cumplir en su totalidad y que modeló de manera que todo siguiese funcionando como siempre. En la actualidad el consejo de administración de la CPEN está presidido por Uxue Barcos, siendo Consejero Delegado Mikel Aramburu y Vocal en nombre del Gobierno Manuel Ayerdi.

De todo lo anterior se puede deducir fácilmente que la información sobre la deuda solicitada a las empresas públicas que actualmente están integradas en la CPEN es fundamental para realizar el análisis de la deuda que tanto nosotros como el Parlamento de Navarra tiene planteado. Por todo ello, y a la vista de la escasa colaboración de los directivos de la CPEN (por cierto, todos ellos nombrados por los anteriores Gobiernos de UPN y confirmados por éste del cambio) en la aportación de la documentación solicitada, instamos a sus máximos responsables, es decir, Uxue Barcos, Mikel Aramburu y Manu Ayerdi, a colaborar, no solo con nosotras, sino también con los grupos parlamentarios que forman la ponencia del Parlamento, aportando la totalidad de la información requerida a la CPEN. Asimismo, animamos a los grupos parlamentarios a que se unan a nuestra reivindicación, a la vez que solicitamos también al Gobierno, desde nuestro más absoluto respeto, que supervise la forma de actuar de los directivos de la CPEN, cuyos métodos y tácticas nos siguen recordando formas de gestión de tiempos que creíamos ya superados.