El cambio es limitado, insuficiente, está lejos aún de corregir la desigualdad preexistente, y de poner fin a la situación de ciudadanía de segunda a la que durante décadas se ha sometido a los y las euskadunes y euskaltzales de esta ciudad, con una oferta pública condicionada y cautiva, que no llegaba al 10% en el 0-3, y estaba concentrada en un solo barrio, frente a una demanda creciente por toda la ciudad que han tratado de mantener oculta. Con los cambios introducidos por el gobierno del cambio para el curso que viene, el porcentaje de plazas de 0-3 en euskera sube hasta el 27%. Se equilibra, además, la oferta de modelos por zonas, diversificándola.

Y con todo, la oferta pública queda lejos aún del 37% que elegiría este servicio en euskera en Iruñea, como ha revelado la encuesta municipal realizada durante el último proceso de prematrícula. A estas alturas es evidente que la única «razón» –si puede llamársela así– de UPN para negarse a hacer la citada encuesta cuando estaba en el gobierno era, precisamente, evitar darse de bruces con una realidad social que contradice su sectarismo.

Y es por ello que, en su empeño por continuar imponiendo su voluntad, UPN está utilizando el descontento de un reducido grupo de padres y madres, que han recurrido las modificaciones en los tribunales. Pero, ojo, no alegan que el cambio de modelo sea «una imposición», como se dice públicamente (que si vamos a los datos es obvio que no lo es), sino porque implica un cambio también del personal cuidador que, afirman, afectaría negativamente a sus hijas e hijos. Claro que, bajo este argumento no cabría hacer ningún traslado en la educación pública, ni afrontar las bajas o las jubilaciones, ni formalizar sustituciones o hacer nuevas contrataciones…

Afirmamos que la suspensión cautelar decretada por el juez a petición de estas familias es desproporcionada y arbitraria por esta razón, y porque solo tiene en cuenta el caso particular de estas 52 familias, sin valorar los derechos de las otras 1.200 a las que afectaría y perjudicaría la medida, al dejar en el aire todo el proceso de matrícula. Todas ellas han ejercido su libertad de opción, que ahora quedaría en suspenso.

Cualquier mente sana entiende que una ciudad plural y con dos lenguas es social y culturalmente más rica, y que las instituciones públicas tienen la obligación de dar cauce y fomentar el desarrollo, en igualdad de condiciones, de ambas. Cualquier persona entiende que los padres tienen derecho de decidir en qué idiomas escolarizar a sus hijos. En el caso de Iruñea, ello supone corregir la situación de desigualdad del euskera, y en particular, dar un trato igualitario a todas las madres y padres en su derecho a elegir libremente la lengua propia en la que quieren educar a sus hijas e hijos, así como la lengua propia en la que se quieren dirigir a la administración.

La situación minorizada del euskera aquí no es fruto de un proceso «natural». Todos sabemos de los efectos históricos nefastos de la represión franquista sobre su uso, transmisión y presencia social y pública. Pero más sangrante es la continuación de esa actitud de fobia, persecución y menosprecio posteriormente, de la mano de la derecha ultranacionalista española y antivasca de UPN. Si hoy la derecha llamada a sí misma navarra emprende una nueva cruzada contra el euskera, contra los incipientes pasos dados (o incluso solo anunciados) por los gobiernos del cambio para corregir la profunda desigualdad que sufre esta lengua, es porque pretende consolidar, desde la oposición y utilizando la presión, la política discriminatoria que ha impuesto sobre la lingua navarrorum durante décadas, mientras ha gobernado, de la mano del PSN.

No es este gobierno, fueron todos los anteriores los que negaron a miles de padres y madres de Pamplona su derecho a matricular a sus hijas e hijos en el modelo lingüístico que deseaban. No ha sido el actual gobierno, fueron los anteriores los que, en su obsesión ideológica sectaria, pusieron límites legales a la expansión del modelo D en la educación pública y, en consecuencia, el uso normalizado del euskera como lengua de transmisión del conocimiento. Recordemos si no la energía invertida por los mismos sectores que hoy rechinan ante los pasos dados por los gobiernos del cambio en impedir la normalización del euskera en la UPNA o en la FP. Hace unos días el señor Esparza hacía nuevamente alarde de su fanatismo al prometer que, si llega al poder, eliminará la opción de estudiar en euskera en toda Navarra. Han forzado a dejar de emitir a ETB. ¿Qué más ejemplos necesitamos?
     
UPN y PSN están dejando muy claro que el espacio de desarrollo que consideran «tolerable» para el euskera es el reservado para las piezas de arte en los museos. No lo quieren como herramienta de trabajo y de comunicación, en las calles ni en nuestra administración. No lo quieren como vehículo de transmisión del conocimiento ni de cohesión de la sociedad. Esperan que los bilingües –entiéndase, en las dos lenguas propias de Navarra– nos autolimitemos y aceptemos mansamente que no se nos hable en euskera en la administración, y que no se nos valore su conocimiento, tras haberlo obtenido durante años de esfuerzo. Que no podamos, por saber dos idiomas, optar a más puestos de trabajo que otros que saben un idioma menos. Que no podamos utilizarlo porque sí, porque es nuestro y queremos hacerlo. Quieren que renunciemos a derechos, nos humillemos a nosotras y nosotros mismos, y a nuestras hijas e hijos.

El día 4 de junio tenemos la oportunidad de decirles en la calle, alto y claro, que queremos vivir en euskera. Que defenderemos nuestros derechos como navarros y navarras de primera.