El silencio de los pastores

La amplitud de los problemas que afectan hoy a Euskal Herria mantiene el conflicto que impide caminar hacia una convivencia y paz construidas desde la justicia en todos los ámbitos de nuestra convivencia. Esta situación, lejos de permitir entrar en vías de solución, continúa agravándose y conlleva el peligro de prolongarse con el paso del tiempo. Por ello Amnistía Internacional urge una agenda de derechos humanos en el País Vasco.

2017/03/21

Para bastantes personas la responsabilidad recae en determinados agentes políticos e instituciones estatales que obstaculizan con diversos intereses partidistas el proceso de soluciones eficaces. Siendo esto cierto, también hay que reconocer que otras instituciones de nuestro entorno también son responsables por su falta de compromiso e ineficacia. Porque no se trata solo de un problema político, sino que su alcance es profundamente ético y les afecta directamente desde su competencia y responsabilidad.

De una manera especial pienso que a la Iglesia vasca no sólo por su constatada aunque decreciente influencia, sino sobre todo por su razón de ser y responsabilidad ética en la construcción de la paz y promoción del bien común, determinadas conculcaciones de derechos e injusticias le urgen, de manera especial, a implicarse en la defensa de las personas afectadas. Ciertamente hay comunidades, grupos y organismos cristianos que lo hacen a su modo, aunque su voz tiene un eco limitado. Sin embargo llama la atención que quienes tienen la primera responsabilidad institucional, los Obispos vascos, «pastores de su Iglesia», callen ante situaciones de evidente gravedad. Indico algunas particularmente urgentes.

Ha quedado probada la grave vulneración de derechos humanos en la práctica de la tortura de la que, desde 1947 hasta hoy, se han comprobado 5.657 casos (4.009 entre 1960 y 2.013, según el Informe del Instituto Vasco de Criminología). En esta aberrante práctica han estado implicados de una u otra forma, gobiernos, instancias judiciales, policía, medios de comunicación. Sin embargo no se ha oído una voz de denuncia colectiva por parte de la jerarquía vasca en estos últimos años, ni han manifestado públicamente su apoyo a estas víctimas. Obispos anteriores lo hicieron ante casos flagrantes y denunciaron sin paliativos esta lacra. Ahora cuando informes acreditados lo han puesto de manifiesto con los datos citados, sigue siendo un momento de especial urgencia para expresar su denuncia ante esta práctica, exigir justicia y reparación y manifestar su solidaridad con quienes han padecido y sufren sus consecuencias.

Otras situaciones de comprobada gravedad son el alejamiento por razones políticas y vengativas de presos y presas vascos con las penosas consecuencias para sus familiares, según informa continuamente Etxerat, y el mantenimiento en prisión, contra todo derecho, de quienes están gravemente enfermos, como lo denuncia Sare. Se ha requerido en varias ocasiones la intervención de los Obispos actuales. Pero no ha habido respuestas y tampoco acompañamiento a familiares.

En la raíz de la conflictividad con el Estado español debe subrayarse, como ya lo hicieron  Obispos anteriores de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, «el derecho cívico a la libertad de sostener y promover por vías pacíficas» modelos diversos de relación, también «la aspiración soberanista» (Carta Pastoral “Preparar la paz”, 2002). El derecho a decidir entra, por tanto, en este derecho más allá de la ley constitucional. El mismo Papa Francisco así lo ha afirmado:  «La paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en los derechos de los pueblos particularmente el derecho a la independencia» (Bolivia 2015). Pero esta preocupación parece estar muy lejos hoy de la agenda episcopal vasca.
Cuando ante un paso tan decisivo para la paz como es el desarme de ETA, los gobiernos español y francés siguen poniendo obstáculos a su decisión firme para su realización avalada por organismos internacionales, pedida por el Foro Social y la Comisión Internacional de Verificación, también sería importante que los Obispos expresaran su apoyo a un proceso que puede llevarse a buen fin si no fuera por intereses políticos que lo dificultan sistemáticamente.

En otro orden de cosas, en concreto ante la situación económica, los Obispos expusieron, con extensión y acierto a mi entender, su punto de vista en la carta pastoral «Una economía al servicio de las personas» (2011). Pero el problema no se ha resuelto, a pesar de los informes optimistas del Gobierno vasco. Según estima Elkartzen, un tercio de la población de Euskal Herria sobrevive por debajo del umbral de pobreza (999,78€). Un 10,9% de la población de Euskadi se encuentra en riesgo de exclusión y situaciones de pobreza grave, que afectan también al 9% de la población infantil; los sindicatos  denuncian el empleo precario y, como en estos días se ha denunciado con especial insistencia y razón; la mujer sigue siendo discriminada en el trabajo y víctima social de la desigualdad y de la violencia de género. Son consecuencias de la ideología neoliberal que genera «una economía que mata», en palabras del Papa Francisco. Ante esta situaciones no basta el ejemplar e imprescindible trabajo de Cáritas y otros grupos. Para contribuir a lograr un bienestar e igualdad justos, la voz de la Iglesia debe ser permanente, clara y rotunda: «Los pobres, la apuesta por los pobres, es el termómetro de nuestra espiritualidad, de nuestros gastos, de nuestras prioridades, de nuestra organización eclesial también… La oración, sacramento de la penitencia y eucaristía dominical son cuestionables sin el aterrizaje en el bien de los pobres», afirma el Obispo de Vitoria en su carta pastoral de Cuaresma.

Un problema secularmente irresuelto, principalmente por razones políticas, sigue siendo la «Provincia Eclesiástica Vasca» dividida entre dos arzobispados: Burgos y Pamplona. Hace unos días, respetando la identidad de cada comunidad, se dio el paso significativo de la participación de Nafarroa en la Eurorregión como miembro de pleno derecho. Sin embargo, la situación administrativa eclesiástica sigue siendo una anomalía, especialmente por razones pastorales, cuando los mismos Obispos de Euskal Herria sur se relacionan en Cartas pastorales conjuntas y actividades institucionales. Pero su unión oficial está detenida en el silencio de la hibernación, cuando debiera ser respuesta eficaz a una petición numerosas veces expresada para configurar una Provincia Eclesiástica dentro de la archidiócesis de Pamplona con Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

La Jerarquía hace oír su voz, ciertamente, ante otros graves y numerosos problemas que nos afectan como Iglesia vasca. Aunque han pasado los tiempos de su influencia dominante y su voz es una más, aunque significativa y mediática en ciertos temas, es necesario que la sensibilidad, también ante los problemas indicados, se escuche como denuncia de injusticias y propuesta de una paz basada en la justicia, en solidaridad con quienes más sufren, y en la realización de la verdad, la justicia y reparación. Si los Obispos callan, legitiman que comunidades parroquiales se consideren también ajenas a esta  grave y amplia problemática humana y social.

En la medida en que, más allá de ambiguos silencios y ausencias, la Iglesia vasca responda con valentía y audacia, también en la voz de sus Obispos, será creíble, aportará esperanza eficaz y podrá contribuir a que en Euskal Herria se abran caminos de justicia hacia la paz.

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