Como todo el mundo que ha trabajado en la hostelería en SF sabemos, es más que probable que el 95% de los extras que trabajan en fiestas no tengan contratos legalmente. Trabajan en una situación de irregularidad e ilegalidad y, para colmo, en los últimos años, las condiciones laborales y económicas han empeorado más si cabe que las propias de trabajar en esas condiciones: sin indemnizaciones por despido, sin bajas, trabajar con esguinces, cortes, salarios cada vez más bajos de hasta 5 euros la hora en algunos sitios, etc. En contraste, es más que probable que con tan sólo dos días de caja (6 y 7) cualquier establecimiento hostelero cubra sueldos y gastos, con lo que son 7 días de beneficios limpios para las empresas. Bien harían las susodichas asociaciones en reclamar a sus asociados la contratación legal en SF, que se page bien y dejar de poner el foco de atención, para despistar, en una gente que lo único que hace es sobrevivir. La cantidad de gente sin contrato en hostelería es mucho mayor que la supuesta «invasión de manteros» que dicen ha habido. Son, por cierto, trabajadores ambulantes, personas con familias, historias, nombres y apellidos a las que se apunta con medidas policiales del pasado y con términos muchas veces despectivos en ciertos contextos como el de «manteros». El comunicado se lava la cara hablando de medidas de inserción laboral para dichos vendedores, pero está más que claro cuáles son sus verdaderas intenciones en foros donde se les convoca en exclusiva, como la Mesa de SF, que carece de organizaciones sindicales y de parados-as, como debiera. Animo a estas organizaciones a que soliciten inspecciones de trabajo a los grandes de la hostelería para comprobar cómo cientos de trabajadores y trabajadoras son explotados sin contrato y están a merced de una ley del silencio impuesta por un sector que se ha mal acostumbrado a tener la sartén por el mango. Eso sí, ante los gobiernos de turno que son perfectamente sabedores de esta situación.

Piden a la policía que atajen desde la raíz las supuestas redes mafiosas. Podrían empezar por la primera red, la del capitalismo mafioso de los países europeos que roban la pesca en las costas africanas y asiáticas, extraen los minerales a precio de ganga para nuestros lujosos móviles (sino regalados a base de sostener regímenes dictatoriales), arena de sus playas para la construcción de nuestras bonitas casas y un largo etcétera de corruptas maniobras económicas como la utilización de mano de obra barata (incluso críos) y aprovecharse de condiciones ajurídicas que permiten la contaminación sin restricciones. Marcas como Nike, Adidas, Puma, Calvin Klein… sobre las que se habla, defendiéndolas, en nombre de la legalidad con apelativos como «competencia desleal» y «fraude» por sus imitaciones. Después del colonialismo y con la nueva oleada neocolonial y sus guerras de petróleo de sangre, es Europa la que tiene una gran deuda con toda esa gente, para que encima sean tratados policialmente como si fueran una invasión de cucarachas a las que se puede fumigar. Porque efectivamente el comunicado rebosa de mucha policía y una patina de corrección política para justificar medidas represivas e intereses espurios. Podrían hablar de prácticas habituales como el coger camareros y camareras los días previos a SF, especialmente fin de semana, y votarlos con la escusa de un trabajo insatisfactorio y sin pagarles nada «por estar a prueba». O también de la declaración en la seguridad social de nóminas de menor cuantía, en el extraño caso de contratación, e incluso, de los lugares donde ni tan siquiera se estipula un cochino momento para que los trabajadores y trabajadoras puedan comer o cenar, teniendo que recurrir al sustento clandestino.

Una mesa sectorial, socioeconómica de los SF, tendría muchos asuntos que tratar: desde la reventa de las entradas de la MECA hasta el sector de las limpiezas, estos con contratos, y sus míseros sueldos de 700/800 euros por trabajar con basura chorreando. ¿Cuánto se embolsa el gerente de FCC por «derechos adquiridos»? Pasando por la verdadera distribución equitativa de los puestos de la Taconera o la prostitución. Esta mesa podría contar con múltiples agentes sociales, y, a mi modo de ver, ahí sobraría la policía, porque todo el mundo tiene derecho a sacarse las castañas. Pero hay una gran diferencia. Mientras que estos vendedores ambulantes y muchos en pequeños puestos que también venden artesanías, realizan peinados, pintan caras de niños y niñas o venden baratijas como las de cualquier otro mercado popular, trabajan por pura sobrevivencia; las pingues ganancias de algunos empresarios de hostelería sirven para pagar sus chalecitos o sus cochazos y vacaciones de lujo. Sería una muy mala política si los gobernantes de los 50/60 mil euros al año pretendieran en nombre de la normalización sacar tajada de esos supervivientes y continuar con las medidas policiales.

Habría que analizar si no es la política de la hostelería de machacar con precios al personal en SF la responsable del reflujo turístico de los últimos años; lo que nos ha obligado a todos a hacer el famoso «botellón» en el sentido más extenso del término, pues incluso el vecindario nos bajamos bebida y comida para no gastar el dineral que cuesta salir en los SF. Es precisamente a lo que va el comunicado, lo uno, la venta ambulante, mezclado con lo otro, el tema de las tiendas que venden de todo; lo que deja entrever claramente a lo que realmente va. Decir que la hostelería paga sus impuestos y cumple con sus obligaciones fiscales, cuando está invadida de precariedad laboral, y apuntar al mismo tiempo hacia otros más débiles, no es más que otro modo de picaresca. Animo desde estas líneas a todos los trabajadores y trabajadoras de la hostelería a que no se dejen embaucar, a la denuncia y a la protesta.

Si lo que se pretende son unas fiestas de élite controladas por los poderosos del comercio y la hostelería, habrá que ejercitar también, como consumidores, un consumo responsable. Hacer boicot a la cantidad de establecimientos de hostelería que mantienen condiciones de precariedad laboral.