Queremos subrayar dos elementos esenciales en Cataluña. El primero, la movilización social: organizada, civil, pacífica, democrática, muy enraizada, no partidaria y transversal entre quienes defienden que Cataluña sea sujeto político y decida su futuro. Se quedan fuera quienes lo niegan. El segundo elemento, el acuerdo entre partidos favorables a la consulta, que, sacando conclusiones del portazo del Estado a sus reivindicaciones, han concluido que solo tienen futuro confrontando democráticamente. Esos partidos y sus instituciones han decidido hacer pedagogía política frente a la negación. ELA aplaude el despertar de los debates políticos y democráticos. Estaban tutelados o proscritos. Produce satisfacción que el debate democrático no quede cautivo por unas élites que deciden entre ellas sus límites. Vivimos tiempos interesantes.

ELA subraya, además, la idea de proceso. En Cataluña el proceso es innegable. Cuando quienes conforman la ANC iniciaron el camino no creían que en pocos años verían esta foto. Las realidades se pueden cambiar. Liderazgo, visión estratégica, valor del trabajo en común, capacidad de propuesta e ilusión… son parte de sus virtudes. Decidieron que todo no termina, ni mucho menos, en la vida institucional y partidaria y que, para conquistar derechos, hay que empujar a la clase política. Hoy, esa movilización social sostiene el proceso; le da credibilidad, y pone muy difícil un acuerdo de élites que frustre las expectativas generadas.

En Cataluña, en Escocia y en Euskal Herria quienes defendemos la soberanía de nuestros  pueblos aceptamos que nuestra opción pueda perder en un referéndum. Sin embargo, el Estado español y los garantes del pacto constitucional (PP y PSOE), no. Niegan la posibilidad de votar porque no aceptan perder.

El Estado español está en franca involución en todos los órdenes. En lo político, social, jurídico… Su confianza para poner punto final al proceso soberanista, una vez más, se sitúa en el Código Penal y en un Tribunal Constitucional cuya composición deciden PP y PSOE.

Visto desde Euskal Herria, ELA ve elementos comunes y notorias diferencias con Cataluña. No hay diferencia en cuanto a la relación con el Estado. La agenda estatal para Euskal Herria es unilateral, por más que el Gobierno Vasco quiera hacer creer otra cosa. Es y lo va a seguir siendo. Es unilateral y, sin embargo, los partidarios de la soberanía no somos capaces de acordar unos mínimos comunes para confrontar con el Estado. Un gran hándicap. Además, la estructuración de la movilización social en nuestro país tiene por delante mucho camino que recorrer. Si queremos que tenga futuro no debe ser instrumental para nadie. Un dato más, en Cataluña, más de 700 ayuntamientos sobre un total de aproximadamente 900 se han declarado independentistas.

¿De verdad la agenda del Estado es unilateral en todos los órdenes? Lo es respecto de la normalización política; también en materia de autogobierno, con un Estatuto irreconocible a fuerza de legislación básica y un Amejoramiento cada vez más irrelevante… ¿Y en el orden social y económico? ¿Es unilateral? No. El Estado acuerda con Europa la política económica y social (ajustes y reformas estructurales), pero su aplicación en Hego Euskal Herria se acuerda con los gobiernos de Gasteiz e Iruñea. Solo existe bilateralidad con el PP y el Estado para acordar las políticas económicas y sociales que sufrimos. En el resto, el Gobierno Vasco carece de pulso político y   limita su denuncia de la uniformidad centralizadora a presentar recursos al TC, veinte años después de asegurar que no volverían al mismo por tratarse de un órgano político. La misma «agresividad» con Madrid que la que muestra UPN.

Una política social más justa atraería a muchas personas al proceso soberanista (igual que en Escocia). Sin embargo, los acuerdos se producen para aplicar políticas antisociales; para castigar a las personas que más lo necesitan. A pesar de dar apariencia de controversia Gasteiz acuerda todo: cumplir el déficit y el pago de la deuda; privatizar Kutxabank; la política fiscal; destinar cientos de millones de euros a un TAV ruinoso… La suerte del soberanismo va unida al modelo de sociedad, no como un objetivo a alcanzar –que también–, sino como una pieza básica que acompaña al proceso desde su inicio. Muchos escoceses no independentistas votan «yes» porque repudian que el poder político de Londres trabaje para la City. Simplemente están hartos. También aquí muchas personas que no son soberanistas estarían dispuestas a recorrer este proceso, pero no con estas políticas.

Las fuerzas políticas catalanas –así nos lo han dicho– lamentan que, en el momento de mayor enfrentamiento político con el Estado desde 1978 en clave de reconocimiento nacional, el Gobierno Vasco y el PNV renuncien a cambiar los registros políticos. Crear en el Parlamento Vasco una Comisión para el autogobierno supone repetir lo que se hizo con el Estatuto Político, que, tras el sopapo de Madrid al Lehendakari Ibarretxe, se guardó en un cajón. Renunciar a la pedagogía política sobre el «no» del Estado supone optar por dormir el conflicto político mientras el Estado sigue de cosecha. Y mirar con desconfianza a la movilización social supone priorizar los acuerdos de élite; acuerdos que en los últimos años se han saldado con renuncias políticas por parte vasca. Desde la LOAPA la calle no ha existido.

Hoy, en relación con Cataluña, las diferencias vencen a las similitudes. Aquí priman los espacios de competencia y así no hay proceso. ELA apoya a plataformas como Gure Esku Dago, y anima a su afiliación a participar. Los nuevos referentes políticos, tanto en el conflicto social como en el nacional, no llegarán sin movilización social.