Maribel Vaquero Montero
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco

Hitzeman: más bien «la gestión vasca de la racionalidad ética y democrática»

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco se refiere al artículo sobre Hitzeman de Julen Arzuaga, parlamentario parlamentario de EH Bildu y miembro de la comisión que preside Vaquero, publicado en GARA la pasada semana, y defiende esa propuesta de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia.

No es fácil comprender la descalificación que Julen Arzuaga hizo hace unos días en este periódico en contra de Hitzeman, el programa de apoyo a los procesos legales de resocialización de presos, presentado por la Secretaría General para la Paz y la Convivencia.

El Gobierno Vasco se ha comprometido, tal y como EAJ-PNV recogió en su programa electoral. Ha realizado una propuesta viable para apoyar y fomentar la resocialización de los presos y presas vascos. Ha dejado claro que es una «propuesta» y que abre un periodo de cinco meses para buscar consensos con las fuerzas políticas, con el mundo asociativo, con el Gobierno español y con los propios presos y sus asociaciones.

Julen Arzuaga ha cargado con palabras gruesas contra este planteamiento. De su artículo, voy a obviar dos cosas. La primera, un tono que no es de recibo. La segunda, el hecho de hacer decir al Programa Hitzeman lo que no dice, para después descalificarlo sin pudor por decir eso que, en realidad, no dice.

Me centraré en lo que es más estrictamente político. Su argumento principal es que la Propuesta Hitzeman, al apoyarse en el marco legal, «legitima y avala la legalidad de excepción». Todo el artículo da vueltas en torno a este argumento; pero es un argumento que se rebate con mucha facilidad.


Hitzeman es una herramienta que parte de la legalidad, precisamente, con el objetivo de superar la excepcionalidad. De hecho, su pretensión es hacer que la resocialización vuelva a los cauces de normalidad y salga de la excepcionalidad. Con eso queda rebatido todo el argumento descalificador de Arzuaga. Aquí podría terminar este artículo; pero quedaría un poco corto.

De hecho, me gustaría apuntar, por ejemplo, que en la parte introductoria del Programa Hitzeman se enumeran las modificaciones que defiende el Gobierno Vasco en política penitenciaria (transferencia de prisiones, acercamiento, igualdad en los beneficios ordinarios, etc., es decir, desactivar la excepcionalidad de la política penitenciaria). Todas esas propuestas de modificación son puntos de acuerdo que ya existen en la sociedad vasca, entre grupos parlamentarios y que el Gobierno Vasco hace suyas.

Siendo esto así, y siendo tan fácilmente comprobable, cuesta entender por qué motivo Julen Arzuaga trata de hacer ver que ese consenso no existe. ¿Por qué quiere dar a entender que el Gobierno Vasco está de acuerdo con las políticas de excepción cuando sabe que no es verdad? ¿A quién beneficia esta distorsión de la realidad? ¿A los presos y presas? ¿Cree acaso la izquierda abertzale que puede resolver en solitario la política penitenciaria? Y, si es que no, ¿cómo piensa hacerlo?, ¿con artículos como el citado, arremetiendo con todo y negando acuerdos que ya existen?


Sinceramente, no es fácil de entender. Volvamos al argumento central. Según Arzuaga, Hitzeman «se apoya en el marco legal» y, por tanto, «legitima y avala la legalidad de excepción». El argumento es tan débil que se deja en evidencia con un ejemplo muy sencillo.

Según la tesis de Arzuaga, apoyarse en una legalidad que no se comparte es avalarla, legitimarla, incluso apoyarla. Cabe preguntar a la izquierda abertzale si considera que la Ley de Partidos o la Ley de Banderas forman parte de una legalidad de excepción.

Lo digo porque… Sortu ha acatado y cumplido la Ley de Partidos a rajatabla, incluso en exceso, podríamos decir. Por ejemplo, entre otros, el artículo 3.B de sus estatutos no tiene desperdicio. En el Capítulo Preliminar se afirma que la Ley de Partidos forma parte del «canon de legalidad ordinaria y constitucional», conforme a la que se constituye Sortu. Por otra parte, los alcaldes de Bildu no desobedecen precisamente la Ley de Banderas y ponen las españolas en los ayuntamientos vascos con toda normalidad.

¿Significa esto que Sortu o los alcaldes de Bildu avalan o apoyan la legalidad de excepción? Yo creo que no, pero siguiendo la argumentación de Julen Arzuaga, habría que decir que sí. Más preguntas. Si alguien para ser parlamentario o alcalde se puede apoyar en la legalidad vigente, ¿por qué motivo para mejorar la situación de un preso o para agilizar su reinserción no se va a poder hacer? Cabe recordar que en diciembre del año pasado, el colectivo de presos manifestó estar de acuerdo en que estos procesos se desarrollen mediante «vías legales», de «modo progresivo e individualizado» y con la «disposición a analizar la responsabilidad individual» de cada preso o presa.

Asimismo, el Foro Social pidió propuestas concretas sobre resocialización. Pero, a día de hoy, seguimos sin conocer la propuesta de la izquierda abertzale para el colectivo de presos más allá de la pancarta. Sin embargo, el Gobierno Vasco ha puesto sobre la mesa Hitzeman, una propuesta concreta. Mucho más concreta que refugiarse en una convocatoria anual de gran manifestación, o en la reclamación exclusiva del acercamiento, obviando la posibilidad de alcanzar otros beneficios penitenciarios que mejorarían de forma evidente la vida de tantos presos.

Por cierto, no me resisto a señalar la coincidencia literal en la crítica a Hitzeman de Pernando Barrena y el Ministro del Interior. Ambos de acuerdo en censurar al Gobierno Vasco «porque no tiene competencia». Se equivocan: El Gobierno Vasco tiene competencia para impulsar Hitzeman y, además, tiene la voluntad y la responsabilidad necesaria para hacerlo.


El artículo de Arzuaga se titulaba: “Hitzeman, la gestión vasca de la excepción española”. En mi opinión, Hitzeman representa «la gestión vasca de la racionalidad ética y democrática». Y responde a una pregunta muy compleja para la que la izquierda abertzale no ha dado todavía respuesta: ¿Cómo se plasman de modo viable, legal y concreto, los procesos de resocialización de los presos de ETA?

Sin ánimo de polemizar he pretendido dar un punto de vista diferente al expresado por Julen Arzuaga. Con independencia de las iniciativas legislativas concretas que vayamos a impulsar para desactivar la legislación de excepción, Hitzeman necesita de un recorrido. De todas formas, mi objetivo principal es subrayar el siguiente mensaje porque esto es lo que me parece realmente relevante desde el punto de vista político: Hitzeman es una propuesta abierta a ser mejorada y abierta a la colaboración. No es obligatoria, a nadie se le impone. Si a alguien no le gusta, tiene la plena libertad para presentar una propuesta mejor. En todo caso, tenemos por delante, como mínimo, cinco meses para dialogar con seriedad y claridad sobre una cuestión tan importante como compleja. La mano está tendida.

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