No podría estar más de acuerdo con esa apreciación; creo que se trata de un enfoque correcto, pero destaca por contradictorio con la postura que mantienen el gobierno Urkullu y la Secretaría General de Jonan Fernández en particular en lo referente a la relevancia que otorgan a la lectura del pasado y el tono vindicativo que esa exigencia destila. Cabría pensar que el Gobierno de Gasteiz también se inspira en parecidos términos de “justicia vindicativa” cuando en el Plan Hitzeman o en lo que se refiere a la Izquierda Abertzale se exige constantemente una lectura crítica de posiciones anteriores; en definitiva, abominar del pasado.

Me atrevería a decir que esa posición, esa visión también es de carácter vindicativo porque pretende nada más y nada menos que obligar a una persona o al espacio político con el que se identifica a decir lo que no piensa con el objetivo de una supuesta rehabilitación personal o política que en la realidad tiene más que ver con la busqueda de un resarcimiento de parte o revancha en lo relativo a las posiciones políticas mantenidas en el pasado.

Pero, ¿estamos hablando solamente del pasado? Es lógico concluir que no, que en realidad lo que se pretende es condicionar el futuro por la vía de exigir el establecimiento de responsabilidades unívocas por el pasado. Y ese enfoque es altamente vindicativo en sí mismo porque lo que pretende con esa exigencia de autocrítica y la imposición de una visión unilateral o de parte es que esa persona (el preso/a) o el colectivo al que pertenece (la Izquierda Abertzale) se reconvierta a una posición/opinion/visión coincidente con la de los que la exigen; y en consecuencia esa persona, sus opiniones y el colectivo político que la representa queda totalmente inhabilitado para plantear alternativa política alguna en el futuro.

La exigencia unívoca de autocrítica, además de descargar toda la carga del pasado sobre la Izquierda Abertzale y frivolizar de manera inaceptable con las responsabilidades propias, interesa especialmente a quienes ven como un riesgo político a combatir el crecimiento del independentismo de izquierdas. Así las cosas, lo que se pretende es disminuir en la medida de lo posible el potencial político de dicha opción porque, ¿cómo va a liderar algo sector politico alguno que acepte públicamente que lo que hizo en el pasado fue un error? La exigencia de autocrítica solo a una parte (la Izquierda Abertzale), la prolífica y sospechosa difusión a diestro y siniestro de mantras de nuevo cuño como “la injusticia de la violencia” siempre referida única y exclusivamente a la practicada por ETA, o la categorización de la violencia en base al binomio acuñado por el “plan de paz” del gobierno Urkullu “violencia de ETA/contraterrorismo ilícito” persigue como objetivo principal anular a la Izquierda Abertzale como alternativa hegemónica al nacionalismo institucional y debilitar a la principal referencia política del independentismo que la representa.

Todo esto también forma parte de una visión vindicativa, de marcado carácter político-partidista o cuando menos políticamente encaminada; esa posición pretende debilitar la posicion política del contrario en beneficio de la propia, y no desde luego asentar nuevos esquemas para la reparación de las victimas o la propia convivencia social.

Este último extremo es especialmente grave porque viene a constatar que la Secretaría General para la Paz y Convivencia del gobierno de la  CAV que dirige Jonan Fernández funciona como una herramienta del PNV para el desgaste permanente de la Izquierda Abertzale y sus posiciones políticas, y no como instrumento para esa Paz y Convivencia que la titula. Declaraciones como las de Jonan Fernández dando pábulo a los insultos que recientemente profirió Andoni Ortuzar contra SORTU en las que añadió que “la Izquierda Abertzale no respeta al diferente” (http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/12/15/548eab0aca474143498b4579.html) así lo evidencian y y de ese modo alejan enormemente a la Secretaría General de Fernández de los objetivos para los que supuestamente fue creada.