La fe en la honradez absoluta de todo el mundo nos llevaría a la inacción, y por ejemplo a no adoptar medida anticorrupción alguna. Porque convendrán conmigo que cualquier delito incluido en el Código Penal responde a una máxima de experiencia y a una necesidad social. Y por eso están la malversación, la apropiación indebida y otro tipo de conductas incluidas. La democracia no sospecha de nadie en concreto, pero desconfía de todas. De ahí que el debate suscitado sobre si la Iglesia Católica debe o no rendir cuentas sobre el dinero público que recibe es un debate ciertamente sorprendente.

Hay un primer grupo de argumentos que vienen a asumir que la Iglesia no debe rendir cuentas de ese dinero, porque así está dispuesto en los Concordatos firmados entre el Reino de España y la Santa Sede, que exige una memoria anual a la Iglesia, pero únicamente del dinero que ésta recibe a modo de subvenciones. Lo solicitado es la fiscalización de un dinero que llega «directamente del bolsillo de los ciudadanos y no como ayudas del Estado» de una entidad privada, por lo que a juicio del PP, es «improcedente» su fiscalización. De esta manera, la ciudadanía debe asumir que en virtud de un convenio internacional, hay una serie de cantidades de dinero que se dan directamente de los impuestos de todas a una entidad en función de una ideología concreta, en cuyo uso el Estado que recauda con sus medios y otorga, no tiene nada que decir.

El tecnicismo de que se otorgue el dinero con base en una subvención o de manera directa (más grave si cabe esto último), es una interpretación meramente legalista que viene a sancionar este estado de cosas. Pero lo que ya es un ejercicio puramente teológico es que el Portavoz del PP, Sr. Hernando se apresuró a justificar la negativa en que «no tendría sentido» que el Tribunal de Cuentas se dedicara a analizar todas y cada una de las entidades a las cuales se le da una aportación, subvención o una ayuda porque, de ser así, su trabajo «sería imposible de realizar». Además, añadió que la Iglesia es una entidad que actúa con «transparencia».

Pues nada, si no podemos controlar el dinero público que se da a la Iglesia a través del IRPF, porque se le asigna directamente y no como subvención, hacerlo sería imposible porque es un trabajo que no se puede asumir, y además la Iglesia ya es transparente, pues no hay nada más que hablar. Ya podemos estar tranquilos cuando marquemos la casilla en la Declaración. La Iglesia garantiza el buen uso de ese dinero por parte de la totalidad de sus miembros y su destino finalista… para alguna cosa, que diría D. Mariano. Al fin y al cabo, lo suyo es el negociado de la fe. En eso hay que reconocer que lideran el sector. A estas alturas del artículo quizá alguna lectora o lector ya se ha preguntado qué votó UPN en la comisión correspondiente. Pues bien, nuestros más genuinos representantes navarrísimos no dieron ninguna sorpresa. En un alarde de previsibilidad, se apuntaron a esa fe y con su decisivo voto, ayudados por la ausencia de PDCat, en una maniobra que sorprendió a todos los miembros de la comisión mixta, impusieron una vez más un silencio teológico sobre las cuentas. Los navarros de bien (en masculino en el original) no deben fallar a la Santa Madre Iglesia. Hasta ahí podíamos llegar. Y si hay que imponer la visión particular de UPN a todo el grupo mixto, pues se procede. La recompensa de quienes tienen fe está garantizada.