Porque no es fácil sustraerse a este holocausto social. Y no lo es cuando ves el saqueo llevado a cabo sobre la vida cotidiana de millones de gentes varadas en las playas de la precariedad. Y es que un 27,3% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y más de tres millones de españoles –entre los que se sienten y no se sienten–, sobreviven encallados en la extrema pobreza. Cuando hay un 8% de hogares cuyo sustentador principal lleva más de un año en el paro, cuando en un 3% de hogares ese sustentador principal no tiene cobertura de la Seguridad Social, cuando un 11% de hogares se encuentran desangelados, porque todos los que viven en él no trabajan, y cuando hay 1,2% de hogares con personas dependientes que no reciben ningún tipo de ayuda pública. Así que hay tantos «cuandos» que no es fácil ignorar todo esto. Aunque sea redundante y hayamos banalizado tanta y tan reiterada sangría. Porque tus familiares, tus vecinos y los amigos de tus vecinos reclaman una dignidad perdida tras el desempleo de más de tres o cuatro años, el corte de prestaciones o directamente los cortes de agua y luz tras los impagos imposibles. No es fácil renegar, mirar para otro lado o siquiera no pensar en la solidaridad social más primaria como arma de combate. Esa que te lleva a echar una mano a tu hermano, a tu madre, a tu hija o ese primo separado tras un desahucio indecente.

Pero la cuestión de fondo es cómo esa ingente sobredosis e inflación de solidaridad horizontal entre iguales, se está convirtiendo, por acción u omisión de los sistemas públicos de protección ultrajados y descapitalizados, en la estrategia dirigida e invisibilizada de la nueva gestión neoliberal de la pobreza. Porque esta instauración de la caridad privada, la que nos sale del alma, con vocación social y aceptada como un valor innato de la gente a pie de obra y voluntarios de todo tipo y condición, está contribuyendo al apuntalamiento discursivo del final del estado social y democrático de derecho. Porque esa caridad bien entendida rompe, a sabiendas o no, con el principio de igualdad vital en democracia social. Cuesta decirlo pero en esto también, como dice Marta Sanz, los que sin creer que forman parte del discurso dominante, cada día lo apuntalan.

Y es que frente al descalabro de los sistemas públicos de protección social, frente a la saña de los recortes en los principales seguros vitales que nos han proporcionado más o menos seguridad ante la adversidad, frente al acoso y derribo de lo público como estructura de protección; no pocos colectivos civiles y religiosos, oenegés, entidades privadas de solidaridad con y sin ánimo de lucro y grupos ciudadanos de variada tipología, han izado la bandera de la desigualdad y la pobreza como formas de solidaridad redencionista. Numerosas iniciativas sociales y de apoyo mutuo tratan de salvar a la gente de los desahucios, de la pobreza, del frío, del hambre, de los cortes de agua y luz, de la precariedad y de carencia de las necesidades más básicas. Prácticas todas ellas loables, de reconocida solvencia solidaria, de gran reconocimiento social, pero que sigilosamente se formalizan como desplazamientos de las formas de distribución garantistas procedentes de los sistemas públicos. Como si los sistemas públicos, invisibilizados y descapitalizados, por no decir despolitizados, fueran incapaces de abordar este socavón social creado por la crisis. Y esto tiene efectos secundarios de obligada lectura.

Los medios de comunicación al servicio de la ideología neoliberal dominante están fabricando un discurso tras el cual ese tercer sector de carácter benéfico es presentado como el único actor posible para responder a las situaciones de emergencia, pobreza y precariedad generalizada. Y eso provoca, no ya una desconfianza en los sistemas públicos, ultrajados como ineficaces por la ideología ultra neoliberal, sino algo mucho peor: su retirada simbólica del imaginario colectivo como sistemas correctores de las desigualdades. De ahí a aceptar la caridad bien entendida y la beneficencia intensiva como únicas posibilidades para salir de la ciénaga vital, va solamente un paso: la aceptación merecida de la perdida de ciudadanía reconvertida ahora en un sucedáneo de ciudadanía premiada con prestaciones graciables.

Pero a lo mejor es verdad. A lo mejor es verdad que lo público, obligado por el salvaje plan de recortes del gobierno del PP ha desertado de sus responsabilidades y faltan guardaespaldas sociales. Pero seamos claros, esta inflación de solidaridades al por mayor está generando, como se decía más arriba, efectos perversos. Para quien suscribe, el más importante es la creciente desciudadanización e infantilización clientelar de las poblaciones más necesitadas, las más débiles, las que menos capacidad de gestión tienen sobre sus propias vidas. Porque esa nueva gestión de la pobreza y la desigualdad, auspiciada por el discurso mediático que pone el foco en la responsabilidad solidaria de ese tercer sector «buenista» y voluntarista, sustrae a los más frágiles de toda capacidad de presión y negociación garantista. Más aún, los autoinculpa de su mala racha vital y los perpetúa en esa categorización de excedentes sociales al establecer una relación clientelar desigual. Y más, los estigmatiza como nuevos pobres dependientes de la buena voluntad ajena que ha perdido de vista la ciudadanía social.

No obstante, no negaré la función complementaria de este tercer sector empeñado en el rescate ciudadano. No negaré su valía, ni sus logros. Pero urge una revisión de su ubicación en el actual escenario de crisis, de su papel, de su rol social y económico y sobre todo de su responsabilidad ante este matadero levantado tras la sangrienta crisis padecida y gestionada por el PP. Porque cuando se está normalizando la beneficencia en el espacio social admitiéndose como única alternativa redentorista ante la falta de respuestas públicas garantistas, algo grave está ocurriendo. Porque estas actuaciones y dinámicas ni reparten ni generan igualdad, dosifican migajas de solidaridad arbitraria, dependiente y clientelar.

Para finalizar, son los sistemas públicos los que deben liderar los procesos de protección social. A ellos corresponde dinamizar planes integrados y coordinados de salvación social desde perspectivas universalistas. El cambio político, si es que se consuma, liderado por una izquierda mixturada, tiene una agenda pública que recuperar. Son los servicios sociales públicos, que por cierto requieren un cambio de modelo de intervención ante las nuevas necesidades, quienes deben liderar la lucha contra las desigualdades. Porque ellos son los garantes de la solidaridad vertical y distributiva, quienes a través de sus dispositivos garantizan la condición universal de ciudadanía. Algo que hoy está bajo mínimos.