David Cobos
Alcalde de Atxondo

La locura de la revisión del Catastro

Después de 40 años sin haberlo hecho, en 2016 la Diputación Foral de Bizkaia ha revisado y actualizado el valor de los bienes del catastro del territorio.

Desde el momento en que la Diputación anunció su iniciativa, mostramos nuestras dudas y nuestra inquietud por cuanto intuíamos que, tras tantos años, el proceso se iba a llevar a cabo con demasiada prisa. Y porque esa prisa iba a jugar contra la transparencia e información que se merece la ciudadanía. También la necesaria participación de los ayuntamientos como el que yo represento ha sido forzada. Hemos tenido que aceptar un calendario cerrado para verificar la nueva zonificación de los pueblos, cuestión determinante en el proceso por cuanto de ella dependían las asignaciones de los valores catastrales.

La revisión del catastro traía consigo una consecuencia inmediata, que es la nueva norma foral que regula el impuesto de bienes inmuebles, el IBI.

Pese a que el examen de los valores catastrales, tal y como se ha realizado, no ha sido de nuestro agrado, y que desde el principio hicimos saber nuestras reticencias ante el modo en que se planteaba, siendo conscientes de su importancia y haciendo valer nuestro compromiso con las personas, nos implicamos de lleno en el proceso de elaboración de la norma foral del IBI, con propuestas detalladas y con una clara intención: conseguir la norma más adecuada para Bizkaia.

Las Juntas Generales aprobaron la nueva norma en junio. Algunos puntos los aceptamos, otros muchos recibieron nuestro voto en contra. Una vez de que la Diputación hiciera su trabajo, llegó el turno de los ayuntamientos. Había que aprobar en cada pueblo nuevas ordenanzas para regular el IBI, y, en cada caso, decidir qué tipo impositivo ejercer, a qué otorgar bonificiaciones y a qué aplicar recargos.

En nuestro caso, eso significa intentar hacer políticas a favor de una mayor justicia: cómo poner las viviendas vacías al servicio de quienes las necesitan, cómo regular el impuesto en función de la capacidad económica de las personas, y en definitiva, cómo evitar que lo que durante años no ha hecho la Diputación se convirtiera en un catastrazo en toda regla.

Los ayuntamientos hemos tenido además que compensar el vacío informativo con el que el ente foral ha llevado a cabo su parte del proceso, lo que nos ha obligado a avisar de lo que venía, asumir en exclusiva la necesidad de informar a la gente, dar cuenta de todo el procedimiento. Coloquialmente, los ayuntamientos tienen que dar la cara por la Diputación.

La Diputación puso en marcha un proceso, a través de una página web, para hacer saber a aquellas personas que poseen inmuebles o fincas cuál es el nuevo valor catastral de los mismos Una auténtica chapuza que lo único que hizo fue generar confusión. Nuevamente, los ayuntamientos tuvimos que dar la cara. No lo corrigieron y, nuevamente tarde, iniciaron el envío de cartas certificadas a todas las personas. Montañas y montañas de cartas a todas las oficinas de correos de Bizkaia, y también de fuera, pues hay que enviarlas allá donde estén empadronadas todas esas personas. Hay oficinas pequeñas que han recibido más de 3.000 cartas, que deben ser repartidas en ¡¡¡15 días!!! Una auténtica locura, y todo ello a finales de octubre.

Lo que el PNV sabía allá por junio y entonces decidió no hacer, ahora hay que hacerlo en dos semanas. Con un poco de suerte, casi todas las personas afectadas tendrán oportunidad de conocer el nuevo valor de su inmueble. Y decimos casi todas, porque no va a haber modo posible de llegar a todas en tan sólo quince días. Consciente de la que estaba montando, la Diputación decidió abrir oficinas comarcales. Nuevamente lo ha hecho sin avisar y sin ninguna consciencia de que, teniendo en cuenta todos los errores que hay, a saber, titularidades, superficies y usos que no se corresponden con la realidad, una oficina para toda una comarca es un recurso totalmente insuficiente además de farragoso.

¿Dónde acuden a quejarse las y los vecinos? ¿Dónde se presenta alguien a quien le adjudican un inmueble que ya no es suyo? ¿Dónde se dirige alguien a quien el uso que le asignan no es real? Por supuesto, otra vez a su ayuntamiento. Es decir, quienes hemos estado en un segundo plano en todas las decisiones, somos quienes aparecemos como responsables ante las quejas y el malestar de la gente.

Creo que tras 40 años sin actualizar el catastro, no es lógico querer hacerlo en unos meses, con un calendario estrecho y cerrado, y con la información y la transparencia ausentes en todo momento. ¿Cuál era el problema de llevarlo a cabo a lo largo de todo el año 2017 con mucha más tranquilidad? Los ayuntamientos nos hemos sentidos utilizados e inmersos en un proceso que más bien ha respondido a intereses políticos del PNV y de la Diputación Foral.

Además, desde el principio ha existido la tentación de que el proceso pudiera abrir la puerta a un aumento declarado de la recaudación por IBI, para, de alguna manera, poder paliar el enorme agujero que Udalkutxa ha dejado en los ayuntamientos. Es evidente, y los datos de recaudación así lo demuestran, que es la política impositiva de la Diputación la que hay que revisar desde raíz, y no comparto, para nada, que se utilicen otras vías, en este caso los recursos de los inmuebles, para tapar los defectos de la política fiscal del PNV.

Tal y como estamos haciendo en ayuntamientos con alcaldía de EH Bildu, hacemos saber nuestro compromiso de trasladar toda la información posible a la gente, de hacer pedagogía y, aunque sea tarde ya, en la medida que se pueda, de que participen en las decisiones.

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