Sabino Cuadra Lasarte
Abogado

La mala educación

Para el Gobierno del PP, la Audiencia Nacional y los grandes medios-empresas de comunicación, la cosa está clara: el independentismo es algo ligado a la violencia, o, cuando menos, a la etnicidad, la exclusión y la insolidaridad. Así, el pasado 8 de mayo, cuando Hasier Arraiz compareció en juicio ante el TSJPV y reconoció su militancia pasada en Batasuna, el diario “El País”, sin siquiera despeinarse, afirmó en titulares: «Hasier Arraiz reconoce su pertenencia a ETA». Y punto. Periodismo policial puro y duro.

Pero dejando de lado esas estridencias antiterroristas intrínsecas ya al ADN de lo políticamente correcto y su constitucional jurisprudencia, dentro de amplios espectros de la vieja y nueva izquierda española existen también preocupantes «tics» –llamémoslos así– en relación con este mismo tema.

Empecemos por preguntar: ¿ser «unionista» es ser menos nacionalista que afirmarse «independentista»?; ¿por qué en el diccionario político diario se habla una y mil veces de los nacionalistas y el independentismo vasco, catalán o gallego y prácticamente ninguna de los nacionalistas y el unionismo español? Claro está, para los unionistas españoles, que cuentan con un Estado y unas instituciones asentadas en siglos de historia, la autoafirmación nacionalista-españolista es bastante innecesaria. No la necesitan. Su Gobierno, tribunales, Constitución, las fuerzas del orden, la Conferencia episcopal..., hablan por ellos.

Decía Bertold Brecht: «para los de arriba hablar de comida es de mala educación». Y añadía: «se entiende, ellos siempre ya han comido». En esa misma medida, para el unionismo español hablar del problema nacional, del derecho a decidir, de la opción independentista... es también de mala educación, sobre todo en tiempos de crisis, y se entiende, pues hablar de esos temas cuestiona su propio status centralista (la España indivisible e indisoluble de soberanía única afirmada por la Constitución española), al igual que hablar de hambre, paro, desigualdad y desahucios incomoda a banqueros, panameños y monarcas.

En Euskal Herria, conformar alianzas políticas, electorales o no, con el independentismo vasco es considerado tabú por parte de las fuerzas de izquierda y alternativas españolas: «nos separa su independentismo», dicen. Sin embargo, referirse hoy al PSOE como necesario aliado al que se oferta gobernar en Madrid o conformar candidaturas conjuntas al Senado no hace chirriar ningún principio político. El «vade retro!» no existe para ellos. Ayer sí, cuando las sedes socialistas supuraban casta. Hoy no.

Hay un segundo mantra que viene a afirmar que la reivindicación nacional y soberanista achata en buena medida la social, subordinándola a la anterior. No hace falta dar explicaciones al respecto. Es así, y punto. Naturalmente, la opción unionista y españolista no achata ni subordina nada, sino que, por el contrario, parece abrir espacios de concordia y solidaridad. El pecado se ubica siempre en el campo del independentismo disgregador. La virtud, en el del virtuoso unionismo demócrata e integrador.

La gratuita afirmación de marxismo de manual y catequesis que identifica convergencias estratégicas objetivas entre las fuerzas nacionalistas vascas, de derechas e izquierdas, en perjuicio de las demandas sociales, contradice la realidad. En Euskal Herria, durante estas décadas pasadas, el marco de pactos políticos, acuerdos de gobierno y demás menestras institucionales que se han dado (municipales, forales y autonómicos), ha sido cocinado de forma general con ingredientes aportados por PNV y UPN, y aderezados por el PSE, PP y PSN. Lo mismo ha ocurrido en el terreno socio-sindical, donde, mientras el sindicalismo estatalista de CCOO y UGT ha sido pata esencial del contubernio UPN-PSN en Nafarroa, y concertador principal con los distintos gobiernos del PNV en la CAV, la mayoría sindical vasca (ELA, LAB, ESK, EILAS, EHNE) se ha situado en el terreno de la confrontación frente a la política neoliberal de los distintos gobiernos del PNV y UPN, y también de los del PSE y PSN.

Reivindicaciones nacionales y sociales suelen ir siempre bastante de la mano. No es casual así que la gran contrarreforma política y social del PP haya conllevado un proceso de recentralización competencial generalizado: laboral, financiero, educativo, función pública... Tampoco extraña que la madre de todas esas batallas reaccionarias (la reforma del PSOE del artículo 135 de la Constitución Española, que supeditó todo a los intereses de la banca y las finanzas) haya supuesto la militarización presupuestaria de las instituciones locales, forales y autonómicas y la supresión práctica de su autonomía y competencias.

Aquí, en Nafarroa –es un ejemplo sin más–, diecisiete leyes aprobadas por el Parlamento Foral han sido luego recurridas por el Gobierno del PP y suspendidas por su Tribunal Constitucional. Ninguna de ellas trataba de temas «identitarios», sino de desahucios, fracking, atención sanitaria a inmigrantes, pagas extras de los funcionarios... La profundización en la política neoliberal ha incrementado la centralización y el sometimiento de las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Reivindicar el derecho a decidir y la no intromisión estatal es cada vez más necesario para poder avanzar socialmente.

Tras meses de «digos» y «Diegos» y postureos mediáticos mil, habrá nuevas elecciones. Algunos nos dicen que es preciso priorizar lo «social» frente a lo «nacional». Se olvida que ambos aspectos están cada vez más unidos. Pero es que, además, se hace trampa con las cartas. Se esconde el palo de los bastos y las espadas constitucionales. Según parece, la única identidad nacional a supeditar a lo social es la minoritaria, la vasca, la catalana...; de la otra, de la española, poco o nada se dice. Y tienen razón, no hace falta. La mayor baza con la que cuenta el unionismo español es el silencio respecto a su existencia. Ya lo he dicho antes. No hace falta que nadie lo defienda. El Estado, sus instituciones y los medios a su servicio lo hacen por ellos.

Baja la carne, sube el pescado. La movilización y empoderamiento ciudadano disminuye mientras el mercado bursátil del voto se dispara. Quizás yerre, pero creo que el cambio a nivel estatal, de venir, no vendrá desde arriba y el centro, sino desde abajo y la periferia.

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