Jorge Freytter Florian
Asociación Ajafr

La paz y las universidades en el post-acuerdo aportes desde el exilio

Conflicto armado, víctimas y pedagogías de la paz. El conflicto social y armado que lleva sacudiendo Colombia durante los últimos 70 años ha permeabilizado en todos los sectores sociales.

Las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, por parte de los múltiples actores armados, han producido un enorme sufrimiento al pueblo colombiano (al menos 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados hasta 2012).

La situación del conflicto permanente ha significado un desgaste de todas las instituciones y las administraciones del Estado, de la cual la educación superior es parte. Sin embargo, las conversaciones de paz iniciadas en 2012 en La Habana (Cuba), entre las FARC-EP y el Gobierno; y la fase exploratoria de conversaciones públicas del gobierno con el ELN iniciada este abril de 2016, dibujan un contexto de posibilidad y una ventana de oportunidad real para avanzar hacia una solución integral y duradera al conflicto social y armado. Nos encontramos, por lo tanto, ante una oportunidad histórica de caminar hacia la democratización de las estructuras políticas y sociales colombianas.

En el ambiente académico, Colombia se ha distinguido a nivel mundial por su innovación en el estudio de la realidad conflictiva del país. Desde los años 80 ha surgido un campo de estudios sobre la violencia política, desarrollado por quienes han sido denominados los «Violentólogos». Estos estudios responden a un ejercicio teórico colectivo, cuyo objetivo es entender y explicar, en última instancia, la larga historia de violencia en el país.

De esta manera, el desarrollo y estímulo de ‘Pedagogías para la Paz’, se enmarca en un contexto de avances significativos de la negociación para la solución política. Este escenario, dentro de las universidades públicas colombianas, debe significar un salto cualitativo que contribuya al fortalecimiento de los acuerdos que las partes en conversación han firmado. Las universidades públicas deben erigirse como verdaderos agentes que implementen, garanticen y desarrollen el ‘Acuerdo General para Terminación del Conflicto Colombiano y una Paz Estable y Duradera’. Dentro de ese marco existe un punto específico sobre las víctimas del conflicto y su reconocimiento, que contempla dos apartados: los Derechos Humanos de las Víctimas y la Verdad. Este es uno de los puntos más relevantes para abordar la problemática sobre la violencia histórica que se ha manifestado en el seno de las universidades públicas colombianas.

Las universidades públicas colombianas deben contribuir a la construcción de la paz, en un contexto complejo y contradictorio; sin embargo, también nos encontramos ante un escenario de fondo potencialmente fértil para la defensa de los derechos humanos y las pedagogías para la paz en las universidades públicas colombianas (un escenario político y social que se abre paulatinamente nunca visto en los últimos 70 años en Colombia).

Con la Ley 975 de 2005 conocida como ‘Justicia y Paz’, más de 30.000 paramilitares fueron incorporados a la vida civil. En este proceso existieron acreditados elementos de impunidad. De hecho, ya quedó demostrado por la sentencia del 18 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional, que la desmovilización de las Autodefensas Unificadas de Colombia (AUC), no se planteó por el legislador en unos términos transparentes de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En este contexto, el paramilitarismo ha llevado a cabo una campaña de intervención de baja intensidad en las Universidades Públicas a nivel nacional durante los últimos 10 años.

Por otra parte y más recientemente, el Gobierno impulsó las ‘Cátedras para la Paz’ amparadas por la Ley 1732 de 2015. Es un buen momento para incidir en la filosofía y en el contenido de esta Ley; con los objetivos de impulsar la educación para la paz, defender los derechos humanos y fortalecer los valores democráticos, se debe comenzar a desplegar una hoja de ruta que permita la «Reconstrucción de democracia y Paz» en espacios universitarios.

Es fundamental evitar los procesos de re-victimización en las universidades públicas colombianas. Para ello se deben implementar medidas efectivas que permitan profundizar en la resolución del conflicto: 1) hacer un seguimiento de las múltiples violencias de baja intensidad, que se han desarrollado en las Universidades durante los últimos decenios, en clave de recuperación de la Memoria Histórica; 2) implementar mecanismos de reparación y no repetición para las víctimas de las violencias de motivación política que el Conflicto social y armado ha producido en la comunidad universitaria; y 3) facilitar un acompañamiento internacional que verifique el proceso de paz en las Universidades.

Desde los y las exiliadas colombianas en Europa –y creemos que esto es también extensible a las comunidades colombianas que residen acá por motivaciones económico-sociales– consideramos que debemos contribuir a la Construcción de la Paz, haciendo parte activa del momento histórico e ilusionante que atraviesa toda Colombia. Queremos participar defendiendo los derechos humanos y fortaleciendo la educación pública de nuestro país. Para ello es fundamental priorizar la recuperación de la memoria histórica, implementar mecanismos que favorezcan las garantías de no-repetición y apoyar la irreversibilidad del proceso de paz en Colombia desde el exterior.

Por lo tanto, las problemáticas a las que la Ajafr pretende aportar sus esfuerzos implican:

Impulsar desde el exterior el fortalecimiento de las universidades públicas colombianas a través de actividades, programas y ejes de intervención por la paz en el ámbito social y académico. Impulsar la Cultura de la Paz y a la defensa de los derechos humanos para Colombia en un marco de reciprocidad social y cultural.

Señalar, visibilizar y difundir procesos concretos en defensa de los derechos humanos y las ‘Pedagogías para la Paz’. Es decir, colaborar en la reconstrucción social en clave de reparación, verdad y garantías de no repetición, haciendo partícipes a las sociedades colombiana, vasca y española.

Dichas aportaciones, son mencionadas en el Informe del Viaje a la ciudad de Barranquilla por la Asociación elaborado al respecto en el 2016.

Queremos construir una Colombia en Paz, con derechos de la ciudadanía, con justicia social y con reconocimiento y reparación para todas las víctimas del conflicto. Vamos a reconstruir esa Nueva Colombia también desde el exilio, porque muchos y muchas de nosotras queremos tener el derecho a retornar, y para ello necesitamos garantías de no volver a sufrir la violencia política nunca más.

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