Esta sentencia viene a ratificar lo dictado por la primera: GHK debe pagar el swap que en la actualidad están valorados en 60 millones de euros. Todo un despropósito para un crédito que finalmente no ha sido utilizado. Y ahora lanzo la primera pregunta: ¿El despropósito sería menor si el crédito hubiera sido utilizado en su totalidad? Porque estos 60 millones de euros no se pagan porque Bildu no ha utilizado el dinero para la construcción de la incineradora; se pagan se hubiera usado el dinero o no. Es decir, el swap se abona en cualquier caso porque alguien firmó que junto con el crédito a devolver se tenían que pagar. Los actuales mandatarios no nos dicen, por ejemplo, que Bidegi está pagando más de 100 millones de swaps junto con la devolución de los créditos. Basta de falsear la realidad. Se pagan los swaps (los de GHK y los de Bidegi) porque el PNV los firmó con la banca.

Y ahora que ha quedado claro que los swaps hay que pagarlos, porque el Sr. Carlos Ormazabal tuvo la amabilidad de firmárnoslos, entramos en el segundo debate. Los swaps son coberturas que cubren el riesgo ante la variación de los intereses. Es discutible si son buenos y necesarios. Obviamente el PNV y los servicios de finanzas de la Diputación consideraron que sí y creo que sería más coherente por su parte que los siguieran defendiendo (Carlos Ormazabal tachó la operación como la mejor del Estado español en el 2010). Yo sinceramente creo que no tuvieron más alternativa que aceptarlos. La banca forzó a una administración pública a firmarlos, pues esta necesitaba financiación urgente, tanto para sufragar los enormes sobrecostes de la construcción de la AP1 como por las prisas para construir la incineradora, cuyo rechazo social iba en aumento. Tal y como lo calificó Juan Carlos Alduntzin, diputado de Medio Ambiente de Bildu, la banca le metió un gol a la Diputación anterior y por ende a GHK.

En resumen, el PNV firmó un producto altamente especulativo y tóxico con la banca (La Caixa y Banesto) porque era la única manera de obtener financiación. Pero hay más: los contratos de cobertura se firmaron en parte a cinco días de las elecciones municipales y forales del 2011, cuando todas las encuestas vaticinaban un vuelco electoral y por tanto institucional. Es decir, el PNV pactó con la banca lo que fuera con tal de que la incineradora no se pudiera echar atrás. Repito: El PNV hizo todo lo que estuvo en sus manos (incluido el pago de los 60 millones) para que nadie pudiera parar la incineradora. Dicho lo cual la segunda pregunta pertinente es: ¿De quién es la responsabilidad de que los y las guipuzcoanas tengamos que pagar esos 60 millones hasta el 2029? Única y exclusivamente del PNV.

Siguiendo con las responsabilidades, alguien podrá preguntarse por qué si el producto es altamente especulativo los tribunales han dictaminado que se debe pagar por el swap. Voy a tratar de explicar el porqué de esta sentencia de una manera muy simple y haciendo un pequeño paralelismo. Todas y todos ustedes serán conocedores de la afamada sentencia de la Unión Europea que ha dictaminado que las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios firmados por particulares con la banca deben ser declaradas nulas y, por tanto, obliga a los bancos a que devuelvan las cantidades abonadas por los contratantes desde el inicio de la vida de cada una de estas hipotecas, desdiciendo de esta manera al Tribunal Supremo español que estableció de manera arbitraria la retroactividad de la devolución hasta mayo de 2013. Pues bien, el sentido de la sentencia que tanto ha apurado a los bancos por todo lo que van a tener que devolver, a pesar de las comodidades que les ha puesto el Gobierno mediante Real Decreto (cada particular deberá solicitarlo, sin que los bancos lo tengan que hacer de manera automática), se basa en que los particulares no sabían lo que firmaban, no conocían las consecuencias de las cláusulas que firmaron y no fueron debidamente informados.

Volviendo al caso del swap, Bildu decidió interponer la correspondiente demanda contra este producto por especulativo. Para que el procedimiento tuviera el mismo éxito que las demandas relativas a las cláusulas suelo sería necesario el desconocimiento por parte de los firmantes de lo que habían firmado.

Pero no, a petición de la banca el Sr. Ormazabal acudió al juzgado a decir que sabía perfectamente lo que estaba firmando. Consecuentemente, la sentencia dice que para que se pueda anular una cláusula o condición de un contrato una de las partes no ha de conocer lo que significa. Por tanto, el PNV, no solo firmó esas coberturas tan gravosas para la ciudadanía guipuzcoana sino que tuvo la desfachatez de echar un capote a la banca durante el juicio.
Por ende, y en primer lugar, nosotras y nosotros, la ciudadanía, deberíamos exigir la reprobación política del entonces diputado de Medio Ambiente, el Sr. don Carlos Ormazabal, y del entonces y actual Diputado General, el Sr. don Markel Olano. En segundo lugar, GHK debe recurrir esta sentencia de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo y agotar la vía judicial si quieren tener alguna credibilidad ante la ciudadanía. En tercer lugar, el PNV debería asumir que su obsesión por la construcción de la incineradora ha llevado al territorio a un lodazal del que tienen la responsabilidad de sacarnos.

Lodazal principalmente porque existe una oposición cada vez mayor a su construcción entre la ciudadanía. Las encuestas así lo indican. Menos de la mitad de la población la apoya y la tendencia es a la baja. Gobernar contra el territorio no es una buena idea.

En segundo lugar, porque de nuevo las prisas por adjudicar la construcción de la incineradora sin esperar a la sentencia de la demanda interpuesta por FCC les ha llevado a que tengan que tomar decisiones, multimillonarias otra vez, para que solo uno de los dos legítimos adjudicatarios pueda seguir adelante teniendo que indemnizar al otro si es que está dispuesto a llegar a un acuerdo. En el caso de FCC parece que no.

En tercer lugar, esta sentencia de los swaps no varía la realidad (no sube el coste) por mucho que intenten transmitir lo contrario echando la culpa a otros. Una actitud que queda muy fea.

Finalmente, son conscientes de que la incineradora no es viable para la administración pública (sí para los actuales adjudicatarios a quienes se les han asegurado grandes beneficios para los próximos años, un swap de facto), teniendo además la de Zabalgarbi un problema de viabilidad económica en un breve plazo de tiempo.

Si los criterios medioambientales y de salud no les conmueven, sí lo pueden hacer los económicos y, a estas alturas, los electorales. Al PNV y a sus socios socialistas no les queda otra que sentarse a dialogar y buscar un acuerdo a nivel territorial con diferentes partidos y agentes sociales, que pasa por la paralización definitiva de la construcción de la incineradora y la mejora en las tasas de reciclaje. De lo contrario, van a tenerlo crudo para salir del lodazal.