Iñaki Moreno Sueskun, José Ramón Loayssa Lara
Plat. Navarra de Salud y OPEN/ADSP

Las mutuas, cuestión de clase

Con el final del curso político, el Secretario de Estado para la Seguridad Social informó a la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de modificación de las mutuas, en el que se recogen unos pocos elementos positivos frente a riesgos y directamente retrocesos en el sistema de protección de la salud de las y los trabajadores. Los autores reclaman una apuesta clara por la integración de las mutuas en el sistema público de salud.

Las mutuas surgen en Europa a finales del siglo XIX, con la industrialización y la ausencia de Seguridad Social, para atender a los trabajadores y asegurar unos mínimos ingresos tras un accidente de trabajo. En este contexto, los sindicatos crearon unas aseguradas obreras. Los empresarios, para combatir el efecto de sindicación asociado a estas aseguradoras obreras, crean las mutuas patronales. Tras la Segunda Guerra Mundial las mutuas patronales son integradas en la Seguridad Social en todos los países, excepto en España y en Alemania. En este último país son cogestionadas por empresarios y trabajadores, desarrollando funciones que en el resto de países corresponderán a Inspección de Trabajo.

En España, estas entidades patronales generan a lo largo de los años una estructura sanitaria paralela al sistema sanitario público formado por el Insalud, los hospitales de Diputaciones, los consultorios de Ayuntamientos, etc. La ley General de Sanidad en 1985 unifica todos estos recursos en el llamado Sistema Nacional de Salud, que va siendo transferido a las Comunidades Autónomas a lo largo de los 10 años siguientes. Los recursos de las mutuas no se integraron en el Sistema Nacional de Salud, si bien en una de las disposiciones finales de la Ley General de Sanidad se deja la posibilidad de integración de los recursos mutuales en el Sistema Público de Salud.

A partir del año 1993 los diferentes gobiernos de PSOE y PP, van dotando a las mutuas de nuevas competencias. Se les asigna gradualmente la gestión de la prestación del riesgo laboral para el embarazo, les otorgan y van fortaleciendo competencias en el control de las bajas comunes, les asignan nuevos fondos de prevención y por último les incluyen prestaciones públicas respecto a las y los trabajadores autónomos.

Nadie, excepto algunas organizaciones sindicales, parece haberse enterado de las quejas crónicas de las y los trabajadores frente al modo de hacer de las mutuas: altas tempranas, no reconocimiento de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, mala atención, desprecio de secuelas, falta de derechos de pacientes y familiares, etc.

El día 30 de julio, el secretario de estado para la Seguridad Social informó a la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. De los problemas comentados en el anterior párrafo apenas, por no decir nada, se habló; pero la información y respuesta a los portavoces de los grupos parlamentarios ha aclarado algunas cuestiones de interés sobre el Proyecto.

En respuesta a Amaiur, el Secretario de Estado aclaró que los médicos de las mutuas no tendrán acceso a la historia clínica de los trabajadores y trabajadoras. Que solo podrán disponer de la información médica del Sistema Público de Salud relacionada con el proceso concreto de baja. Dado que este y anteriores gobiernos están trasladando la gestión de competencias de la Seguridad Social a las mutuas, lo que hay que preguntarse es durante cuánto tiempo no tendrán acceso los médicos de las mutuas a las historias clínicas de los trabajadores una vez concedido este acceso a los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, concesión además muy discutible ya que dichos médicos no forman parte del sistema sanitario.

También afirmó el secretario de estado que las pruebas diagnósticas o tratamientos que realicen las mutuas a los trabajadores y trabajadoras activos para evitar las listas de espera existentes en el sistema público de salud serán realizados con recursos propios de las mutuas o en centros privados concertados, y no serán pagados por el sistema sanitario público sino por la Seguridad Social. A buen seguro no fue un olvido del secretario el evitar comentar que así se capitaliza con dinero público, de la Seguridad Social, la sanidad privada. Nada comentó de los estándares de calidad que se exigirá a las mutuas en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que realicen. Tampoco comentó qué sucederá con los trabajadores que las mutuas traten y sufran complicaciones o una mala evolución clínica.

El Proyecto establece también, que las CCAA podrán suscribir convenios para realizar pruebas o tratamientos en las instalaciones y centros de las mutuas para el resto de ususarios del sistema público de salud, y estas actuaciones si serán abonadas por el sistema sanitario público. Con todo ello se descapitaliza, degrada y debilita el sistema sanitario público y, poquito a poco, el Gobierno fortalece el sistema sustituto de las mutuas y el privado.

Es cierto que el proyecto resuelve alguna indefinición histórica de derechos de los usuarios del sistema, como es el definir ante quién poder reclamar las malas prácticas de las mutuas. El proyecto establece que se hará ante la Jurisdicción Social. También es positiva la inclusión en el proyecto de la experiencia navarra de reducción del número de partes de confirmación de baja y la inclusión de criterios laborales y de edad a la hora de prever la duración de las bajas.

Pero en el otro lado de la balanza se generan nuevas dudas, cuando no se agreden derechos. Se dan a las mutuas competencias en funciones asesoras de prevención o en adaptación de puestos de trabajo para trabajadores lesionados. Actualmente estas competencias corresponden a unos servicios de prevención, privados es cierto, pero sobre cuyas actuaciones las y los representantes electos de las plantillas tienen numerosas competencias de control. Sobre las actuaciones de las mutuas, ninguna. Y más allá de dudas, se agreden derechos cuando se posibilita a las mutuas controlar la baja desde el primer día de baja frente al día 16 actual.

Resultó curiosa la oferta de todos los grupos, menos uno, a colaborar y negociar la nueva Ley desde la premisa de considerar la conveniencia de su mantenimiento. PNV y CiU le pasaron por la derecha al PP exigiendo menos control público sobre estas entidades olvidando, como bien les recordó el portavoz de Izquierda Plural, que los fondos que gestionan son de la Seguridad Social. Recursos bastante mal gestionados, por cierto, como recordó Sabino Cuadra, citando las causas judiciales en las que están inmersas tres de las 20 mutuas existentes por diversos tipos de fraudes e irregularidades de gestión.

Excepto Amaiur, nadie cuestionó en la sesión del Congreso la pervivencia de estas entidades privadas a las que se asignan recursos y competencias públicas que se ejercen a costa de la ausencia de derechos de las y los trabajadores. No sabemos si, como dijo la portavoz del PSOE, con estos proyectos el Gobierno del PP se convierte en una fábrica de independentistas. Nos conformaríamos con que desde las organizaciones políticas y sindicales posibilitaran que las y los trabajadores y trabajadoras y profesionales del sistema sanitario público expresaran alto y claro su compromiso con la defensa del sistema público de salud, asumiendo la incorporación de las mutuas al mismo.

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