La calle, espacio de lucha imprescindible, convive con otros donde se trabaja a diario para que los presos y presas políticas vuelvan a casa, como por ejemplo el ámbito jurídico. Un trabajo que parece darle mucho miedo a los enemigos de los derechos humanos, como demuestra el hecho de que en los macro sumarios en Madrid a parte de condenar a inocentes se detiene también a sus abogados.

Las detenciones de los abogados así como la represión brutal contra toda expresión de solidaridad hacia los presos y presas, demuestran que esperar un verdadero reconocimiento de la vulneración de los derechos de los presos y presas por parte de los órganos del Estado y particularmente de sus tribunales, es una ilusión. Esto es debido, en particular, a la afinidad política entre la gran mayoría de los magistrados ejercientes y los partidos que han impulsado las medidas de excepción, desarrolladas durante décadas contra el EPPK.

Ante esta cerrazón, consideramos que en el espacio jurídico internacional existen hoy espacios más propicios para conseguir avances en el reconocimiento de los derechos de las presas y presos políticos y en particular su acercamiento a Euskal Herria. No porque tengamos la ilusión de que el Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo o los órganos de las Naciones Unidas sean intrínsecamente más progresistas que las instancias españolas, sino porque su complejidad los hace menos vulnerables a las presiones de los grupos que, a nivel interno, trabajan a diario para sabotear toda iniciativa a favor de los derechos de los presos y presas políticas. Sirva de ejemplo el caso de la doctrina 197/2006 y su derribo por el TEDH, por encima de las enormes presiones del Gobierno del PP y de sus organizaciones afines.

En el caso de la dispersión, el Tribunal de Estrasburgo se ha pronunciado en 2013 en respuesta a la demanda presentada por Alexander Kodorkovskij y Platon Lebedev, dos oligarcas condenados en Rusia por graves evasiones fiscales y que han cumplido gran parte de sus condenas en penales muy alejados de sus domicilios y familias. El Tribunal ha admitido que este proceder vulneraba el derecho de ambos a la vida privada y familiar.

El pasado octubre, los jueces europeos confirmaron esta jurisprudencia a través de una nueva sentencia. En este caso el demandante fue Yevgeniy Vintman, condenado a cadena perpetua por robo y homicidio, quien cumplía su pena en Ucrania bajo régimen de máxima seguridad y con múltiples antecedentes por vulnerar el reglamento penitenciario. El Tribunal reconoce una vulneración del derecho a la vida privada y familiar por alejar a Vintman a cárceles a centenares de kilómetros de su domicilio y de su madre anciana y con salud precaria.

Esta sentencia es un paso importante por tres razones. Primero porque si los oligarcas se encontraban detenidos a miles de kilómetros de sus domicilios, 6.320 Km Khodorkovskij y 3.300 Km Lebedev, en el caso de Vintman esta distancia era bastante inferior, primero 700 y luego 1.000 Km. Segundo, porque mientras Khodorkovskij gozaba de ingentes recursos económicos y políticos para influir en su favor, Vintman era un delincuente social sin apoyo alguno. Y por último, porque en el caso del preso ucraniano el Tribunal tiene especialmente en cuenta la situación de su madre y, de manera general, reconoce la injusticia del sufrimiento que se impone a los familiares de los presos y presas dispersadas. Un precedente muy positivo para eventuales recursos procedentes de presos y presas políticas vascas.

Una condena de la dispersión de los presos y presas políticas por parte de Tribunales internacionales supondría un tirón que afectaría sensiblemente la política penitenciaria de excepción aplicada por el Gobierno de Madrid. Un tirón necesario pero por sí solo insuficiente. Para que caiga un muro tan grande, es necesario tirar todos y todas juntas, y desde todos los lados. Porque solo «si jo l'estiro fort per aquí, i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar».