Fede García
Asociación Gao Lacho Drom, SOS Racismo Araba, Vecindad Vasca sin Fronteras

«Los Pichis»: vecinos vascos, como todos los demás

Desde hace meses, las informaciones que ilustran la prensa escrita, radiada y televisada en el País Vasco sobre determinada familia de ciudadanos y vecinos vascos apodados «Los Pichis», en lo relativo a cuestiones de relaciones de convivencia, de sostenimiento –ayudas sociales-, desde Bilbo a Gasteiz, pasando por Abetxuko, están impregnadas del virus de una falsa y dirigida unanimidad en materia de exclusión social.

Los Pichis, familia-clan acusados de ¿conflictivos?, ¿delincuentes?, ¿okupas sin pedigrí?, ¿mangantes?, ¿intransigentes?, son estigmatizados en los medios de prensa, en la vecindad, en los estantes del sistema, en la calle, a la menor ocasión.

Tal unanimidad es alarmante y por ello, nos preocupa profundamente. A nuestro juicio, tal unanimidad es interesada y excluyente porque las acusaciones que la fundamentan se refieren a cuestiones que rozan la paranoia social (siendo utilizadas como arma de destrucción efectiva) que es justificada, alimentada, sostenida y dirigida mediante los drones de la irracionalidad, hacia un objetivo demasiado fácil. Concretamente, a aquellos que por razones diversas se les considera como una «familia-clan», conflictiva, tóxica y peligrosa.

Los Pichis son personas, vecinos y ciudadanos y ciudadanas vascos concretos, que son tratados como una especie a abatir, con saña ambiental, movilizaciones vecinales muy peligrosas y de difícil control: 800 abetxukotarras, se movilizan de modo festivo y combativo frente a la vivienda ocupada por la familia con un lema central: ¡kanpora!

La familia de Los Pichis tienen nombres propios, y por tanto los mismos derechos y obligaciones que todos los demás, bajo el paraguas de la Constitución: libertad de movimiento, derecho a techo y a sobrevivir en términos de igualdad, respeto y mutuo reconocimiento.

Hay que recordar, por ejemplo, que el VII Informe sobre Exclusión Social de Octubre 2014-Foessa-Cáritas pone la vista que tres de cada cuatro ciudadanos de etnia gitana se encuentran en situación de exclusión social: el 72%; y que además el 54% lo está en situación se exclusión social severa –habiéndose doblado la misma en los últimos cuatro años– quintuplicando la proporción respecto a los demás. Esta realidad no es una realidad ficticia, no es una realidad inventada, es una realidad a la vista.

Sin embargo, es bastante, que la desigualdad efectiva de estas familias se utilice como adobo de un malestar ambiental y vecinal excluyente, rozando los límites de la violencia social: las concentraciones vecinales diarias- festivas o no–, caceroladas grupales y demás instrumentos de autodefensa social frente a las durísimas agresiones del sistema en las últimas décadas, se reconvierten en instrumentos coercitivos frente a los más débiles, sean ocupas de hecho o no lo sean.

Las instituciones locales con legitimidad para actuar, o están de parte, o callan, lamentablemente. Ayuntamiento, plataformas ad-hoc sobre convivencia, diversidad y ciudad abierta, incluso aquellas que desde el privilegiado observatorio de las autoridades judiciales, ponen su granito de arena ¿involuntario? en el rápido funcionamiento de un lanzamiento judicial. Hemos de considerar que todo desahucio, es un crimen social, se produzca o no con la ley en la mano. No hay desahucio, que se justifiquen en la inviabilidad convivencial-vecinal de una familia, con pedigrí o sin él.

Seamos todos serios. las administraciones en primer lugar: persónense en la vivienda de Abetxuko, ocupada por necesidad vital, no por deporte. Traten a estos vecinos y vecinas, como lo que son: personas. Aborden en frío las situaciones de exclusión social, sin mando a distancia. Pónganse al lado de la familia al margen de su condición, y llamen a terminar de modo inmediato con el efecto de la redundancia movilizadora anti-Pichis. Los peligros son evidentes y están a la vista. No es la primera, ni será la última ocasión de que este tipo de situaciones acaben en puro vandalismo-grupal, con efectos de muy difícil reparación.

De hecho la «pragmática Abetxuko-anti Pichis» es un alarde vecinal, negativo e instrumental, que ha de ser desactivado de forma inmediata y efectiva.

Un día más, en el calendario de la exclusión colaboracionista, sin que se aborde y se resuelva este tema, por quien tiene competencias para ello, corre el riesgo de que el mismo se gangrene, con efectos previsibles de muy difícil solución, para la familia y para el resto de la vecindad y la ciudad.

Bilatu