Mikel Arizaleta

María Servini de Cubría, ¿una juez como dios manda?

Escribía Gregorio Morán en ‘La Vanguardia’: «¿Quieren hacernos creer que estos dos colaboradores de los servicios de información del Estado (Bernard y Luis Pineda) empezaron su actividad delictiva en los noventa? Hace muchos años, hacia 1978, cuando un puñado de periodistas nos dedicábamos a desentrañar las tramas de la extrema derecha hispana, cuyos centros estaban en Madrid, Barcelona y Lérida, a donde se iban sumando los terroristas huidos de Italia y amparados por los servicios de información españoles.

Ya entonces, disponíamos de fotos y materiales sobre Bernad y probablemente sobre el recluta Luispi. Todos fieles al notario Blas Piñar y a su Fuerza Nueva (no olviden que llegó a ser diputado en las elecciones de 1979)… Uno se puso Manos Limpias, porque si se hubiera denominado Ku Klux Klan no hubiera engañado a nadie. Y el otro, tras numerosas aventuras y extorsiones, creó Ausbanc, que era algo así como una estafa sin ánimo de lucro, un oxímoron que diríamos los pedantes… Pero arrasaron con todo mientras la policía y los servicios hacían la vista gorda, al fin y al cabo, eran veteranos colaboradores… Nadie, empezando por los Servicios de Seguridad del Estado, ni el Parlamento, los denunció. Tampoco la prensa, no fuera a ser que iniciara una campaña contra ellos… Me gustaría saber, porque estoy en mi derecho, cuántas denuncias recibió Luispi y el “Manos Sucias”, y fueron archivadas, o ninguneadas… ¡Qué gran idea la de las conferencias de jueces y juristas auspiciados por el Ausbanc de Luispi! Entre 600 y 1.500 euros, y el tema libre. Eso crea una complicidad, legal, muy legal, con mucho IVA, pero que te facilita una relación privilegiada con el aparato judicial sobre el que vas a trabajar. En principio, se trata de conocidos, luego depende de ti que pasen a amigos».

Rafael Poch, también en ‘La Vanguardia’: «En 1949, el 56% de los altos funcionarios de la policía de Renania del Norte-Westfalia, uno de los Länder de Alemania, equivalentes a las Comunidades autonómicas nuestras, procedían del partido nazi (NSDAP) y de las SS. En los años cincuenta en Baviera el 81% de los jueces tenían un pasado nazi, mientras que en Baden-Württemberg, el 50%. El juez ex nazi, Eduard Dreher, fue el encargado de la reforma del código penal en el Ministerio de Justicia a partir de 1954 e impuso la prescripción para los crímenes de "complicidad con asesinato" que liberó de toda responsabilidad a los nazis, una especie de amnistía general. Esa ausencia de desnacificación, que la guerra fría y los aliados potenciaron en aras del combate contra el comunismo, contribuyó a una continuidad burocrática que aun hoy desprende un ambiguo tufillo.

En el estado español en 1978 policías, jueces, funcionarios, ministros y gobiernos seguían siendo el 100% franquistas, golpistas, hitlerianos. ¿Y hoy? Siguen ahí, tan fachas como siempre, pero impartiendo lecciones sobre democracia y justicia, salvo los que ya han muerto tras ser laureados o los nuevos, ¿con qué criterios seleccionados? Un reciente ensayo sobre la Ley de Amnistía de 1977 de una historiadora de la Universidad de Zaragoza (María García Yeregui) sostiene con razón que en el estado español no se debatió fuerte y abiertamente sobre los crímenes franquistas durante la Transición. Y, nos recuerda, que en España hubo terrorismo de estado después de la dictadura: los GAL. El debate sólo ha empezado tímidamente entrado el siglo XXI.

Cuando en 1963 comenzó el proceso de Francfort contra los criminales de Auschwitz el fiscal Friz Bauer  (cuya película puede verse en los cines estos días) y sus fiscales defendieron tanto en la acusación, como más tarde en el informe del fiscal, la idea de que la matanza perpetrada por orden de Hitler, Himmler y Göring contra los judíos debía ser considerada como un único hecho, como un programa unitario de destrucción. Según Bauer cada uno de los miembros de las SS –desde el vigilante, pasando por el médico del campo hasta un contable como Gröning-, que trabajó en esta máquina asesina fue cómplice de asesinato, ocupara el puesto que ocupase».

Pero ni el tribunal de jurado de Francfort, ni tampoco el tribunal supremo (BGH= Bundesgerichthof) en el proceso de revisión por apelación, quisieron seguir la doctrina Bauer. Y sólo condenaron a quienes se pudo demostrar «una comisión deliberada de actos delictivos concretos». Ambos tribunales fueron de la opinión de que en el holocausto no se trató de un único hecho de destrucción sino de millones de crímenes individuales, independientes unos de otros, que «en cada caso se llevaron a cabo por la decisión volitiva singular de los miembros de las SS». El proceso de Francfort, loado por los medios del mundo entero como ejemplo tardío pero luminoso de elaboración jurídica del pasado del nacionalsocialismo alemán, fue en realidad una bendición para la gente de las SS, que como por ejemplo Oskar Gröning se calificaban de «rueditas de la maquinaria». Apenas fueron molestados. La sentencia se asemejó muy mucho a una amnistía general.

Pero los jueces ahora allí son otros y tienen otro talante. Y Oskar Gröning, en el último proceso en Lüneburg del 2015 ha sido  juzgado culpable de los crímenes de Auschwitz, de haber colaborado (y no sólo de ser mero engranaje como se sostenía en sentencias anteriores, de recibir órdenes o de ser mera ruedecilla sin importancia en la maquinaria) en el asesinato de 300.000 personas y condenado a cuatro años de cárcel, que a sus 94 años de edad suena a cadena perpetua. «En Auschwitz no se debió colaborar», sostiene el presidente del tribunal que le juzgó, Franz Kompisch, en la fundamentación de la sentencia. «Usted decidió trabajar allí, en Auschwitz, una maquinaria montada para asesinar personas». Y ha quedado marcada para la historia la fundamentación en la sentencia por parte de su presidente, Franz Kompisch: «Auschwitz war insgesamt eine Mordmaschinerie» Mit Betonung auf ‘insgesamt’. (Auschwitz en su conjunto fue una maquinaria erigida para asesinar, subrayando en su conjunto). Y, por tanto, todo aquel que participó en Auschwitz, de la manera que fuese, es declarado culpable de asesinato.

La jueza argentina María Servini Cubria, que investiga los crímenes del franquismo, busca un nuevo aliado internacional en el Vaticano. Entre las numerosas medidas de prueba solicitadas en las últimas horas, María Servini de Cubria pide que se libre una comisión rogatoria a la Santa Sede para acceder a toda la documentación incluida en los archivos vaticanos relativa "a las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español" entre el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 y las primeras elecciones democráticas de la Transición, celebradas el 15 de junio de 1977. De forma específica, la jueza busca cualquier información que haga referencia a religiosos católicos que fueron objeto de persecución, sanción, cárcel y tortura en el periodo investigado. Se trata de un nuevo intento de hacer avanzar la causa, que se ha visto obstaculizada de forma reiterada por el Gobierno español. El mayor revés hasta el momento fue la negativa a extraditar a la veintena de acusados por la justicia argentina con nombres y apellidos por crímenes cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.

Porque la Iglesia, la española y la vaticana, han loado y beatificado a barullo y a bulto a los religiosos asesinados y muertos en el putsch militar, con gran colaboración de la misma, y ha guardado un sospechoso y colaborador silencio ante la investigación y esclarecimiento de la conducta de sus jerarcas españoles en el asesinato de miles de ciudadanos, verdugos de los hoy todavía numerosos enterrados en zarzales y acequias.

El gobierno y sus aparatos, los jueces y fiscales, así como la Conferencia episcopal siguen mirando a otra parte y amparando al verdugo. En Alemania sí pero aquí no. Y es que gobierno, aparatos y jueces siguen todavía hoy bebiendo del mismo pesebre en este campo, porque siguen siendo sangre de su sangre, miembros de una misma estirpe. ¡Estamos hablando de España!

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