La ley aprobada en 2008 dice que la RGI tiene que ser el 88% del SMI, lo que es de por sí insuficiente. Pero es que ni siquiera eso se está cumpliendo. Así, viene sufriendo un recorte del 7%, que se mantiene todos los años en los presupuestos, desde que se empezó a aplicar en 2012 por Patxi López.

El debate sobre el derecho a acceder a unas prestaciones sociales dignas no es nuevo. El actual sistema (que debería mejorarse) es fruto de la presión y de la movilización social. Hace casi 20 años determinadas organizaciones sindicales y sociales nos comprometimos con una Iniciativa Legislativa Popular, firmada por más de 80.000 personas, que recogía medidas concretas por «el reparto del tiempo de trabajo y el salario social para quienes viven en el umbral de la pobreza». Llevamos a cabo una huelga general en 1999 para reivindicar los contenidos de esa ILP. Sin embargo, esa iniciativa fue desvirtuada en el Parlamento Vasco, que limitó las mejoras a aprobar las 35 horas en la administración vasca y a establecer que la RGI (que se llamaba de otra manera) fuese del 75% del Salario Mínimo Interprofesional. No hubo voluntad política para ir más allá.

Recuerdo perfectamente cómo en el momento de la tramitación parlamentaria de esa ILP el responsable del PNV (Joseba Arregi) nos trasladó que su partido estaba en contra de que los ingresos garantizados fuesen del 100% del SMI «porque eso tiraría al alza las condiciones laborales». A ello le respondimos que esa era una de nuestras pretensiones, eliminar la precariedad laboral que se manifiesta a través de salarios de miseria.

Cuando hoy desde el Gobierno de Urkullu se nos dice que aumentar las prestaciones sociales desincentiva el empleo nos están diciendo lo mismo que decía Joseba Arregi, pero de manera eufemística. Realmente, tener unas prestaciones sociales mejores no desincentiva el empleo, lo que, en su caso, podría hacer, es que haya menos gente obligada a aceptar los que ya se denominan «trabajos de mierda». Lo cual, sin duda, es bueno.

Lo que el Gobierno Vasco nos está diciendo realmente es que quiere prestaciones sociales y salarios bajos. Ese es su modelo. Dar cobertura a la estrategia empresarial de maximizar el beneficio a costa de la explotación laboral (que se lo digan a la juventud, a las mujeres que trabajan a tiempo parcial, etc.).

Otro argumento que hemos oído es que no hay dinero para aumentar las prestaciones sociales. Ese argumento se cae por su propio peso, ya que el mismo Gobierno Vasco que no quiere destinar 40 millones más al año para la RGI está dispuesto a gastar cientos de millones para ejecutar el tramo del TAV que está en manos del Gobierno español. Está claro que  el problema no es económico sino de voluntad política.

Nos quieren enredar en un debate aparentemente técnico, que es el de si la RGI debe estar en función del SMI o no. Evidentemente todo es discutible y argumentable. Pero la cuestión es que la relación entre la cuantía de la RGI y la del SMI viene recogida en la ley desde hace décadas. Y lo que pasa es que el Gobierno de Iñigo Urkullu no quiere cumplir con la ley que así lo indica porque el SMI de este año ha subido un 8%. No es un debate teórico, es un debate sobre qué nivel de ingresos queremos garantizar a las familias de este país. Incide directamente en la calidad de vida de las personas más desfavorecidas de la sociedad. Y el Gobierno Vasco trata de evitar mejorar esa situación. Para que luego digan que su prioridad son las personas.

Cuando el SMI ha perdido poder adquisitivo nadie del Gobierno salió a reclamar que se subiese más la RGI ni se ponía en cuestión la relación entre ambas. Les venía bien para gastar menos. Lo mismo que les viene bien ahora cuestionar la relación entre RGI y SMI. Siempre el mismo objetivo: destinar menos recursos a la protección social. Quienes reclaman eliminar la relación entre RGI y SMI lo que están defendiendo es recortar las prestaciones sociales. Por tanto, ELA no va a entrar a ese debate.

Por el contrario, nos vamos a centrar en:
-Exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos. Eliminar el recorte del 7% que se viene aplicando. Que en 2017 la RGI suba además el 8%. Nada que ver con la intención manifestada por el Gobierno, que es mantener el recorte del 7% y subir la RGI solo un 1,5%.

-Presionar e impulsar la movilización para conseguirlo. Defendemos un sistema de prestaciones sociales que sirva para atajar la pobreza. El Gobierno ha dicho lo que pretende hacer, y vamos a tratar de evitarlo. Votarán en el Parlamento, pero la clave va a estar en la calle.