Joseba Garmendia
Profesor de la UPV/EHU

Plan industrial Navarra 2020

Si se leen las propuestas sobre política industrial de los programas electorales de los partidos se observa que sobre el papel existen áreas relevantes de consenso: colaboración público-privada, centralidad de la innovación, marcos para la actuación (Clusters, Programa RIS3), papel de las Pymes, impulso de la economía social y de la responsabilidad social corporativa, apuesta por la participación de los trabajadores, carácter estratégico de las energías renovables…

Las diferencias se sitúan entre visiones más liberales y visiones más proactivas y emprendedoras de las administraciones públicas; entre visiones más optimistas y conformistas sobre la realidad industrial y las acciones implementadas, y visiones más ambiciosas y más críticas centradas en los puntos de vulnerabilidad de esa misma realidad y las limitaciones en actuaciones. Existen algunas diferencias relevantes, como el peso de las Pymes en lo referente el alcance de estas políticas; la formulación concreta de la participación laboral en gestión, reparto de beneficios o propiedad; la readecuación del organigrama público para estas políticas; reformas o alineamientos sobre el sistema educativo; el acento sobre la transparencia y el buen uso de las líneas de subvención; matices sobre el programa RIS3; la habilitación de novedosos instrumentos públicos (Fondo de Inversión, implicación de las anteriores cajas de ahorro, compras públicas…); o cómo se entiende la responsabilidad o el compromiso social de las empresas. Diferencias más profundas existen en ámbitos anexos como la regulación de las relaciones laborales, las políticas fiscales, las prioridades de inversión pública, las limitaciones impuestas por la Unión Europea, o el nivel competencial o de soberanía necesario y deseable. Pero para el ámbito exclusivo de la política industrial, en lo principal existen mimbres de acuerdo: el desarrollo económico vasco se debe sustentar en el tejido industrial y es imprescindible acometer políticas industriales activas generando entornos adecuados e impulsando prácticas empresariales adecuadas. Esta base es resultado de la cultura industrialista de este país, y quizás también en parte, por el principio dinámico de realidad de lo que es prudente, imprudente, conformista y experimentable.

Cuando uno aborda el análisis de los planes autonómicos de política industrial o de ciencia, tecnología e innovación se queda con la sensación de que, como ejercicio intelectual sano, es difícil tratar de enmendarlas en su totalidad. Muchas veces en sus primeras páginas incorporan diagnósticos certeros y profundos. Menos usual resulta la adecuación al diagnóstico de la parte propositiva. Por otra parte, suelen incorporar marcos conceptuales vanguardistas en el mundo académico; aunque no rara vez cabalgan sobre modas con poca sustancia y se despliegan a efectos de marketing y legitimación. Además, estos planes establecen marcos de actuación, más que planes detallados. Los primeros resultan imprescindibles, pero nos lleva a considerar que el análisis de las concreciones reales implica bajar escalones y adentrarse en los procesos, tramitaciones, organismos y ejecuciones presupuestarias y sus beneficiarios. Es decir, adentrarse en la caja negra de la política industrial. Desgraciadamente, desde el ámbito investigador no abundan este tipo de estudios, y lo que es más grave, las evaluaciones periódicas que las administraciones públicas deberían efectuar son a menudo pobres, superficiales o inexistentes, y con un claro sesgo propagandístico. Un mecanismo de mejora continua para las políticas públicas sería la habilitación de auditorías externas o líneas de investigación universitarias rigurosas, para evaluar cuantitativa y cualitativamente su implantación y sus resultados superando el esquema sintético de indicadores agregados.

Recientemente se ha presentado el borrador del Plan Industrial de Navarra 2020 abierto a sugerencias hasta final de mes. Es un buen momento, por tanto, para elaborar unas pocas reflexiones en torno al mismo. En primer lugar, cabe apuntar que las políticas industriales y de innovación suelen focalizar sus esfuerzos en empresas de tamaño mediano alto y grandes empresas. De hecho, la gran mayoría de las 26 empresas participantes en la definición del Plan provienen de este subconjunto. La categoría de Pymes abarca problemáticas bien distintas, y a efectos operativos convendría realizar una distinción entre las empresas medianas, ya que engloba empresas de entre 50 y 250 empleados.

Si analizamos la estructura industrial navarra por empleo asalariado, de las 2.292 empresas existentes, 598 tienen entre 10 y 49 trabajadores y 112 entre 50 y 99. Este tramo de empresas pequeñas y medianas-bajas suma alrededor del 36 % del empleo asalariado industrial y es hacia dónde una política industrial ambiciosa debería equilibrarse. Es evidente que resulta imprescindible alinear el mayor número de empresas medianas altas (más de 100 trabajadores) y grandes, es decir, 115 empresas y 55 % del empleo industrial. Y para ello están las líneas basadas en clústeres y el programa RIS3, en las cuales habrá que buscar el mayor grado de implicación, compromiso y colaboración posible para afrontar retos estratégicos. Pero no son estas empresas las que realmente necesitan apoyo estable, ya que se cuestiona que las subvenciones canalizadas a las mismas cumplan el criterio de adicionalidad requerido a las ayudas públicas, es decir, generar efectos complementarios que en ausencia de estas ayudas no se producirían.

Las empresas con menor músculo financiero deberían situarse en el centro de la acción pública. Principalmente porque generalmente son las empresas con mayor intervalo de mejora. Si miramos la realización de actividades de I+D por tamaño empresarial, observamos que entre el 47 y 61 % de empresas con más de 75 empleados las realizan, mientras que tan sólo el 22 % de empresas de entre 25 y 74 empleados dedican un esfuerzo a innovación. No obstante, son en este tramo donde más se ha incrementado el peso de empresas innovadoras: del 12 % al 22 % en el periodo 2002-2010 (Olazaran y otros, 2010). A pesar de ello, el esfuerzo público orientado a este tramo de empresas es mejorable, ya que actualmente está escorado hacia las empresas medianas-altas y grandes.

Apostar por estas empresas requiere un cambio de filosofía y operativizar nuevos instrumentos para la mejora del alcance. El cambio de filosofía consiste en que «dejemos de hablar de innovación», tal y como apunta el profesor experto Xavier Ferras. Parece una paradoja, pero la innovación no es el único vector de mejora y de construcción de ventajas dinámicas empresariales. Las pequeñas y medianas-bajas empresas presentan importantes ámbitos de mejora en la gestión avanzada, en la adquisición de capacidades estratégicas, en afrontar vulnerabilidades estructurales en las áreas comercial, financiera, de ciclo de vida del producto, de calidad, en la organización productiva y de recursos humanos, en la orientación al cliente, en diversificación y diferenciación, en la responsabilidad social y la gestión medioambiental… En este foco imprescindible se han realizado experiencias pioneras (en Gipuzkoa, por ejemplo) que pueden pulirse y aplicarse de manera extensiva.

Por último, prestar atención a las posibilidades de mejora estratégica de 700 empresas tiene un hándicap. Más allá de las convocatorias de subvenciones, los recursos técnicos y humanos de la administración foral no alcanzan a interactuar de manera estable y continua con tantos actores. Ello se puede solucionar con la implicación de las Agencias Comarcales de Desarrollo y formando e integrando a las mismas en un organigrama multiescalar de intervención y dinamización en programas industriales.

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