Y aún así, Kutxa camina en la dirección contraria, por el camino de la privatización, como si fuera algo inevitable. Pues bien: la premisa no es cierta. Existe la posibilidad legal de mantener Kutxa y Kutxabank bajo control público y social. Es, por tanto, una cuestión de voluntad política.

La Diputación Foral ha realizado esta semana una propuesta para mantener el carácter social de Kutxa: una propuesta que cuenta con absoluta garantía jurídica y que es perfectamente aplicable a BBK y Vital, lo que permitiría, a su vez, asegurar el control público de Kutxabank. Es por tanto, una propuesta de país que deseamos compartir con el resto de instituciones, agentes sociales y políticos, y con el conjunto de la ciudadanía. El núcleo de la iniciativa es sencillo: hacer una transferencia gratuita de las acciones que Kutxa posee en Kutxabank (el 32%) a favor de los ayuntamientos del territorio y la Diputación Foral. Kutxa mantendría el 4,9% de las acciones de Kutxabank, lo que no le obligaría a convertirse en fundación bancaria y podría seguir gestionando la Obra Social como fundación ordinaria al uso. La propuesta viene avalada por un informe jurídico, que deja en evidencia lo erróneo de una idea que muchos han propagado durante los últimos meses: la ley obliga a las cajas a convertirse en fundaciones bancarias. No es cierto.

Las entidades financieras que dieron origen a Kutxa (Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián y Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa) nacieron a finales del siglo XIX, de la mano de las instituciones del territorio, con un claro objetivo social. Durante más de cien años han promovido becas para el alumnado o proyectos de vivienda social, han apoyado iniciativas culturales o deportivas y han sido una pieza clave en la financiación de los ayuntamientos y del tejido productivo guipuzcoano. Es cierto que esa labor social no ha sido siempre la necesaria o la deseada, y que ha habido colectivos críticos con determinadas decisiones, pero es indudable que la actividad de estas entidades ha tenido una estrecha relación con el desarrollo social y económico del territorio. Parecida realidad han vivido las cajas hermanas de Álava, Navarra y Bizkaia, incluyendo la ya desaparecida CAN.

En la década de los 90 comienza un cambio de rumbo especulativo con la búsqueda del beneficio a corto plazo. Y ese cambio se consolida tras la creación de Kutxabank en 2011, a pesar de las iniciativas puestas en marcha por esta Diputación y el Ayuntamiento de Donostia en la línea del mantenimiento del carácter público y el compromiso con la Obra Social. El último golpe a la historia de las cajas viene de su conversión en fundaciones bancarias. En la actualidad, BBK y Vital son fundaciones de este tipo, en las que sus patronos (15 en cada una de ellas) pueden hacer y deshacer a capricho sin ningún tipo de control social. Y eso mismo es lo que quieren hacer en Kutxa.

La Diputación Foral de Gipuzkoa no está dispuesta a dejar en manos de 15 personas el patrimonio de toda la ciudadanía guipuzcoana –por mucho que esas personas sean propuestas por las Juntas Generales, ya que esta institución va a carecer, posteriormente, de control efectivo alguno sobre las decisiones que puedan tomar–. Privatizar Kutxa es una irresponsabilidad total y absoluta. La excusa de la obligación de convertirse en fundaciones bancarias no es válida: hemos demostrado que si se quiere, se puede; que la ley permite que sean las instituciones guipuzcoanas las depositarias del patrimonio de Kutxa. Se trata, por tanto, de elegir entre una Kutxa cuya actividad esté controlada por instituciones elegidas por la ciudadanía o, bien al contrario, una fundación bancaria que no responda ante la sociedad y cuyos 15 patronos puedan llegar a vender la entidad a fondos especulativos sin tener que rendir cuentas por ello ante nadie.

En Gipuzkoa vamos a hacer ese debate. Y en Bizkaia y Araba también lo deben hacer: la conversión en fundaciones bancarias es reversible y son los patronos de BBK y Vital, designados por los partidos políticos, los que pueden tomar una decisión que permitiría poner a Kutxabank al servicio de las necesidades del país. El conjunto de instituciones y agentes sociales y políticos debemos actuar con responsabilidad ante una decisión de vital importancia para nuestro futuro. ¿Queremos una Kutxa y un Kutxabank para toda la ciudadanía? Por supuesto. Y querer es poder.