La situación de partida es diferente en cada territorio histórico y Araba parte de la pull position en este caso. Sin embargo, Araba dista mucho de ser aquél paraíso de los servicios sociales que fue un referente en su día. Ahora, más se parece un oasis cuyas aguas están estancadas desde finales de la década de los noventa porque su escaso desarrollo posterior ha venido de la mano de la privatización de los servicios y de la precarización de las condiciones laborales de las personas que trabajan en estos servicios.

A escasos seis meses para su entrada en vigor, las instituciones todavía se afanan en hacer un «inventario» de los servicios que se prestan en la actualidad para poder luego establecer los mínimos a los que habrá que llegar en 2017. Sin embargo, en lugar de aprovechar la ocasión para hacer un diagnóstico real de lo que tenemos en Araba, se está utilizando para tapar ciertas situaciones irregulares así como para maquillar algunos datos. El actual gobierno foral muestra una posición extremadamente conformista con lo que existe y no tiene intención de aprovechar esta ocasión inédita para mejorar en la prestación de los servicios sociales.

El caso más significativo es el de las plazas residenciales para personas mayores. Con la ley en la mano, Araba debería contar con 700 plazas residenciales adicionales. Sin embargo, el Gobierno Foral niega la mayor y asegura que existen otras tantas personas que cobran una prestación para financiar una plaza en una residencia privada. Esas prestaciones vinculadas al servicio nacieron con una vocación temporal hasta la asignación de una plaza en la red pública o concertada pero para la Diputación Foral de Araba se han convertido en un servicio en sí mismo.

De hecho, reconoce que si no incluye esos 700 cheques al portador, no cumplirá con los mínimos marcados para 2017. Lo que no reconoce es que esas 700 plazas en residencias privadas, en su mayoría, no cumplen con los requisitos mínimos que se exigen en las residencias públicas y concertadas por lo que la propia Diputación está generando alaveses de primera y segunda categoría ya que no todas las personas están atendidas en las mismas condiciones.

Graves carencias existen también en los recursos de inclusión social ya que apenas existen recursos de gestión pública. En el caso de la violencia machista hablamos de un servicio totalmente centralizado que abandona la zona rural y que además está saturado. La situación de los servicios sociales de base es dispar y, en general, todas las comarcas alavesas están a años luz de los servicios que se prestan en la capital gasteiztarra.

Si no hacemos un ejercicio de sinceridad en este momento, difícilmente podremos establecer unos mínimos acordes con las necesidades del territorio histórico. Ese es el siguiente paso a dar y con él, determinar la financiación de esos servicios, esto es, aclarar quién asumirá su factura. Mucho nos tememos que desde la Diputación Foral de Araba pretenden llevar el agua su molino, aprovecharse del pequeño tamaño de los municipios de Araba y apostar por que todo se quede como está con una amenaza velada: que cualquier cambio acarrearía problemas en la gestión y en la financiación de estos servicios para los ayuntamientos del territorio histórico de Araba.

Parece por tanto que dejarán pasar esta oportunidad para poner los cimientos de un servicio vasco de servicios sociales. En su lugar, mucho nos tememos que seguirán ahondando en la senda de la privatización, de la precarización y de los recortes que están haciendo año a año que la calidad y la cantidad de nuestros servicios sociales vaya a irremediablemente a peor. Por eso creemos que debemos defender lo que es nuestro. Los servicios sociales ya son un derecho universal; ahora debemos trabajar por que sean públicos y de calidad.