La Ley de seguridad Social establece que las llamadas contingencias laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pueden ser atendidas por el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social, en cuyo caso la asistencia sanitaria la realiza el Sistema Público de Salud, por las Mutuas en cuyo supuesto la asistencia médica estos organismos la realizan con sus medios u otros recursos privados, y por último las empresa, y administraciones, pueden constituirse ellas mismas en entidades colaboradoras de la Seguridad Social concertando la asistencia sanitaria bien con centros y medios públicos o bien con medios privados.

El Consejero dice que es imposible el paso de la plantilla de la Administración Foral, de la mutua a la entidad propia colaboradora aduciendo que la Seguridad Social no lo permite. ¿Nos está diciendo que el Gobierno del PP se salta la Ley de Seguridad Social? Nos lo creemos. Pero el problema es que el Gobierno de Navarra acepta sumisamente la imposición de una ilegalidad frente a la demanda social expresada por la oposición en el Parlamento de Navarra.

La propuesta de inclusión de toda la plantilla en la entidad colaboradora del Gobierno de Navarra permitiría que las cotizaciones que realiza la administración a la Seguridad Social para las contingencias profesionales, y que hoy van a Mutua Navarra, fueran al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para pagar su actividad. Luego y contrariamente a lo que dijo el Consejero fortalecería financieramente el sistema público de salud, el mismo al que su gobierno está recortando recursos año tras año. Derivar las cotizaciones a las mutuas es derivarlas en gran medida a centros privados tal y como informa la patronal del sector. Por lo que el Consejero apuesta por el fortalecimiento de los negocios sanitarios privados frente al sistema publico de salud. Hay que constatar también que en el sector público, excepto algunos colectivos, los índices de daños laborales son bajos y por tanto los gastos derivados de la atención sanitaria no son elevados.

No vamos a extendernos en las ventajas de la atención sanitaria del sistema público sobre el mutual. En el primero existen derechos de las y los trabajadores como usuarios y en el segundo estos derechos se habilitan tras acudir a tribunales de justicia. El Consejero no obstante aduce que los tiempos de espera de la atención en el sistema mutual son mucho menores que en el público. Compara datos de naturaleza distinta. El consejero desgranó tiempos de intervención de urgencia en caso de accidentes de trabajo pretendiendo compararlos con datos de asistencia médica general del sistema público. ¿Quiere hacernos creer que en el sistema público se dilatan los tiempos de realización de primeros auxilios o de atención a accidentes? Recordemos al Consejero que un porcentaje importante de los accidentes laborales son atendidos en los centros de salud y hospitales públicos dada la caótica e insuficiente red asistencial de las mutuas.

Decir como dijo el Consejero que el sistema público carece de la alta especialización en ergonomía, psicosociología o patologías derivadas de exposiciones a agentes químicos o que los médicos de atención primaria de SNS-Osasunbidea se verían perdidos si fueran a ellos los daños de origen laboral refleja que desconoce la actividad de las mutuas y una supina e injusta ignorancia sobre las actuaciones del Servicio Navarro de Salud. Las mutuas asisten sanitariamente a personas lesionadas o enfermas a consecuencia de los riesgos laborales y no realizan actividades de prevención que corresponden a los servicios ad hoc. En torno al 20 % de los casos que las y los profesionales del sistema sanitario público atienden son daños de origen laboral que o bien se deben a la falta de cobertura territorial de las mutuas o bien son fruto de la importante derivación fraudulenta que practican estas entidades.

En su intervención el Consejero alabó las virtudes de las mutuas apelando a que los empleados docentes de Navarra optan en un 50% por la asistencia sanitaria privada desde MUFACE. Se le olvidó decir que la adscripción del personal docente a esta mutualidad fue exigida en su día por el Gobierno central para permitir la transferencia de las y los docentes a Navarra. También que dicha entidad hoy está en bancarrota.

Si nuestra propuesta fuera tan nefasta haría bien el Consejero en recomendar al holding Universidad de Navarra y al grupo cooperativo Mondragón que incluyeran sus platillas en una mutua y disolvieran sus entidades colaboradoras de la seguridad Social.

Desde la Plataforma Navarra de Salud, la Asociación de Defensa de Sanidad Pública, desde todas las organizaciones sindicales de la Administración navarra y la mayoría de la oposición parlamentaria se ha solicitado que la plantilla foral se integre en la entidad colaboradora del Gobierno con la Seguridad Social. El Gobierno de UPN prefiere escuchar a los portavoces de la patronal privada.