La BFA publica ufana que en los cinco últimos años, gracias a la colaboración ciudadana, se han recuperado 11,5 millones de euros por impuestos defraudados. Podrían habérselo callado, pues pone de manifiesto escasa eficacia en la gestión de persecución de los defraudadores. Además, por este medio fomenta la delación fiscal entre la ciudadanía, provocando un ambiente de desconfianza. Evidentemente, hay que perseguir el delito fiscal por insolidario, pues es el origen de las desigualdades que discrimina beneficiando a defraudadores en perjuicio de quienes cumplen con sus deberes fiscales. Pero es intolerable pues supone trasladar a la población la carga de descubrir el fraude, lo cual corresponde a los inspectores de la BFA, quienes poseen los medios y ostentan la legitimidad por ley. Potenciar esa actitud inquisitiva supone un incitación a la delación por parte de los organismos públicos que puede provocar una ola de acusaciones: matrimonios en procesos de separación cuyos cónyuges se sirvan de instrumentos «legales» como medio de venganza. Trabajadores despedidos que denuncian a sus patronos. Por otra parte, y con una torpeza irresponsable, se ha hecho pública la lista de deudores morosos de las haciendas forales. En total 720 millones de euros y 260 los deudores de más de un millón de euros. Dicha cuantía no puede declararse como deudores morosos sino fallidos, pues técnicamente si están negociando con las haciendas un plan aplazado de pagos de las deudas, no se pueden considerar morosos. Cuando no se logran renegociar, deberían ser declaradas fallidas, contra los cuales habría que seguir un procedimiento judicial y, si procede, ser acusados de delito fiscal en función de las circunstancias, con las consecuencias que de ello se deriven. Otra cosa puede ser que se considere impopular reconocer que son impuestos que no se recuperarán y pueda provocarse el pánico de los insolventes ante la perspectiva de responder ante los tribunales. Es un asunto de justicia porque discriminaría negativamente a los que pagan sus impuestos correctamente, beneficiando al evasor mientras permanezca en la lista de morosos publicada. Ello requeriría un debate en las juntas generales de los territorios históricos. Mientras no se lleve a cabo una reforma fiscal redistributiva eficaz, la ciudadanía siempre tendrá conciencia de que los que no pagan impuestos justos le limitan sus derechos como miembros de una sociedad democrática y socialmente avanzada.