Ante esta afirmación se podría pensar que se trata de ironizar habida cuenta de la historia patética que viene acumulando por su manera de actuar, especialmente con la crisis generada por sus errores y abusos. A quién se le ocurriría defender la necesidad de salvar a los que han producido tanto dolor sin mostrar ni un gramo de arrepentimiento. Pero es preciso reflexionar y no pegarse un tiro en el pie tratando de que la banca responda de las consecuencias de sus actuaciones criminales. ¿Cuáles serían las consecuencias para la sociedad si se dejara que se hundan? No superviviríamos ni un solo día, pues toda la actividad se paralizaría: las empresas no podrían abonar las nóminas, no pagarían a proveedores, la población no dispondría de liquidez y los ahorros depositados los perderían. Se cortarían los suministros básicos: luz, gas, transportes, sanidad… Para qué describir el caos. De ahí el coraje que producen las ayudas masivas del Gobierno con fondos públicos, que incluso el Gobierno debe de buscárselo, aunque los fondos públicos se agoten. Y, mientras, los banqueros exigen ayudas con fondos públicos que se detraen de los servicios sociales y desahucian a los que no pueden pagar sus hipotecas.

Como afirmaba un célebre economista sobre el proceso de rescate de Goldaman Sachs: «Too big to rail». Son soberbios porque saben que siempre habrá fondos públicos para evitar las consecuencias de un colapso general. Es difícil argumentar que se debe salvar al enemigo más cruel, pero el sistema así lo ha diseñado.

Sin embargo, después de las ayudas habría que investigar a los que han actuado de forma temeraria a sabiendas de que los productos que comercializaban era tóxicos y llevaba a tener que ser rescatados. Por eso es imprescindible que se ejecuten los préstamos, avales y toda clase de garantías otorgadas a los bancos por el Estado, de manera que pasen a ser de titularidad pública. Otra cosa sería que la gestión la realizaran ejecutivos profesionales que responderían ante las autoridades y organismos oficiales, dada la dudosa afirmación de que la gestión privada es más eficaz que la pública. No es este el debate, aunque la crisis financiera actual demuestra que la han generado bancos y directivos privados que alardean de su eficacia. Se debería impedir que un servicio público de tanta trascendencia como es el crédito esté en manos privadas y que sean fondos públicos los que tengan que soportar sus ineficiencias y corrupciones.