El día 25 de septiembre del corriente año, se celebrarán las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). En tal sentido, los ciudadanos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se encuentran convocados, para que mediante el ejercicio de sus derechos políticos, procedan a renovar el Parlamento Vasco, constituido éste, por 75 representantes, 25 por cada Territorio Histórico.

Una vez conformada la nueva Legislatura, se procederá a elegir al nuevo «lehendakari» (Presidente), para los próximos cuatro años. La convocatoria a elecciones ha sido motivo para que los partidos políticos diseñen sus estrategias electorales y confeccionen sus candidaturas.
   
Una de las agrupaciones políticas (EH Bildu), ha registrado antes las autoridades electorales correspondientes sus nóminas, encabezando la misma en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, el dirigente abertzale, Arnaldo Otegi, quien además, es su candidato a lehendakari.

Ha sido éste organismo electoral el que ha comunicado al partido político del señor Arnaldo Otegi, que su candidatura, ha sido vetada, por encontrarse inhabilitado hasta el año 2021, según resolución de los máximos estamentos de la justicia española, muchos de ellos, heredados de la dictadura franquista.

En consecuencia, se manifiesta que Otegi no tiene derecho a ser elegido, (sufragio pasivo), y todo indica que más allá de los recursos presentados por la defensa de Otegi, donde se argumenta que «la prohibición caduca, cuando Otegi sale de la cárcel, el 1 de marzo de 2016», todo indica que tanto las autoridades judiciales de Gipuzkoa, como las españolas, mantendrían la inhabilitación de la candidatura de Armado Otegi.

Desde el Observatorio de Naciones Sin Estado (ONSE) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, vemos con suma preocupación, como se le niegan los derechos políticos al candidato de EH Bildu, y por ende, a un importante sector de la ciudadanía vasca, que apoya esa nominación, a la cual, le asiste, como a todos los ciudadanos del mundo, el derecho a elegir quienes son las personas que los representarán en las instituciones políticas, sin ninguna intromisión o veto.

Es por ello, que comunicamos nuestra preocupación sobre la baja calidad democrática, que parece ser moneda corriente, en un país como España, que es miembro de la Unión Europea.