En qué se basa el PP para frenar la independencia de Cataluña
Mikel Kintana
2017/09/13

«La broma se ha terminado» (García Albiol).

Aunque ya sea conocido, conviene no olvidar como preparó, antidemocráticamente, el PP su plan para derrocar, si fuera necesario, cualquier Gobierno Autonómico con veleidades independentistas.

Con los últimos coletazos del PP en mayoría absoluta, septiembre de 2015, (ya en diciembre de 2016 perdería ese estatus), y con solo sus votos, se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Esta reforma permite al Tribunal que suspenda a los altos cargos que considera que incumplen sus resoluciones. Es decir quitar de la presidencia, incluso al presidente del Gobierno, aunque no sea esa su intención, a los presidentes autonómicos, léase catalán y vasco, que si no aceptaran sus resoluciones podrían ser cesados. Caso actual del presidente de la Generalitat. 
Esta reforma se aprobó por el Procedimiento de Urgencia, lo que evitó que tuvieran que pronunciarse de manera preceptiva el Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. Al grito de «la broma se ha terminado» dado por García Albiol, se actuó contra toda la oposición: 164 diputados (que si hubieran abandonado en ese momento el hemiciclo, la estampa hubiera sido peor que la de las cortes catalanas).

Un auténtico golpe de Estado, contra el que nadie se manifestó, ni en los partidos en los medios.

En marzo de este año, La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, ha analizado esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y ha alertado a España que el Constitucional corre peligro de no ser «un árbitro neutral, como juez de las leyes». Según su opinión no vinculante, «debería reconsiderarse» el hecho de que el TC ejecute sus propias sentencias, algo único en los países democráticos, con el objetivo de que esa corte se perciba como neutral.

Pero esto no preocupa al PP.

En resumen el PP aprueba una ley a su medida, por el procedimiento de urgencia, en contra de toda la oposición y a eso le llama un procedimiento democrático. Lo que hacen los otros, solo merecen cárcel, claro según las leyes que ellos han preparado.

El PP me recuerda a Juan Vargas, el alcalde de la película "La ley de Herodes" que modificó la Constitución Mexicana adaptándola a sus necesidades para beneficiarse de ella, y luego imponerla por la fuerza.

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