En un estado democrático que se precie la separación de los tres poderes del Estado(legislativo, ejecutivo y judicial) debe de estar siempre por encima de toda ‘sospecha’ y de cualquier injerencia, sea ya por parte del poder ejecutivo o legislativo a la hora de impartir justicia de verdad.

En cuanto a la designación por parte de la Audiencia Nacional del tribunal que juzgara uno de los mayores casos de corrupción (el caso Gürtel o los famosos papeles de Barcenas), los magistrados que presidirán dicho tribunal nos dejan bastantes ‘dudas’ sobre su imparcialidad a la hora de administrar justicia. Destacan las amistades manifiestas e inquebrantables que les unen con destacados y significativos miembros del partido del gobierno a dichos magistrados. El tribunal lo presidirá Concepción Espejel, una juez ‘aupada’ por el Partido Popular y a la que la secretaria general de los populares se refirió familiarmente como «para todos es Concha y lo va a ser siempre».

Otro caso que puede despertar también ciertas dudas de la independencia judicial, el del concejal de ahora Madrid, Guillermo Zapata, imputado con una ‘celeridad’ desconocida hasta ahora por parte de fiscalía anticorrupción, por la cuestión de unos tuits (de ninguna manera justificables) nada menos que por enaltecimiento del terrorismo; cuando vemos la pasividad y lentitud ante otros casos, como la destrucción de pruebas en el caso Barcenas, no haber delito en el caso de la infanta Cristina, o ante declaraciones ofensivas y vejatorias para las víctimas del franquismo, sin que pase absolutamente nada.

Si perdemos la confianza en la justicia y en los gobiernos que puedan parecer cómplices o complacientes con ciertas actuaciones judiciales, esa misma confianza estará quebrada. No solo se debe impartir justicia, también se debe ver que se imparte justicia.