El derecho a la información veraz y sin limitaciones constituye el signo más evidente de la calidad de la democracia de una sociedad. Todas las limitaciones empobrecen ese derecho que es prioritario a todos los demás; o más claro: sin libertad de información no pueden existir los demás derechos. Por tanto, el corolario es que las fuentes de información de los periodistas deben estar protegidas de cualquier interferencia que dificulte su flujo entre la fuente y el periodista. Ni siquiera los jueces pueden mediatizar esa interacción, pues si fuera descubierta, cesará de aprovisionar información. ¿De ello se puede deducir que las fuentes de los periodistas no tienen límites y no están sujetas a las leyes? No es baladí, ya que las funestas experiencias son frecuentes, pues se propagan informaciones que son falsas y que al ser difundidas producen perjuicios y, aunque se repare por sentencia judicial o por ética del periodista autor de la noticia, los daños pueden ser irreparables al destruir la fama de quien ha sido injuriado con la noticia.

Es cierto que existe un código moral que debe ser el fundamento de la actuación del profesional, pero como el lógico, la moral y la ética son valorares subjetivos. Son reiterados los abusos de periodistas indignos que manipulan la realidad en busca de sensación o una primicia que potencie al autor y demasiado frecuentes en España los casos de difusión de medias verdades que producen daños irreparables.

Recientemente un periodista conocido por difundir insidias que carece de toda ética profesional, ha publicado en la prensa un documento en el que aparece que el secretario general de un partido político ha recibido varios millones de US dólares del Gobierno de Venezuela para apoyarle en la campaña electoral próxima. El perjudicado ha demostrado que el documento era apócrifo y le ha denunciado ante los tribunales. Es evidente que el efecto negativo de la noticia para el partido es irreversible y las condenas suelen ser sólo pecuniarias. Incluso, puede interesar al periodista pagar la multa a cambio de la rentabilidad que obtenga de otros partidos interesados en desacreditar al competidor. Sin olvidar que los jueces son proclives a rechazar cualquier denuncia para evitar ser denostados por el corporativismo montaraz del periodismo basura que se cultiva en muchos medios y que consideran que un buen titular no puede quedar al albur de su veracidad. Sería excesivo.