La propuesta consiste en la substitución de la prestación actual del desempleo por  un nuevo concepto, «desempleados activos». Esta propuesta se apoya en la idea de no pagar una prestación por no trabajar. Bien al contrario los que perdieran sus empleos tendrían derecho a la prestación «desempleados activos» cumpliendo varios requisitos a saber: pasar a realizar tareas comunitarias/sociales en grupos de trabajo que bajo la dirección de las administraciones locales; comarcales; regionales; provinciales; autonómicas o estatales  se encarguen de formar a los parados mediante jornadas en las que se realicen tareas útiles socialmente. Los fondos para estas prestaciones saldrían de la misma fuente que los del antiguo «paro», más los fondos para la formación de los trabajadores (250 millones de euros entre el 2016 y el 2017).

Ventajas de este sistema:
1- Ningún perceptor de la prestación podría estar en la economía sumergida al estar ocupado en estos programas formativos y de abandonarlos  perdería dicha prestación.
2- Los sindicatos y las organizaciones empresariales dejarían de recibir dichos fondos con lo que se centrarían en: unos a defender a los trabajadores y otros a crear empleo (tareas que desarrollan muy deficientemente en la actualidad).
3- La formación de los parados estaría en consonancia con las necesidades inmediatas (corto y medio plazo) del mercado de trabajo.
4- El efecto «educador» de esta medida es urgente en una sociedad que se conduce por una ética más que discutible.
5.- Los recursos, humanos y materiales, del INEM se dedicarían a una labor útil para los parados y la sociedad, etc.