Si en algún sitio de Europa se pueden entender las sensaciones de las horas previas a la campaña electoral que arranca esta medianoche en Catalunya, es en Euskal Herria. Durante casi una década, en este país este día fue un frenesí de acciones judiciales y movilización ciudadana frente a la espada de Damocles de los tribunales españoles, que en ocasiones decidieron tras la medianoche. Hoy Catalunya despierta sin saber si los miembros de su Govern podrán hacer campaña libres, tendrán que improvisarla en el exilio o quedarán incapacitados en prisión; los programas deben redactarse con celo especial para regatear tentaciones ilegalizadoras; a sus medios públicos se les imponen restricciones incluso en el léxico; y el independentismo debe extremar las precauciones para impedir un «pucherazo» el 21D. Sin olvidar el vicio de raíz: estos comicios ni siquiera los ha convocado el president catalán, sino el presidente español.

Hablar en este contexto de igualdad de condiciones, requisito básico de cualquier elección democrática, sería un sarcasmo. El independentismo catalán ha denunciado estos comicios como ilegítimos a una sola voz. Pero concurrirá a ellos igual que en Euskal Herria lo hizo durante nueve años la izquierda abertzale ilegalizada, ya fuera con votos contados legalmente o declarados nulos. Unos y otros lo han hecho en primer lugar porque no tienen miedo a las urnas; no es su pueblo quien les hostiga, sino un poder ajeno. Y en segundo lugar, porque la incomparecencia solo dejaría vía libre a una minoría sin vergüenza democrática. ¿Quién no recuerda a la derecha navarra (UPN y CDN) logrando mayoría absoluta trampeada en 2003, al PP gobernando Lizartza en 2007 o a Patxi López lehendakari de la CAV en 2009, sostenido solo por dos fuerzas que hoy son las dos últimas del Parlamento de Gasteiz?

El 21D no solo está en juego el Govern, sino la democracia en sí. Y conseguirla pasa, a la vista está, por el triunfo del independentismo y la derrota del bloque del 155.