El Foro Social Permanente difundió ayer un documento en el que concreta su propuesta para avanzar en el desarme de ETA. Plantea una comisión de Monitoreo o Verificación sobre la base de la Comisión Internacional de Verificación (CIV). Aboga por establecer enlaces institucionales con los parlamentos y los gobiernos de Gasteiz e Iruñea, así como con los electos vascos, para que se impliquen en el seguimiento. Por último, el Foro se ofrece como engarce con la sociedad civil. Destaca que el documento contenga un único emplazamiento y que vaya dirigido precisamente a los estados para que, al menos, no obstaculicen el desarme.

El Foro recoge lo ocurrido los últimos meses y lo proyecta hacia el futuro poniendo de manifiesto que, a pesar de los obstáculos, el proceso de desarme cuenta con una hoja de ruta clara y amplios consensos que se reflejaron tras la redada de Luhuso, tanto en el norte de Euskal Herria como en el sur. Si bien en el ámbito de la resolución el apoyo internacional suele resultar importante para avanzar, el proceso de desarme muestra que con el protagonismo de la sociedad vasca también se puede progresar. Es necesario, eso sí, un liderazgo civil que cuente con un amplio apoyo social, político e institucional.

En una lectura más general queda patente que la tarea de hacer frente a las consecuencias del conflicto debe centrarse en Euskal Herria. Y para ello es fundamental mantener una actitud constructiva que permita superar obstáculos y polémicas improductivas como la suscitada con el informe sobre la tortura, o mejor dicho, a cuenta de la tergiversación de la posición de Sortu sobre este tema. Los debates sobre desmilitarización del Parlamento de Gasteiz y el de Iruñea sobre el tipo penal de «terrorismo» responden mejor a ese espíritu, porque aunque evidencien las discrepancias subrayan también los puntos de consenso a futuro. Ese parece el camino para no enzarzarse en los problemas y concentrarse en las soluciones.