El acuerdo de investidura alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos y que fue presentado ayer contiene 150 compromisos distribuidos en cinco apartados. En cuestiones económicas y sociales  no se observan grandes novedades en un documento lleno de palabras inglesas, formulaciones crípticas y vagas definiciones que hacen complicada una interpretación más ajustada del alcance de lo acordado.

Sin embargo, los aspectos relativos a la arquitectura política y constitucional son bastante más claros. El detallado listado de medidas para democratizar los partidos políticos que incluye el citado compromiso, muestra claramente el vuelco que los valedores del régimen han dado al debate sobre regeneración política. El problema ya no es que el sistema político que emana de la Constitución española ha auspiciado el surgimiento y consolidación de una casta que controla y domina todo el sistema de representación política en el Estado, sino que los partidos políticos no funcionan como es debido. La regeneración se ha transformado en una cuestión de perfeccionamiento y mejora de lo hecho hasta ahora. En ese sentido, el documento abre la posibilidad de acometer una actualización de la Constitución que –recuerda– ha proporcionado a la sociedad española el mayor periodo de prosperidad de su historia, razonamiento que evoca el largo periodo de paz que proporcionó el régimen franquista del que el actual es heredero, al parecer, hasta en los argumentos. Por último, la línea roja de cualquier cambio se explicita en un pacto por la unidad del Estado y la defensa de la Constitución que exigirá a los firmantes una posición contraria a cualquier intento de referéndum de «secesión».

El acuerdo de investidura muestra que el régimen ha recuperado la iniciativa apartando cualquier veleidad de regeneración y situando el debate político en los términos adecuados para que pueda proceder a una actualización del mismo. Va siendo hora de tomar otro camino.