El Parlament de Catalunya vivió ayer una sesión bronca durante la tramitación de la Ley del Referéndum. La norma establece el marco jurídico para la celebración de un referéndum el 1 de octubre en el que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre la opción de crear una república independiente. A las trabas legales, las amenazas veladas y explícitas y los requerimientos de diferentes tribunales ayer se sumaron todo tipo de argucias e interpretaciones reglamentarias para tratar de impedir la aprobación de dicha ley.

Los diputados unionistas optaron por el ruido, la polémica estéril y el debate procedimental para tratar de desdibujar el debate de fondo, cuyo núcleo no es otro que la esencia de la democracia, el derecho de la ciudadanía a votar para decidir su futuro. La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, se sumó al coro autoritario y dejó clara la necedad metropolitana. Sus declaraciones altisonantes solo sirvieron para que resaltara todavía más la paciencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la serenidad con la que los grupos de JxSi y la CUP afrontaron la sesión, evitando caer en el juego sucio planteado por el unionismo. Conviene subrayar asimismo que los parlamentarios que ayer se quejaban de la vulneración de derechos son los mismos que han impedido una tramitación ordinaria y un debate sereno de la propia Ley del Referéndum. Ellos apostaron por la excepcionalidad que ayer lamentaban.

Generalmente el paso de una legalidad a otra suele ser un proceso conflictivo en el que la mejor manera de dirimir las controversias es haciendo que prevalezca la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. A esa hoja de ruta se ha ceñido la mayoría del Parlament que tiene un mandato y ayer escenificó que también tiene voluntad política para cumplir con ese mandato por encima de las trabas y amenazas que pueda plantear el Estado español. Catalunya abre el camino hacia la democracia.