El Ayuntamiento de Donostia confirmó ayer que había ordenado la clausura de dos pisos turísticos propiedad del Arzobispado de Toledo porque no cumplían la regulación municipal. Además, se va concretando la puesta en marcha de un cuerpo especial para vigilar y controlar el cumplimento de la normativa y se asume la necesidad de modificarla ya mismo, aunque habrá que ver en qué dirección. En la misma línea, el consejero de Turismo de Lakua, Alfredo Retortillo, subraya un día sí y otro también la necesidad de una mayor regulación y de arbitrar herramientas de control efectivo. Por su parte, el alcalde de Bilbo, Juan Mari Aburto, anuncia que ahí también empiezan a cerrarse pisos.

En definitiva, todos aquellos representantes institucionales que a principios de agosto insistieron en defender nuestro modelo turístico «de alta calidad» y que acusaron a Ernai y EH Bildu de distorsionar la imagen de Euskal Herria y querer ocasionar un gran perjuicio por abrir un debate sobre el mismo, apenas tres semanas después reconocen que no todo el monte es orégano. Llegados a este punto es pertinente saludar la iniciativa del abertzalismo de izquierdas de estimular un debate latente sobre un problema real con muchas aristas, más aún cuando ha tenido que hacer frente a acusaciones infundadas que pretendían –en palabras de Arnaldo Otegi– «dar una imagen alocada de EH Bildu». La reunión con la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa para sacar el debate de polémicas estériles y meterlo en la vía de contenidos reales fue un buen paso.

Es saludable que se reconozcan fallos, pero conviene no perder la perspectiva de conjunto para que este debate lo gane la mayoría ciudadana. Aburto habló ayer de competencia desleal y diez días antes Destino Bilbao –asociación de los hoteles del Bilbo metropolitano– denunció que no se hacía efectiva la normativa porque era impopular. Tal vez ahora traten de circunscribir todo el problema a los pisos turísticos ilegales para evitar otras cuestiones.